La Guardia Civil incautó el pasado sábado, en el transcurso de la operación Jardines, el mayor alijo de marihuana envasada encontrado hasta el momento no solo en España sino en todo el mundo. Se trata de 32.370 kilogramos de droga incautada en una única operación, algo menos de la mitad del total de marihuana incautado el año pasado.
El operativo se saldó con veinte personas detenidas que formaban parte de una organización que actuaba en distintos puntos de España y controlaba todo el proceso de producción y distribución de la droga, según informó la Guardia Civil.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado practicaron el año pasado cerca de 25.000 detenciones relacionadas con los delitos de tráfico de drogas. Más de 500 toneladas de droga fueron incautadas en las distintas causas abiertas relacionadas con estos delitos. Tres puertos españoles se encontraban en 2020 entre los 10 en los que más cocaína se había incautado en Europa.
Una guía para solucionar los problemas de almacenamiento de la droga incautada
Frente a este tipo de operaciones el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Presidencia, el Ministerio del Interior y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios establecieron en 2012 un protocolo de actuación a seguir.
El protocolo surge para “agilizar los procesos para la destrucción de la droga, tanto de los alijos intervenidos como de las muestras extraídas para su analítica, y reforzar los procesos de incautación y custodia de la droga para solucionar los problemas de almacenamiento”. Entre esos problemas que puede generar la droga incautada, algunos recogidos en la Doctrina de la Fiscalía General del Estado sobre la cuestión, se encuentra el colapso en los depósitos policiales y de sanidad, corriendo el riesgo de ser robada y en algunos casos, pudriéndose.
La Guía práctica de actuación sobre la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en su segunda versión revisada en el año 2017 establece que “siempre que sea posible, la destrucción del alijo intervenido debe producirse al inicio mismo del procedimiento”, en la propia fase de instrucción.
Se fija también que “se conserven únicamente las muestras suficientes de dichas sustancias para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones”. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en su artículo 367 ter. que se procederá a la inmediata destrucción de aquellas muestras conservadas con la debida justificación “si transcurrido el plazo de un mes desde que se efectuó aquella (petición de conservación de muestras), la autoridad judicial no hubiera ordenado la conservación íntegra de dichas sustancias”.
Fase de destrucción de la droga incautada
Una vez autorizada la destrucción de los alijos de la droga incautada por parte de las autoridades judiciales, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “se desplazarán hasta el depósito o lugar de custodia en que se encuentren, donde se harán cargo de las sustancias”.
Según esta guía en todo momento del operativo se levantará un “oficio judicial de custodia-destrucción” en el que se registren los distintos pasos del procedimiento. La destrucción se llevará a cabo en los centros de residuos e incineradoras habilitadas para ello. Una vez destruida la droga incautada, se levantará un “acta de destrucción” firmada por los asistentes en la que consten “los datos del operativo desde su recogida hasta el número de precintos, el peso y la descripción”.
La droga se destruye a través de concesiones a empresas de gestión de residuos
Las empresas encargadas de la destrucción de la droga incautada se encuentran en Asturias y Toledo a través de una concesión del ministerio del Interior. Según el digital El Independiente, estas concesiones cuestan al ministerio unos 300.000€ al año.
Según este mismo diario, la comisión encargada de gestionar la destrucción de la droga incautada no se plantea, por el momento, la construcción de una planta propia. Según recoge este diario las condiciones de financiación, mantenimiento y cumplimiento de la legislación ambiental hacen que una incineradora pública se plantee como un proyecto a medio-largo plazo.
