Ecuador trata de recuperar el control de las cárceles tomadas por el crimen organizado

La ciudad de Guayaquil, en Ecuador, trata de recuperar la calma tras un nuevo episodio de enfrentamientos violentos con el crimen organizado. El traslado de 1.002 reclusos de la Penitenciaría de Guayas desembocó en una ola de ataques tanto dentro como fuera de las prisiones, con coches bomba en gasolineras, ataques a unidades policiales y centros de salud, y un motín en la cárcel, en la que recibieron a las fuerzas de seguridad con disparos.

Tras los operativos, que se saldaron con varios muertos y heridos, el Gobierno ha ampliado el estado de excepción que se mantiene ya en tres provincias, con toque de queda entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana.  

“La estrategia de traslado de las cabecillas la mantuvimos a cabalidad. Este Gobierno no se doblega ante narcoterroristas: en este país no van a imponer su voluntad”, anunciaba el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Las imágenes que ha compartido en su cuenta de Twitter muestran a presos sometidos, algunos de ellos todavía ensangrentados, y a cabecillas de grupos armados en ropa interior siendo trasladados. 

Ecuador lleva desde hace más de un año lidiando con este tipo de ataques, y la oposición denuncia que el Gobierno ha perdido el control de las prisiones, convertidas en un centro de operaciones para los grupos de delincuencia armada.

La escalada de violencia carcelaria en Ecuador suma más de 400 muertos desde 2021

Justo hace un año, la misma Penitenciaría de Guayaquil fue el escenario de otro motín en el que murieron 62 presos, dejando imágenes de cuerpos desmembrados. Dos meses antes un conflicto similar provocó la masacre de otros 116 reclusos, como recogió la Fiscalía. 

En total, el año pasado se registraron cuatro amotinamientos “extremadamente sangrientos”, y este año han sido constantes, aunque con menos muertes, lo que no ha evitado que el recuento supere las 400 víctimas, como relata Carla Álvarez, experta en seguridad, que advierte de que “el deterioro de la seguridad en Ecuador es diario”.

La crisis carcelaria se engloba dentro de un aumento generalizado de la violencia. El sicariato y las tasas de homicidios se han multiplicado en los últimos años, pasando de 5,8 muertes por cada 100.000 habitantes en 2017 a 14,4 en 2021, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

El Gobierno lo atribuye al aumento del narcotráfico en el país. El puerto de Guayaquil se ha convertido en un punto clave para el transporte de la droga, situando a Ecuador como el tercer país donde más cocaína se intercepta, un 6,5% mundial, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

La cifra de incautaciones ha aumentado de las 110 toneladas en 2020, a las 144 hasta octubre de este año, y el Ejecutivo ha empleado estos datos como muestra de que la lucha contra el narcotráfico es lo que ha desatado la violencia en las calles. 

María Fernanda Noboa, analista de seguridad de Ecuador, también advierte de que el proceso de paz en Colombia y la llegada de los carteles mexicanos de la droga han impulsado la criminalidad. 

“Ha habido un movimiento en la organización de la criminalidad, con una presión en la frontera y más penetración desde Colombia, y la entrada primero del cartel de Sinaloa y después del cartel de Jalisco Nueva Generación”, advierte, aunque asegura que en los últimos años ya se había ido produciendo una “expansión silenciosa”.

Más allá del discurso oficial, tanto la oposición como una parte de los académicos cuestionan esta lógica, y apuntan a otras razones como el desmantelamiento de la inversión en seguridad y la falta de una estrategia nacional. 

La crisis de seguridad y la violencia en las cárceles crecen en Ecuador ante un Estado debilitado

La falta de inhibidores de señal y de escáneres para detectar la entrada de armas en las cárceles, así como del equipamiento básico para las fuerzas de seguridad, han puesto en jaque el funcionamiento de las cárceles en Ecuador, en las que se han vivido ataques simultáneos y hasta ruedas de prensa de los grupos delictivos organizados, como relata Álvarez.

Durante los últimos años del anterior gobierno de Lenín Moreno, y ahora en el actual de Lasso, el Ejecutivo ha promovido una política de austeridad que ha reducido el peso del sector público. 

“Hay una institucionalidad tan fragmentada por la austeridad, que el Estado tiene muchas dificultades para coordinar acciones, y cada uno hace lo que puede con lo que tiene. El crimen está más organizado que el propio Estado, que ha perdido el control de la situación del país”, resume la analista.

Noboa también advierte que la violencia ha permeado a otros sectores, cooptando marchas sociales e instituciones del Estado. “Había una serie de golpes secuenciales, primero en la penitenciaría, luego en las marchas sociales, luego sicariatos, y ahora una estrategia polivalente simultánea, y conforme se va dando esto, hay un Estado criminalizado que está tomado por estas redes”, señala.

El uso del estado de excepción se vuelve en contra: sin una solución que funcione

La respuesta del Gobierno ecuatoriano ha sido la militarización y la represión en las cárceles. Tras los altercados, Lasso declaró el quinto estado de excepción en poco más de un año, amparado por la Constitución ecuatoriana (art. 164), pero criticado por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch.  

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, también lanzó una crítica en Twitter, donde advertía que “el estado de excepción es una herramienta, no una varita mágica. Aprobar un estado de excepción sin una estrategia contra los terroristas no sirve de nada. Los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones”.

Tras la calma relativa que se vivió durante la final de la Copa Libertadores, que se celebró en octubre en Guayaquil, una de las opciones que se ha planteado es la de tratar de alcanzar una tregua con los grupos armados. 

Noboa apunta que se debe buscar la pacificación y llegar a ciertos acuerdos, acompañados de políticas sociales y de fortalecimiento de las comunidades. “Tiene que haber políticas para recuperar las estructuras del Estado y evitar este desmantelamiento. A los criminales tampoco les conviene desmantelar las unidades productivas”, añade.

Hacia una reorganización de las cárceles en Ecuador

Álvarez coincide en que la militarización debe ser coyuntural, pero la violencia de los últimos días no es un caso aislado, y recuerda que la lista de recomendaciones para salir de esta situación pasa por fortalecer el cuerpo policial y por una reorganización de las cárceles. 

“Nadie entiende por qué se hace ahora el traslado de presos entre las cárceles. Esto se tuvo que hacer desde el principio. Un asesino en serie está al lado de una persona que robó un coche. En Ecuador, la tercera ciudad más violenta del país es la cárcel. Si te meten en la cárcel por algún tema, corres un peligro altísimo de morir”, añade.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también describía en un informe sobre las cárceles en Ecuador que, “en este contexto, los líderes de estos grupos cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a servicios. Incluso, las llaves de ingreso a pabellones están en posesión tanto de las autoridades como las personas privadas de libertad”.

La especialista señala que hay demasiados delitos que se sancionan con privación de libertad y no se permiten medidas alternativas, lo que ha añadido más presión sobre las infraestructuras carcelarias. 

“Teníamos un fuerte nivel de hacinamiento combinado con un número insuficiente de guías penitenciarios. Hay testimonios de gente que ha tenido que adherirse a una banda para poder sobrevivir dentro de la cárcel”, cuenta.