El exguerrillero sandinista Daniel Ortega (75 años) y su esposa Rosario Murillo (70 años), candidatos a presidente y vicepresidenta, respectivamente, son los favoritos a ganar las elecciones generales de este 7 noviembre de 2021, que la oposición en Nicaragua y la comunidad internacional han catalogado como “falsas”.
Los opositores señalan que Nicaragua vive las elecciones más atípicas desde su corta vida democrática, iniciada en 1990 con el fin de una década de guerra civil y el derrocamiento en las urnas del primer gobierno sandinista también liderado por Ortega entre 1979 y 1990.
Las razones por las que la legitimidad de este proceso es cuestionada son, principalmente, porque siete aspirantes presidenciales están en la cárcel junto con otros 32 líderes de oposición, cinco partidos políticos que participan en el proceso son señalados de ser cómplices de Ortega, no hay observadores internacionales ni el proceso cumple con estándares democráticos. Además, según denuncian la oposición y organismos de derechos humanos, en Nicaragua se ha establecido un “Estado policial de facto” que ha cercenado los derechos y las libertades de los nicaragüenses.
Esa realidad ha quedado reflejada en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la Organización de Estados Americanos.
Asimismo, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el español Josep Borrell, dijo el 2 de noviembre, que las elecciones en Nicaragua son «completamente fake«, por lo tanto no se puede esperar ningún “resultado legítimo”.
Sin rivales que amenacen el poder, Daniel Ortega se encamina a gobernar cinco años más, para un cuarto período consecutivo desde 2006, y dos al lado de su esposa Murillo, a quien de facto nombró “co-presidenta”, el 25 de octubre de 2021. Esa figura no está contemplada en la Constitución de ese país.
Según el Tribunal Electoral, 4.4 millones de nicaragüenses están llamados a las urnas, sin embargo la oposición prevé un alto abstencionismo. Estas son las claves de las elecciones en Nicaragua, de acuerdo con actores políticos y sociales, exiliados en Costa Rica, y organismos internacionales como la CIDH, consultados por Newtral.es
¿Qué ha dicho el Gobierno de España sobre el resultado de las elecciones en Nicaragua?
Los ha rechazado. En un comunicado, el Gobierno de España ha señalado que “rechaza” los resultados de las elecciones celebradas en Nicaragua a causa de “las inaceptables y arbitrarias condiciones en que se celebraron”. El Ejecutivo reclama unos comicios libres, justos, transparentes y concurridos que garanticen la participación de todos los nicaragüenses. “Al igual que el resto de países de la Unión Europea y buena parte de la comunidad internacional, el Ejecutivo español constata que los comicios han carecido de las mínimas garantías democráticas exigibles”, añade.
El Ejecutivo exige además “que pongan en libertad con carácter inmediato e incondicional a todos los presos políticos y manifestantes encarcelados arbitrariamente y que se anulen sus procesos judiciales; que restituyan y garanticen los derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía; y que pongan fin a la represión y el hostigamiento”.
Elecciones en Nicaragua sin competencia electoral
Daniel Ortega, usando las instituciones de justicia y electorales de Nicaragua, emprendió entre mayo y julio de 2021 una persecución de opositores para evitar la competencia electoral. Además de encarcelar a siete precandidatos presidenciales, eliminó la personalidad jurídica de tres partidos de oposición, cuyas casillas valoraron usar las organizaciones sociales la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y la Unidad Nacional Azul y Blanco, surgidas en el marco de las protestas antigubernamentales de 2018.
Desde octubre de 2020, Ortega diseñó un marco jurídico para encarcelar a los opositores y críticos con la aprobación en la Asamblea Nacional, que controla, de la Ley de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, un tridente que cercenó los derechos políticos y las libertades públicas.
Bajo estas leyes, los aspirantes presidenciales Juan Sebastian Chamorro, Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Noel Vidaurre y Miguel Mora fueron acusados por el Ministerio Público de lavado de dinero, conspiración y traición a la patria. Otros 32 líderes, entre los que se encuentran exguerrilleros sandinistas, exvicecancilleres y empresarios, fueron arrestados arbitrariamente, cuenta a Newtral.es la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) Vilma Núñez.
Los partidos políticos “cómplices” de Ortega
Tras sacar del proceso electoral a la oposición, Ortega dejó a cinco partidos políticos que responden a sus intereses y cuyos candidatos son desconocidos, o bien, con un pasado de corrupción, dice a Newtral.es el presidente de la organización nicaragüense Hagamos Democracia, Luciano García. “Estas no son elecciones, son unas votaciones cuyos resultados ya se saben”, afirma.
Una encuesta de la firma costarricense CID-Gallup, publicada el 13 de octubre, reveló que el 65% de la población respondió positivamente a votar a cualquiera de los siete precandidatos encarcelados por Ortega, mientras que sólo un 19% de los encuestados mostró simpatía por el líder sandinista.
Desde junio, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, España, y otros países del continente americano han cuestionado el proceso electoral nicaragüense y demandado la liberación de los 39 líderes de oposición, que según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, están enfrentando violaciones a sus derechos humanos, como torturas.
Sobre el proceso electoral, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, dice a Newtral.es que se da en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural, y “con ello el actual Gobierno busca perpetuarse en el poder”.
Elecciones en medio de una crisis de derechos humanos
Las elecciones de este 7 noviembre son las primeras que se celebran en el país centroamericano desde las protestas antigubernamentales de 2018 que dejaron un saldo de 325 personas fallecidas, a manos de la Policía Nacional y parapolicías organizados por miembros del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, de acuerdo con un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacional (GIEI).
Para el presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, las elecciones generales eran la esperanza de los nicaragüenses para resolver la “profunda crisis sociopolítica” que arrastran desde 2018, sin embargo se esfumó con la “deriva autoritaria” de Daniel Ortega, quien ha aumentado la represión y el asedio contra los disidentes.
La concentración de poder de Daniel Ortega
El informe ‘Concentración de poder y debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua’, publicado el 28 de octubre por la CIDH, señala que en Nicaragua hay un profundo deterioro en materia de derechos humanos, de cara a las elecciones generales.
El organismo de la OEA indica que “la concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial, donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatales y paraestatales”.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, organización avalada por la CIDH, el número de “presos políticos” actualmente en Nicaragua asciende a 155. El pasado 21 de octubre, la Policía Nacional de Nicaragua detuvo a Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente de la principal gremial empresarial del país, mientras existe la amenaza de cárcel para otros empresarios que apoyaron las manifestaciones antigubernamentales de 2018.
La petición de elecciones libres que Ortega desoyó
Daniel Ortega ha desoído desde 2018 la petición de la comunidad internacional a detener la represión y retomar la senda democrática. La OEA, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y España demandaron la liberación de los presos políticos y una reforma que garantizará la celebración de comicios libres, observadores y transparentes.
En ese sentido, el 21 de octubre de 2020 la Asamblea General de la OEA, la reunión anual de ministros de Relaciones Exteriores del continente americano, aprobó una resolución en la que emplazó a Ortega a impulsar una reforma profunda al sistema electoral antes de finalizar el mes de mayo de 2021. Sin embargo, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 6 de ese mes una legislatura a medida del Gobierno, que entre otras cosas dejó en control de Ortega el Tribunal Electoral y anuló la observación electoral internacional.
Las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea
Un mes después Estados Unidos respondió con sanciones a altos funcionarios de Daniel Ortega, entre los que se encuentran su esposa Rosario Murillo e hijos, que ocupan puestos claves en el Gobierno. La Unión Europea renovó el pasado 15 de octubre un régimen de sanciones que alcanza a 14 personas, quienes están sujetas a una congelación de activos y la prohibición de viajar a los Estados miembro.
Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han adelantado que no reconocerán los resultados de las elecciones. El 2 de noviembre, el Alto Representante de la Unión Europea Josep Borrell, de gira por América Latina, dijo que las elecciones son un “fake”, mientras que el 18 de octubre refirió que “Nicaragua es una de las peores dictaduras del mundo”.
Ese mismo día, la subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala, señaló a la Voz de América que Ortega “no tendrá un mandato democrático”
Al respecto, Luciano García, director de la ONG Hagamos Democracia, considera que Ortega lleva a Nicaragua al aislamiento internacional porque podría ser expulsada de la OEA, lo que traería consigo la ruptura diplomática por parte de otras naciones del continente americano, y tensionaría más las relaciones con Estados Unidos, su principal socio comercial.
Exilio creciente en Nicaragua
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reveló el 16 de abril de 2021 que más de 108.000 nicaragüenses abandonaron su país entre 2018 y 2020, en el contexto de las protestas antigubernamentales, y tres cuartos de estos han buscado protección en Costa Rica.
A medida que la represión ha aumentado en el país centroamericano, los organismos defensores de derechos humanos advierten de un mayor éxodo que presionará al sistema migratorio costarricense que desde junio ha registrado un aumento en las solicitudes de asilo, informó el diario digital nicaragüense Confidencial.
España también se ha convertido en un destino seguro para actores sociopolíticos, como el escritor Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2018, quien ahora reside en Madrid, y la poetisa Gioconda Belli. La Fiscalía nicaragüense ha solicitado una orden de captura para ambos.
Entre 2019 y 2020, 9.681 nicaragüenses han solicitado asilo ante las autoridades españolas, según la Comisión Económica de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Pero por la cercanía con Nicaragua, Costa Rica se está convirtiendo en el epicentro del exilio nicaragüense, dice a Newtral.es el periodista Wilfredo Miranda, colaborador de El País y The Guardian, que este mes de noviembre anunció que tuvo que refugiarse en ese país ante la amenaza de cárcel.
Desde Costa Rica, los periodistas dirigen a medios de comunicación nicaragüenses independientes como Confidencial, Nicaragua Actual, 100% Noticias, La Prensa y Divergentes.
La situación de la libertad de prensa
El periodista Wilfredo Miranda manifestó que la Fiscalía nicaragüense investiga a más de 30 periodistas y directores de medios de comunicación por el caso de lavado de dinero abierto en contra de la candidata presidencial Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios, quien derrotó en las urnas a Daniel Ortega en 1990.
Los fiscales amenazaron a algunos periodistas con ir a la cárcel por publicar noticias que no son del agrado del Gobierno, comenta la defensora Vilma Núñez. “A la verdad, el régimen le llama noticias falsas al amparo de la oprobiosa Ley Especial de Ciberdelito”, agrega.
La defensora afirma que la persecución a periodistas es parte de la “estrategia gubernamental para silenciar al periodismo independiente”. En diciembre de 2018, Ortega confiscó la Redacción del Canal 100% Noticias y el diario digital Confidencial, mientras que el 13 de agosto agentes policiales allanaron las instalaciones del diario La Prensa (con 95 años de historia).
Para el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, lo preocupante de Nicaragua es que las autoridades han impuesto un “estado de miedo”, y castigan la libertad de prensa a “capricho” de los órganos de justicia.
Peticiones ciudadanas de no participar en las elecciones
Ante ese panorama, diferentes organizaciones opositoras han impulsado en las últimas semanas una campaña para que los ciudadanos se queden en sus casas y no participen en lo que llaman una “farsa electoral».
Desde el exilio en Costa Rica, Alexa Zamora, miembro de la organización Unidad Nacional Azul y Blanco, señala a Newtral.es que la población ha encontrado en las elecciones una forma de protesta que no puede ser pulverizada por el Gobierno de Ortega: el abstencionismo.
Para algunos opositores, como Zamora, Daniel Ortega “quiere disfrazar de democracia sus intenciones de establecer un régimen de partido único como en Cuba”, mientras que otros, como el experto Luciano García, se atreven a señalar que “Nicaragua es ya la versión tropical de la Corea del Norte de Kim Jong-un”. Ortega controla los poderes del Estado, la Policía y el Ejército.
Fuentes:
- Informe Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Informe OACNUDH
- ACNUR
- Vilma Núñez, presidenta de la organización Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
- Entrevista con Gonzalo Carrión, presidente de la ONG Colectivo de Derechos Humanos
- Entrevista con Wilfredo Miranda, periodista nicaragüense
- Entrevista con Luciano García, presidente de la ONG Hagamos Democracia
- Entrevista con Alexa Zamora, organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco
- Entrevista con Pedro Vaca, relator para la Libertad de Expresión de la CIDH
- Entrevista con Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH
- Agencia EFE
- Infobae
- Revista digital Confidencial (Nicaragua)
- Diario La Prensa (Nicaragua)
- Departamento de Estado, Estados Unidos
- Comisión Europea
- Organización de Estados Americanos
- Informe “Las personas refugiadas en España y Europa”, CEAR
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