La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, habló en una entrevista en El País de la situación de la Sareb, la sociedad de inversión inmobiliaria creada en 2012 por el PP: “Es el legado que nos dejó el PP, que fue una deuda de más de 50.000 millones que estamos reconvirtiendo en posibilidad de vivienda pública o de suelos”, afirmó.
Pero es engañoso. La Sareb se constituyó en 2012 con una primera suscripción de deuda de 50.781 millones de euros, pero esa cantidad se redujo en más de un 40% hasta 2018, el año en el que empezó a gobernar el PSOE.
- Las últimas cuentas (2024) de la empresa pública reflejan una cancelación de 14.851 millones de euros de deuda durante esos años hasta disminuir a los 35.930 millones de euros en 2018 (página 39).
- El propio Gobierno mencionó en otras ocasiones esa cifra de “35.000 millones”.
- A partir de 2018, la deuda siguió bajando hasta los 21.370 millones de euros en junio de 2024.
Un apunte. La creación de este banco surge como respuesta a la crisis inmobiliaria de 2008 y como un compromiso con la Unión Europea para el rescate económico de España.
- Ya en 2009, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se crearon las Socimi, sociedades pensadas para invertir en activos inmobiliarios para alquilarlos.
- Fueron, de hecho, el antecedente de la Sareb, como explicaba en el diario El Salto Manuel Gabarre, abogado especialista en delitos económicos del Observatorio CODE.
- “Las Socimi fueron concebidas para que los fondos de inversión internacionales comprasen los bienes inmobiliarios de los bancos quebrados, que estaban en una situación ruinosa”, detalla.
Contexto sobre la deuda de la Sareb. La idea de este “banco malo” era hacerse con los inmuebles y los activos tóxicos de las cajas de ahorros que habían quebrado por la crisis de 2008.
- Se constituyó durante el Gobierno de Rajoy, en 2012, y fue una de las condiciones para recibir ayuda de Europa.
- ¿Cómo funciona? Lo que hace es emitir deuda avalada por el Estado para poder comprar esos activos deteriorados (los paga con bonos del Tesoro) y minimizar las pérdidas de los contribuyentes.
- El Estado es, desde hace dos años, el accionista mayoritario.
