Desde construir vías de alta velocidad por todo el ancho ibérico hasta las campañas institucionales contra la violencia de género, existen muchos sectores en España que se han visto afectados por los cárteles de empresas que se reparten contratos públicos. A día de hoy muchas de estas compañías siguen operando en el sector público participando en licitaciones. Este medio ha extraído de los expedientes de sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las más de 200 empresas que han sido multadas por haber amañado contratos públicos formando cárteles con otras empresas y las ha cruzado con las miles de compañías adjudicatarias de los fondos europeos Next Generation.
El resultado es que una treintena de empresas multadas por la CNMC por amañar contratos públicos han recibido más de 800 millones de euros en contratos financiados con cargo a los fondos europeos Next Generation. Estos contratos se han adjudicado dentro de lo que marca la ley. La gran mayoría son grandes compañías, bien posicionadas en España, que generan abundantes ingresos y que, en algunos casos, también cuentan con presencia en el extranjero.
El organismo público nació en 2013 con la misión, entre otras funciones, de vigilar que no se vulnere el libre mercado, en especial por parte de las empresas mejor posicionadas y que tienen más ventajas en nuestro país.
En especial, en el sector público, la CNMC trata de evitar que las compañías formen cárteles para compartir información privilegiada y repartirse contratos públicos. Estas actividades fraudulentas no sólo afectan a la competencia, sino que impactan directamente al erario público porque se encarece el precio de adjudicación de los contratos públicos.
Por norma general, las empresas suelen recurrir las sanciones de la CNMC ante la Audiencia Nacional y posteriormente ante el Tribunal Supremo. Normalmente los tribunales suelen dar la razón al organismo público, en especial el Supremo. Por ejemplo, según la última memoria de 2020 de la CNMC, la Audiencia Nacional falló a favor del organismo en 53 de 91 recursos y el Tribunal Supremo confirmó 15 de las 17 sanciones que impuso la CNMC y habían sido recurridas. Según señalan en la memoria, la mayoría de resoluciones desestimatorias se vuelven a recurrir ante el TS.
Además de las multas, el organismo público también castiga a las empresas sancionadas impidiéndolas participar en contratos públicos. Aunque es la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado la que luego determina la temporalidad de cada prohibición.
La gran mayoría de empresas que han recibido contratos financiados con fondos europeos fueron sancionadas recientemente. Según los datos analizados por este medio, más del 80% de estas empresas que han recibido fondos europeos Next Generation fueron multadas entre 2019, 2020 y 2021, siendo este último año en el que más coinciden.
El cártel Ferroviario: el que más empresas multadas y adjudicatarias de fondos europeos concentra
El mayor número de empresas adjudicatarias de los fondos europeos que han sido multadas por la CNMC se concentra en el sector ferroviario, con un total de 12 compañías. De estas, tres de ellas han sido multadas hasta dos veces en distintos años.
Esta docena de empresas fueron sancionadas por formar cárteles para repartirse concursos públicos relacionados con infraestructuras ferroviarias: desde la venta de carriles para ADIF hasta el suministro de sistemas de seguridad y comunicaciones de la red del AVE.
La CNMC disolvió entre 2019 y 2021 dos cárteles formados por grandes empresas que ya de por sí tenían una situación estratégica en el mercado. En este último se multó a las ocho principales empresas de señalización ferroviaria en España por repartirse de «forma fraudulenta» al menos 82 licitaciones del Ministerio de Fomento y Adif. La sanción fue de 128,8 millones de euros.
La empresa adjudicataria de fondos europeos que mayores sanciones ha recibido en este sector es el grupo Cobra, una exfilial del grupo ACS que fue vendida el año pasado. En total ha recibido dos sanciones por un total de 57,2 millones de euros.
Hay otros casos en los que las empresas que han colaborado con la CNMC aportando información en la investigación han sido eximidas de la multa y de la prohibición de ser contratadas por el sector público, como es el caso de Alstom, a la que en 2019 se le perdonó una sanción de 8 millones de euros. Esta excepción se encuentra recogida en los artículos 65 y 66 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Multas de altura en el cártel de la Construcción
De la Ciudad de la Justicia a las salas VIP del aeropuerto Barajas: los cárteles en el sector de la construcción disueltos por la CNMC han tenido una gran actividad en España y han participado en edificaciones muy importantes para nuestro país.
El último cártel que disolvió la CNMC fue el ‘G7’ de las constructoras por manipular miles de contratos públicos durante la friolera de 25 años. En su investigación, la CNMC acreditó que las constructoras alteraban la competencia en “casi la mitad de las licitaciones de más de 10 millones de euros”.
En general las empresas que forman cárteles tienen una situación privilegiada. Por ejemplo, en el caso del ‘G7’, su volumen de negocio total ascendía a 138.793.941.515 euros. Su sanción fue de 203,6 millones de euros.
Las dos empresas adjudicatarias de fondos europeos que han sido sancionadas por manipular contratos en el sector de la construcción son Dragados (del grupo ACS) y Sacyr. Entre ambas, han recibido cuatro multas por 83.527.403 euros en total.
Campañas contra la violencia de género y el fraude fiscal salpicadas por un cártel
Desde campañas contra la violencia de género a las de sensibilización de las enfermedades mentales, la publicidad institucional tampoco queda exenta de los tentáculos de los cárteles de contratos públicos.
En 2018 la CNMC multó a cinco empresas y 13 directivos por formar un cártel para intercambiar información comercial sensible para repartirse las adjudicaciones de los contratos de publicidad institucional.
Dentro de estas compañías multadas, hay dos que han recibido fondos europeos: Carat España y Media Sapiens. Entre ambas han percibido cerca de 1.780.785 de euros por participar en campañas institucionales sobre Transparencia de la Administración, Patrimonio Nacional, fraude fiscal y la DGT.
Metodología y Fuentes
El equipo de ingenieros de Newtral ha extraído los datos automáticamente del Portal de Contratación. Todas las licitaciones corresponden a contratos financiados con los fondos europeos Next Generation hasta el 24 de agosto de 2022. En el análisis solo se tienen en cuenta los contratos resueltos, ya formalizados y se han excluido los establecimientos de Acuerdos Marco. Todas las cantidades de dinero que aparecen son con impuestos incluidos.
Las empresas sancionadas por la CNMC han sido extraídas manualmente de los expedientes publicados en la base de datos del organismo público. Las compañías se han extraído de las resoluciones del Consejo de la CNMC y se ha excluido a aquellas empresas que por sentencia firme se archivó su sanción. Algunas de estas sanciones están recurridas ante la Justicia, pero esta información no es pública.
*Las conclusiones del análisis de datos recogidas en este reportaje están sujetas a los contratos adjudicados hasta el 24 de agosto de 2022.
Ajá y ahora? Nada, no pasa nada.
Chupan de la teta del Estado mientras la clase trabajadora perdió más de 10% de su salario con la inflación y tiene el achaque permanente de los mismos explotadores cada día. Huelga general ya, paremos la guerra, ninguna bala más!!