Conocer al completo el trámite parlamentario de una iniciativa puede ser algo complejo de primeras, pues no siempre se lleva a cabo el mismo recorrido o se necesita una votación diferente. Durante el paso de una norma en comisión, las distintas formaciones políticas pueden presentar las enmiendas que estimen oportunas para modificar el texto inicial. Es en este momento cuando nos encontramos con un término que no suele ser muy familiar: la enmienda transaccional.
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Una vez que la Mesa del Congreso de los Diputados abre el plazo de enmiendas de una iniciativa legislativa, los grupos parlamentarios tienen dos opciones: hacer propuestas de cambios o intentar devolver el texto al Gobierno o al proponente (como en el caso de las proposiciones de ley). Es decir, las formaciones pueden registrar modificaciones de dos tipos:
- Enmiendas a la totalidad. Se propone la devolución de una norma a quien la haya formulado o su sustitución por un nuevo texto completo.
- Al articulado. Se plantea eliminar, cambiar o añadir artículos a una iniciativa concreta.
Qué es una enmienda transaccional en la jerga parlamentaria
El Reglamento de la Cámara Baja recoge cómo debe ser una enmienda transaccional. Así, esta se lleva a cabo a partir del contenido de otra u otras enmiendas ya presentadas durante en el correspondiente trámite parlamentario. También se puede dar el caso de que varios grupos registren una transaccional. Estos acuden a ella con el objetivo de agilizar el debate de una iniciativa y de generar consenso entre las diferentes formaciones políticas.
Por su parte, todos los partidos deben estar de acuerdo en que se vote una enmienda de transacción. De este modo, si se acepta, se retirarán las enmiendas ‘simples’ sobre las que se transige. Y, finalmente, se someterá a votación únicamente la transaccional.
Por ejemplo: la enmienda transaccional para el delito de malversación
El PSOE y ERC presentaron una enmienda transaccional a la proposición de ley que modifica el delito de sedición con el fin de castigar el desvío de dinero que cause “daño o entorpecimiento grave”. En ella, se acuerda rebajar hasta los cuatro años -de seis, como se contempla actualmente- las penas máximas por malversación, siempre y cuando no exista ánimo de lucro.
- Reglamento del Congreso – Capítulo segundo. Del procedimiento legislativo común (Congreso de los Diputados)
