Por primera vez en 30 años, la balanza de emisiones de dióxido de carbono o CO2 es favorable con el medio ambiente en España. Según datos preliminares publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las emisiones brutas de CO2 durante el 2020 fueron de 271,5 millones de toneladas, lo que supone una reducción del 13% respecto a 2019 y del 6,4% respecto a 1990.
Los números se prestan para albergar cierto optimismo sobre el cumplimento de los objetivos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que apuntan la reducción del 23% de emisiones de GEI para 2030 respecto a las de 1990. Sin embargo, gran parte de la reducción de emisiones se debió al confinamiento por la COVID-19, por lo cual, desde el Centro de Investigación Economics for Energy advierten que para que esto se concrete, es necesario adoptar medidas de refuerzo y correctoras “para evitar un rápido repunte que ya está asomando debido a la recuperación de la actividad económica y a la demanda energética”.
Las renovables y el confinamiento impulsaron la caída de las emisiones de CO2
Entre las causas principales para el desplome de las emisiones de CO2 en 2020 figura el incremento de la generación eléctrica de origen renovable, que pasó de 110,31 teravatios-hora en 2019 a 114,62 en 2020. Según Red Eléctrica de España, las condiciones climáticas fueron clave para generar la cuota de producción de energía verde el año pasado, pues fue posible un mayor empleo del viento y sol como combustible natural. El Observatorio por la Sostenibilidad apunta que “solamente la producción de energía eólica evitó la emisión de 29 millones de toneladas de CO2 en 2020”.
A esto se suma la reducción del uso del carbón: un 60,4% menos que en 2019. La descarbonización de la economía es, de hecho, una de las principales ambiciones del Plan de Energía y Clima, sería uno de los ejes de las inversiones en los próximos años para marcar una tendencia hacia la economía sostenible y libre de emisiones.
Ahora bien, los expertos advierten que la meta de reducción de emisiones en 2020 no se habría logrado sin el confinamiento producto de la pandemia por la COVID-19. “La tragedia de la pandemia del 2020 ha tenido importantes repercusiones sobre toda la economía el consumo y la producción, pero sobre todo en la movilidad, el transporte terrestre y casi cerrado el aéreo, también sobre el sector del turismo y por ello en el consumo de carburantes como se observa en las importaciones de productos petrolíferos”, señala José Santamarta, director del Observatorio de Cambio Climático.
El experto sugiere una revisión de procesos de decisión para lograr una descarbonización estructural y no coyuntural. Una idea en la que coincide el Centro de Investigación Economics for Energy, que resaltan que los números actuales sitúan a España por encima de la media comunitaria en gasto energético por unidad de PIB.
España, por debajo de la media de la Unión Europea en emisiones de CO2
Respecto a la Unión Europea, el bloque comunitario tiene un ambicioso objetivo marcado tras la firma de los acuerdos de París. El compromiso para 2030 es que haya una reducción del 55% de emisiones de GEI respecto a 1990.
La meta es conjunta, para lo cual se creó la Ley del Reparto de Esfuerzos, en la que se asignan una serie de objetivos relacionados a la reducción de emisiones de acuerdo a las capacidades económicas y el PIB per cápita de cada país, que en España queda plasmado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
La lista de los países más contaminantes de la UE la encabeza Luxemburgo, que generó 38,2 toneladas por habitante en 2018. Le sigue Bélgica con 15,44, y Alemania se ubica en el séptimo lugar con 10,37 toneladas, según los datos recopilados por Our World in Data, la organización de análisis y visualización de datos de la Universidad de Oxford.
Frente a Estados Unidos, España registra una notable diferencia al hacer una comparación per cápita. En 2018, la potencia norteamericana alcanzó las 17,63 toneladas de CO2 por habitante, mientras que España registró 6,16 toneladas. Al comparar con China, en 2008, las emisiones de CO2 per cápita de España superaban al país asiático en un 200%. Una década después se situaban por debajo.
Sin embargo, la tendencia muestra no sólo la reducción de emisión de CO2 por parte de España, sino un notable crecimiento en la contaminación producida por China, que actualmente figura como el país que emite más CO2 debido a su capacidad industrial y su gran dependencia del carbón.
Reducir el 90% de las emisiones para 2050, ¿una meta viable?
Así como han crecido los objetivos ambientales de la UE, que busca que Europa sea el primer continente climáticamente neutro del mundo, España también tiene sus propias metas ambientales. A finales del año pasado, se aprobó una Estrategia a Largo Plazo con miras a que en 2050, el país logre reducir en un 90% la emisión de GEI respecto a 1990. Esta hoja de ruta abarca el ya mencionado Plan Nacional Integrado de Energía, que caduca en 2030 y que deberá ser renovado y/o modificado para una nueva década y así hasta llegar al objetivo.
Los expertos apuntan a que España requerirá un profundo cambio en el modelo económico y también voluntad política. En el Congreso de los Diputados empezará el trabajo para tramitar un anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobado por el Gobierno el pasado mes de mayo. Organizaciones ambientalistas como Greenpeace sugieren que este cuerpo legal deberá contener objetivos climáticos más ambiciosos como la reducción del CO2 del 55% en 2030 respecto a 1990 para que de esta manera, la descarbonización de España se concrete en 2040 y no 2050 como actualmente está planteado. “Tenemos mayor compromiso que otros países, por historia y capacidad tecnológica”, asegura María Prado, responsable de Energía Ciudadana y Transición Energética de Greenpeace España.
La ONG también plantea que en la ley se elimine las subvenciones a los combustibles fósiles y a todos los sectores que perjudican el clima, que se priorice la conservación, restauración de ecosistemas y la biodiversidad y además, que se establezca un marco legislativo para la reducción de GEI en sectores como turismo, financiero, agroalimentario e industrial.
Fuentes:
- Our World in Data
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
- Observatorio por la Sostenibilidad
- Economics for Energy
- María Prado, responsable de Energía Ciudadana y Transición Energética de Greenpeace España
