El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el anteproyecto de ley que transpone la directiva europea conocida como DAC8, una norma sobre criptoactivos que prevé arrojar más transparencia sobre los proveedores de criptomonedas y que contempla el posible embargo de estos activos.
- Segunda vuelta. Esta aprobación supone que el Gobierno da el visto bueno al texto y lo hace llegar al Congreso de los Diputados para que empiece con la tramitación parlamentaria habitual.
Contexto. El Gobierno presentó el anteproyecto de ley en septiembre del año pasado y no ha sido hasta este martes que ha salido de las manos del Ejecutivo para llegar a la Cámara Baja.
Los cambios. El objetivo de la norma pasa por reforzar la obligación de presentar información de los proveedores de criptoactivos, algo para lo que se modifican hasta cuatro leyes nacionales: la general tributaria, la del IRPF, la del impuesto de sucesiones o la de sociedades, entre otros. Con el fin de:
- Reforzar el control de los criptoactivos que se encuentran en el extranjero.
- Sustituir el concepto de moneda virtual por “criptoactivo”.
- Reconocer a las criptomonedas como bienes que pueden ser embargados.
Con esta norma se traslada el marco de comunicación de información sobre criptoactivos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que supone que los proveedores de criptoactivos tengan que intercambiar información sobre ellos, sean de usuarios residentes en España o no.
Sanciones. La directiva contempla sanciones en el caso de que se incumplan sus directrices. Multa de 200 euros para quienes no especifiquen la residencia fiscal del titular de una cuenta financiera o de 300 euros si se comunican datos falsos o incompletos sobre la residencia fiscal de los titulares o de la persona con el control de las cuentas.
La directiva. La norma que el Gobierno ha enviado al Congreso prevé transponer la directiva (UE) 2023/2226, un texto que modifica otra directiva anterior sobre cooperación administrativa en el ámbito fiscal, lo que supone aplicar cambios normativos a las obligaciones de tributación sobre criptomonedas y otros criptoactivos.
- En plazo. La fecha límite para que los Estados miembros transpongan esta directiva a su legislación nacional expira el 31 de diciembre de este año y en España tendrá que empezar a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
Próximos pasos. Después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el anteproyecto en segunda vuelta, el texto ha sido enviado al Congreso, donde comenzará su tramitación parlamentaria como proyecto de ley, donde puede sufrir modificaciones por parte tanto de la Cámara Baja como del Senado.
- Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
- Referencias del Consejo de Ministros
- Directiva (UE) 2023/2226
