Desokupa, la empresa que se mueve en los límites de la legalidad para desalojar a los okupas

“Desde que empezamos en 2016 hemos llevado a cabo más de 7.000 desokupaciones con éxito. Somos la única empresa del sector recomendada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”. Así lo afirma Daniel Esteve, el fundador de Desokupa, una de las empresas más controvertidas y mediáticas dedicadas a intermediar con inquilinos para que desalojen o desokupen una vivienda. 

Según explican en su web oficial, los miembros de Desokupa son especialistas en “recuperar inmuebles mediante la mediación con okupas, inquilinos, precarios, comunidades de vecinos, pisos compartidos…”. Tienen un “departamento jurídico propio” y cuentan con equipos operativos distribuidos por toda España –incluido las islas Baleares y Canarias– y también en el extranjero. Afirman personalizar “una actuación específica para cada caso” y seguir un “protocolo a medida” que deciden “por consenso de los distintos expertos, dentro de la más rigurosa legalidad”. 

Pero ¿quién está detrás de Desokupa? ¿Qué opinan los cuerpos policiales de esta empresa? ¿Cumplen con la legalidad? Lo analizamos con expertos. 

Daniel Esteve: el fundador de Desokupa que destaca por su agilidad verbal y “jugar a la ley de la calle”

La empresa Desokupa fue registrada el 8 de agosto de 2016 bajo el nombre de Conciencia y Respeto 1970 SL por Daniel Esteve, que figura como administrador único. El objeto de la compañía, según marca el registro mercantil, son los “servicios auxiliares de la propiedad y explotación inmobiliaria; administración y gestión de fincas rusticas y urbanas; servicios integrales de auxilio en trabajos de metal; construcción; industria; jardinería; mantenimiento”.

Antes de constituirse como empresa, los servicios de Desokupa comenzaron a anunciarse en milanuncios.com, como recogen varios medios de comunicación como El Confidencial, con reclamos como este: “Desokupa. Empresa especializada en desempleos de pisos ocupados a la fuerza y ​​sin contrato de alquiler, métodos legales, en menos de 72 h recuperamos la vivienda, a toda la península. Eficacia en más del 90% de los casos”. 

Esteve, el fundador, es un barcelonés nacido en 1970 (53 años). Según detalla la página web de la empresa, cuenta con una larga trayectoria en el sector de la seguridad y es experto en varias artes marciales. Al mismo tiempo que destacan esta información para construir un perfil beligerante del dueño de Desokupa, la web indica que todo el proceso “se realiza hablando, sin ningún tipo de violencia y con la presencia de un abogado para garantizar que no se infringe la ley”. En una entrevista realizada en 2020, Esteve afirmó: “Nosotros nunca nos hacemos pasar por policías, ni llevamos documentación falsa. Jugamos a la ley de la calle, son nuestras armas”.

Aunque el fundador y su empresa llevan apareciendo en los medios desde hace años para espolear el problema de la okupación –el Ministerio de Interior registró en 2022 un 3,2% menos de denuncias por allanamiento de morada y usurpación de inmuebles que en el año anterior–, el fundador ha resurgido con las elecciones municipales y generales. Su actividad en Twitter, Instagram y Youtube se ha multiplicado para atacar a medios de comunicación, políticos y partidos de izquierda, okupas o inmigrantes. 

El operativo de Desokupa: control de acceso en los edificios okupados

Desokupa afirma que ha realizado 7.635 desocupaciones “dentro de la más rigurosa legalidad”. La verdad es que la empresa sabe cómo explotar los márgenes de la ley para devolver las casas a sus propietarios sin acabar en los tribunales. Así lo explican a Newtral.es la policía y los expertos consultados.

Como cuentan fuentes de la Policía Nacional, Desokupa no interfiere en su trabajo ya que los agentes necesitan de una orden judicial para actuar. Según su información, el trabajo de Desokupa se basa en establecer un control de acceso, esto es: el propietario de un inmueble contrata los servicios de la empresa para que controle a las personas que entran y salen del mismo. De esta forma, cuando el okupa sale del edificio, no puede volver a entrar. Según los agentes, esta actividad no es ilícita.

Tal y como indica Javier Fernández Teruelo, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Oviedo, los métodos de estas empresas se alejan de lo que sugiere la estética de sus miembros y su tipo de comunicación en redes sociales. “Son empresas de mediación que incluso pueden llegar a ofrecer dinero al ocupante para que se marche”. 

De hecho, no es fácil encontrar sentencias que demuestren que su actividad cruza la línea de lo legal. “Las que hay son la excepción, Desokupa tiene un equipo de abogados y saben hasta dónde pueden llegar para no tener problemas”.

Desokupa sortea el Código Penal

La clave se encuentra en el Código Penal donde existen dos delitos específicos que podrían incurrir los miembros de Desokupa: el delito de coacciones contra la libertad y contra la integridad moral. Ambos delitos tienen que cometerse con la gravedad suficiente como para ser llevados a los tribunales. “Normalmente requieren de una prueba médica que demuestre depresión o ansiedad, por ejemplo”, indica Teruelo. 

Solo en caso de tratarse de una okupación como la que se deriva de una subida de alquiler, que el inquilino se niega a asumir, o una sentencia judicial que no le da la razón al propietario, por ejemplo, el Código Penal contempla el delito en un grado menos intenso o “sin llegar a constituir trato degradante”, como indica el texto legal. Por tanto, solo en estos casos Desokupa podría ser denunciada, algo que no ocurre porque esta empresa actúa en casos de okupaciones ilegítimas. 

“Desokupa tiene su propio equipo jurídico que sabe cómo moverse en los grises de la ley”, indica Teruelo. “Tienen una imagen de macarras pero su trabajo consiste en negociar: se quedan en el límite de la legalidad pero sin traspasarlo: se juegan que le cierren la empresa”.