Interior destina 140.000 euros para la destrucción de plantaciones de marihuana incautadas durante un año

La semana pasada la Guardia Civil incautó el mayor alijo de marihuana envasada encontrado hasta el momento, un total de 32.370 kilogramos de droga en la Operación Jardines. Tras la incautación, llega la destrucción de la droga y el Ministerio del Interior tiene subcontratado este trabajo.

En este sentido, el Gobierno ha firmado un contrato anual de 139.150 euros hasta el verano de 2023 para desmantelar estas plantaciones de marihuana.

Un contrato anual para la destrucción de marihuana incautada

La Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, formalizó a finales de agosto un contrato para la destrucción de grandes plantaciones de marihuana incautadas. En concreto, es un contrato dividido en cuatro lotes según las zonas geográficas con mayor incidencia -provincia de Granada, Almería y Murcia, Madrid y provincias limítrofes, y Cataluña. 

En este caso, el lote dirigido a Madrid ha quedado desierto, por lo que el importe final adjudicado con impuestos entre el resto de lotes se acerca a los 140.000 euros, para un plazo de ejecución de 12 meses. Así, se han adjudicado dos lotes a Pedro Luis Ramírez Cueva – 102.850 euros – y un lote a la empresa Gil Forestal S.L., por 36.300 euros.

Desde el Ministerio del Interior explican a Newtral.es que el desmantelamiento de estas plantaciones es una obligación legal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Mientras en el caso de pequeñas plantaciones son los propios agentes los que se ocupan de su destrucción, en las de mayor tamaño “el procedimiento más idóneo es la contratación de empresas con los medios técnicos adecuados, siempre bajo la vigilancia y dirección de las propias fuerzas policiales”, apuntan desde Interior.

Problemas de logística y salud pública 

El Ejecutivo justifica en los pliegos del contrato que unos de los principales problemas que tiene respecto a la destrucción de marihuana incautada es la logística, debido al aumento de intervenciones. Según sus datos, en 2021 se intervinieron cerca de 3 millones de plantas en España, lo que supone un incremento cercano al 100% respecto a 2020.

Por otro lado, alegan que almacenar y custodiar la droga genera en muchos casos serios problemas para la seguridad y salud pública, al custodiar las plantas en comisarías o centros policiales, y la acumulación de estas plantas y el transcurso del tiempo incide en la alteración de los principios activos de estas sustancias tóxicas.

Así lo explica la Guía práctica de actuación sobre la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, que establece que, siempre que sea posible, la destrucción del alijo intervenido debe producirse al inicio mismo del procedimiento. 

Apuntan que su almacenamiento es innecesario e inútil, ya que su rápida degradación y putrefacción hace que sea imposible realizar nuevas determinaciones o análisis posteriores. Además, se trata de “bienes” que no podrán ser devueltos a la persona a quien se han intervenido independientemente de la sentencia, ya que el estado en que se encuentran a los pocos días de su incautación los convierte en inservibles.

[Así son los protocolos de análisis, custodia y destrucción de la droga incautada en España]