La Fiscalía reconoce que “no es procedente” incluir a las asociaciones ecologistas en el apartado de terrorismo

La Fiscalía General del Estado ha rectificado su decisión de incluir a organizaciones ecologistas en el epígrafe de “terrorismo” en su memoria anual de 2022. Así lo ha expresado en una carta remitida a varias asociaciones, a la que ha tenido acceso Newtral.es: «Asumimos que la mención de estos grupos en el apartado de terrorismo es asistemática y no resulta procedente«. 

• «En ningún caso, la mención de determinadas organizaciones en los epígrafes relativos a la memoria de la Audiencia Nacional significa que el activismo de los grupos ecologistas pueda ser considerado como terrorismo», continúa la misiva.

Un matiz. El Ministerio Público también se compromete a no incluir de nuevo “mención alguna a la actividad de las organizaciones ecologistas en las próximas memorias”, a no ser que se inicie alguna investigación fiscal o judicial por “nuevos fenómenos delictivos”.

La respuesta de las asociaciones ecologistas

Las organizaciones ambientalistas han celebrado esta decisión. En un comunicado conjunto, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF agradecen a la Fiscalía que “haya reconocido el error de mencionar la defensa del ecologismo en el apartado de terrorismo de su memoria anual”.

• “No nos queda tiempo como para dar pasos atrás en la lucha por un planeta sano, sostenible y seguro. Este reconocimiento por parte de la Fiscalía refuerza el sentido que tiene y lo necesario que es para la democracia. Agradecemos que la lucha por la pérdida de biodiversidad o el cambio climático sean tratadas como se merecen y no como acciones que atentan contra el bien común”, aseguran.

Las implicaciones de incluir a organizaciones ecologistas en el apartado de terrorismo

La carta de la Fiscalía llega tras haber incluido en un primer momento a Futuro Vegetal y Extinction Rebellion en la categoría de terrorismo en su memoria anual de 2022, con la etiqueta de ecologistas “radicales”.

Las consecuencias. En aquel momento, los expertos consultados por Newtral.es ya expresaban sus dudas con respecto a este gesto del Ministerio Fiscal y las asociaciones lo entendían como “una forma de criminalizar a los movimientos ecologistas y una intimidación a los activistas”.