Se cumplen los tres primeros años del plan de recuperación financiado con los fondos europeos Next Generation. En este punto, España ha logrado, al cierre de 2023, comprometer el 94% (66.296 millones) de los 70.316 millones que acordó con Bruselas. No obstante, de estos fondos solo se ha ejecutado el 46% (30.496 millones). A esto hay que sumarle que la falta de empresas interesadas en contratos y convocatorias ha generado una acumulación de 6.500 millones de euros de los fondos de recuperación sin adjudicar para el Estado español, según un informe del Observatorio NextGen de la consultora Llorente y Cuenca (LLyC). Aunque acorde con los cálculos de la consultora, esta suma podría ascender a los 14.321 millones de euros, si se tiene en cuenta a las Comunidades Autónomas.
- ¿De dónde salen estos remanentes? Este dinero ‘paralizado’ procede de convocatorias y licitaciones públicas en las que no se han encontrado suficientes adjudicatarios y, por lo tanto, no se ha podido utilizar, quedando en forma de remanente.
Un remanente que podría ascender a los 14.321 millones de euros
Según la fotografía tomada por la consultora, a fecha del 31 de diciembre de 2023, a nivel estatal se habría generado un remanente de estos fondos europeos de 6.557 millones de euros sin adjudicar, (de los cuales 2.016 millones proceden de contratos públicos y 4.559 millones vienen de convocatorias). En total, esta cifra corresponde al 17% sobre los fondos comprometidos (que España ha dicho que se va a gastar).
Todos los años se han generado distintas cantidades de remanentes, por ejemplo en 2021 se generaron 757 millones de euros, en 2022, 3.858 millones y en 2023, uno 1.942 millones. Precisamente, el informe señala que la generación “de estos remanentes se ha vuelto estructural”.
El análisis detalla que aparte de los 6.575 millones de euros en fondos de recuperación sin adjudicar de la Administración General del Estado, se estima otros 2.540 millones de euros ‘paralizados’ por convocatorias y licitaciones que todavía no están resueltas y más dinero que falta por comprometer a nivel estatal.
Las autonomías podrían tener hasta 5.205 millones de euros en remanentes
A esto hay que sumarle que en el caso de las autonomías, el informe establece que el sector autonómico tiene otros 5.205 millones de euros de fondos de recuperación sin adjudicar. No obstante, la consultora, aclara que al no haber aportado las autonomías “detalles sobre la dotación presupuestaria de las convocatorias y licitaciones resueltas, no es posible confirmar este dato". Por eso calcula que los remanentes totales, tanto del Estado como de las autonomías, podrían ascender a 14.321 millones de euros.
La consultora advierte de que “en principio, España no debería devolver estos fondos a la UE en el caso de que haya sido cumplir los hitos pactados”, aunque plantea que existe el riesgo de que “la falta de aplicación de esos fondos repercuta en un incumplimiento de alguno de los objetivos, con lo que se podría ver afectado algún desembolso”. En este caso, explican que debería ser el Estado el que se haga cargo de proveer esos fondos con el presupuesto propio.
El Perte del vehículo eléctrico llegó a generar 2.100 millones en remanentes en 2022
El informe elaborado por la consultora muestra algunas de las causas detrás de la acumulación de estos fondos de recuperación sin adjudicar. Por ejemplo, en 2022 fue el año en el que más remanentes hubo por las convocatorias para las que no se lograron encontrar empresas (2.756 millones de euros).
Entre estas convocatorias se destaca el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), donde se dio una “escasa concurrencia y una baja asignación de fondos de la primera convocatoria” del Ministerio de Industria y Turismo. Apuntan que este PERTE es responsable “de la no adjudicación de más de 2.100 millones de euros”. Al año siguiente, en 2023, la cantidad se redujo y se generaron 1.532 millones de euros en remanentes.
En el sector de la contratación pública también se alcanzó una cifra alta, en 2022, año en el que se generaron 1.102 millones de euros en remanentes, de los cuales un 51% correspondían a licitaciones de servicios y suministros, mientras que el 49% restante pertenecía a contratos de obras públicas, según el informe.
Entre las causas de los fondos de recuperación sin adjudicar destacan la complejidad y la lentitud en los procedimientos
Entre las causas, el informe explica que los procesos de tramitación y los plazos de concesión sean tan prolongados “contribuyen a la desmotivación y pérdida de interés por parte de las empresas”. Por ello, apuntan que “la lentitud en la toma de decisiones puede generar incertidumbre y desincentivar la participación de potenciales solicitantes, sus socios e inversores”.
Así mismo, añade que la “complejidad en los procedimientos” a la hora de presentar solicitudes y la “dificultad de justificar la ejecución de los proyectos, representa un desafío significativo”. Por ello, creen desde la consultora que sigue “siendo esencial revisar y ajustar los requisitos de las convocatorias para garantizar que sean realistas y accesibles para una gama diversa de empresas, y compartir entre ministerios y entidades ejecutoras buenas prácticas para facilitar que estas mejoras no sean casos aislados”.
- Informe del Observatorio NextGen de la consultora Llorente y Cuenca
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