Las desigualdades en el acceso a la universidad ponen en el punto de mira una única EvAU para toda España

Los estudiantes de segundo de bachillerato o de ciclos de formación profesional tienen que hacer frente a un examen de acceso a la universidad (EvAU) cada año en el que se evalúan los conocimientos que han adquirido a lo largo de sus estudios. No solo eso, ese examen también determina la nota con la que podrán competir para acceder al grado universitario que deseen estudiar.

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El viernes 4 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las directrices generales que tienen que seguir las comunidades autónomas para diseñar los exámenes de acceso a la universidad. En esta orden ministerial se especifica, por ejemplo, el tipo de preguntas que pueden aparecer –de tipo test, semiabiertas o abiertas, como un comentario de texto–, o qué puntuación se les daría a cada una sobre el total del examen.

Pero un estudiante que se presente al examen en Galicia no tendrá las mismas preguntas que aquel que lo haga en Andalucía, aunque se examinen de las mismas materias que comparten. A pesar de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional determina los contenidos que los alumnos deben adquirir para superar la prueba, no especifica cuáles deben ser las preguntas que la conforman, ya que las competencias de Educación pertenecen a las comunidades autónomas, que son las que plantean en última instancia las preguntas del examen de acceso a la universidad.

Sin embargo, distintos expertos consultados por Newtral.es han cuestionado si este sistema de evaluación genera desigualdades, si es más fácil un examen en una comunidad autónoma que en otra o cómo repercute en los estudiantes a los que no les alcanza la nota para estudiar en su comunidad autónoma.

Las comunidades autónomas deciden las preguntas de los exámenes

Algo en lo que coinciden todos los expertos consultados es que sería muy complicado que existiera un examen único de acceso a la universidad cuando las competencias educativas pertenecen a las comunidades.

Para Andrés Escarbajal, profesor de Primaria, Pedagogía y Políticas de Inclusión de la Universidad de Murcia un acceso a la universidad pública española con los mismos criterios en todas las comunidades autónomas sería un buen modelo de evaluación, ya que sería inclusivo y equitativo. Además, Escarbajal señala que la homogeneización que plantea el Ministerio de Educación y Formación Profesional en los contenidos podría dar un paso más y establecerse también en la dificultad de la prueba para que no hubiera diferencias entre comunidades.

En esto coincide Jesús Miguel Jornet, catedrático de Medición y Evaluación Educativas de la Universidad de Valencia, que también apunta que cada comunidad autónoma funciona según sus peculiaridades, lo que puede dar lugar a desigualdades en el conjunto del país.

Pero Carmen Fernández, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, considera que las comunidades deben decidir sobre el examen ya que España es un estado descentralizado en el que se comparten las competencias de Gobierno en distintos niveles. “Hablar de una única prueba de acceso a la universidad es negar que tenemos un sistema de Gobierno coparticipado. Esto tiene que ver con que somos un Estado diverso, donde existen, entre otras cosas, lenguas propias, contextos y necesidades diferentes que hay que atender. Esto es lo que justifica que tengamos un modelo educativo descentralizado”, afirma Fernández.

Las desigualdades en el examen de acceso a la universidad también están presentes en una misma comunidad

Los argumentos a favor de unificar el examen de acceso a la universidad se basan en que de esa forma las oportunidades para los alumnos serían más homogéneas y no habría posibles desigualdades entre un estudiante de Extremadura y otro de Alicante. Jornet apunta a que este es uno de los objetivos que se establecen en las políticas públicas de cohesión social de la Unión Europea, y que sin ello “no se tienen las mismas oportunidades”.

Aun así, el examen de acceso a la universidad es una de las muchas partes desiguales de la educación. Por ejemplo, en las notas de corte de las universidades a las que los alumnos quieren acceder, o incluso antes, en la propia educación recibida en el colegio o instituto y en las condiciones sociales y económicas del estudiante y su entorno.

La nota que se obtenga en la EvAU tiene dos patas: un 60% de la nota sobre diez procede de una media entre el primer y segundo año de bachillerato, y el 40% restante se obtiene de la fase general del examen de acceso a la universidad. Al ser una nota sobre 14 puntos, los otros cuatro se pueden alcanzar con asignaturas específicas que el alumno haya escogido enfocadas al grado que quiera estudiar. Por ejemplo, si el estudiante obtiene un diez en uno de esos exámenes específicos, tendría dos puntos más que añadir a su nota.

Juan Carlos San Pedro, profesor de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo, opina que aunque se comente la posibilidad de que algunos centros “inflaran las notas de sus alumnos” y que la EvAU podía poner remedio a eso, no tiene por qué suceder: “La EvAU garantiza equidad, no igualdad absoluta”, apunta. 

Aunque Jornet señala que esto sucede, y que repercute en la nota final del alumno en el examen de acceso, ya que es un 60% de su evaluación. Una manera de solucionar esto sería a través de becas y ayudas, como apuntan varios expertos, como Fernández y Jornet, aunque este último añade que “muchas veces no llegan a todas las familias a no ser que su situación económica sea muy desfavorable”.

¿Examen de conocimientos o examen de aptitudes?

Enric Prats, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, explica a Newtral.es que existen otro tipo de exámenes de acceso a carreras específicas, como Magisterio, que pretenden evaluar las aptitudes de los alumnos y que se aplican en comunidades autónomas como Cataluña. 

Para Prats, este tipo de pruebas podrían ser sustitutivos del examen de acceso a la universidad de conocimientos generales, ya que según el experto estos se entienden como “una reválida, un examen de repaso” cuando son los que marcan la entrada o no de un estudiante a la universidad.

Para Carmen Fernández los exámenes de este tipo no deberían ser sustitutivos del tradicional examen de acceso a la universidad, sino complementarios. “Existe la posibilidad de que las universidades, en el ejercicio de sus competencias, también determinen que en ciertos títulos, como Medicina o Magisterio, pueda haber una prueba específica para valorar otras cosas del alumno, no solamente el rendimiento académico”. Además, San Pedro añade que “la nota dice cosas del alumno, pero no lo dice todo sobre él”.

¿Podrían ponerse de acuerdo los examinadores? La falta de estudios sobre las pruebas de acceso a la universidad lo complica

Un punto en común de la mayoría de los expertos consultados es que afirman que no existen datos suficientes, estudios o balances sobre las pruebas de acceso a la universidad. Es por esto por lo que homogeneizar los exámenes se vuelve un proceso aún más complicado.

Las comunidades autónomas redactan los exámenes con un panel de profesores, unos de bachillerato y otros de universidades, pero no existe comunicación entre los diferentes equipos de cada comunidad autónoma. San Pedro señala que los responsables de cada materia, como Matemáticas, Historia o Física, no tienen ni han tenido nunca reuniones de coordinación interterritorial. “La única manera de conocer el examen de otras autonomías –que están en las páginas web de las universidades responsables– es un ejercicio forense de buscarlos por tu cuenta y después hacerles la autopsia. En ese sentido, por ejemplo, habría mucho margen de mejora en la armonización y coordinación”, afirma San Pedro.

Sobre esto, Jornet explica a Newtral.es que existen directrices generales sobre cómo calificar, pero no hay estudios, o datos que permitan orientar pruebas más equitativas. “Es como si a un médico le pides que haga un diagnóstico sin un análisis de sangre, a los técnicos y profesores les faltan datos e información para ver cómo se encuentra el sistema de evaluación, y poder elaborar un indicador”.