118 muertos en el tercer motín del año en Guayaquil: ¿qué está pasando en las cárceles de Ecuador?

El martes 28 de septiembre, 118 presos fueron asesinados en la Cárcel Número 1 de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, conocida como la Penitenciaría del Litoral, como ha confirmado el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad. Además de los fallecidos, también se ha confirmado la cifra de heridos, que asciende a 79.

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Tras darse a conocer la situación en la cárcel, el presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado el estado de excepción en todo el sistema penitenciario, controlado, en muchos casos, por bandas vinculadas al narcotráfico, según Efe. En total, más de 900 policías de distintas unidades tomaron parte en el operativo de registro y control en el interior de la Cárcel Número 1 de Guayaquil.

Este es el tercer altercado que se produce en una cárcel ecuatoriana en lo que va de 2021. El primero, en febrero, involucró cuatro prisiones y dejó 79 muertos. El siguiente fue un doble motín en julio, también en la Cárcel Número 1 de Guayaquil y en la de Sierra Norte en Cotopaxi, cuando Lasso llevaba tres meses en la presidencia, en el que hubo 22 fallecidos. En total se contabilizan 219 muertes.

¿Qué está pasando en las cárceles de Ecuador?

Desde el primer altercado, la inestabilidad de los centros penitenciarios se achaca a la presencia de bandas rivales en un mismo lugar vinculadas con el narcotráfico y el hacinamiento de los presos.

El que era director del sistema penitenciario de Ecuador hasta esta semana, Fausto Cobo, aseguró en una entrevista con el medio ecuatoriano El Comercio en agosto que “detrás de la amenaza al Estado, y de la situación en las cárceles, hay cárteles internacionales del narcotráfico, del crimen internacional y de las mafias nacionales”.

¿Qué implica el estado de excepción en el sistema penitenciario de Ecuador?

El estado de excepción impuesto en las cárceles de Ecuador es una herramienta por la que el presidente hace que las Fuerzas Armadas y la Policía puedan intervenir en las cárceles y llevar a cabo las acciones necesarias para restablecer el orden en los centros.

«Declárese el estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, sin excepción alguna, por el plazo de 60 días desde la suscripción de este decreto ejecutivo», se especifica.

A raíz de su intervención, la Policía del país ha requisado en la Penitenciaría del Litoral tres pistolas, 435 paquetes de munición, 25 armas blancas y tres artefactos explosivos, como han confirmado en su cuenta de Twitter.

¿Qué reclaman para las cárceles las asociaciones humanitarias?

La Fundación Internacional de los Derechos Humanos exige que se proteja la vida de todos los seres humanos, sin discriminación, a través de su cuenta de Twitter. También la filial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha compartido un artículo de opinión en el que se pone de manifiesto la situación de las cárceles ecuatorianas.

“Las megainfraestructuras penitenciarias no han resuelto el hacinamiento, la corrupción, la falta de personal idóneo, ni el acceso a salud física y mental, agua limpia o educación que caracteriza al sistema”, explica el representante de la ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab.

Con más de 38.000 personas privadas de libertad, la población penitenciaria se ha duplicado en los últimos diez años. El país tiene más de 220 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, como informa la ONU.

Además, Asociaciones como la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador denuncian la “falta de políticas públicas integrales con enfoque de derechos humanos que aborden las problemáticas estructurales de los centros de privación de libertad, que son origen de todos los escenarios violentos que ocurren en las cárceles”.

También, la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador, emitió un comunicado el 30 de septiembre en el que especificaba que había servicios públicos de atención psicológica, legal y social habilitados para los familiares de los presos.