La pandemia, la suspensión de los plazos judiciales y el ‘escudo social’ del Gobierno no ha evitado que en 2020 se realizaran 29.406 desahucios en España.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de publicar la cifra, que supone una reducción de un 45,6% en la ejecución de lanzamientos respecto al año anterior, cuando se registraron 54.006 desahucios.
Impago del alquiler, principal causa
“Las cifras han bajado, pero siguen siendo cifras muy altas”, remarca Marta Mendiola, portavoz de Amnistía Internacional en España. De hecho, el dato de 2020 es el más bajo de los últimos siete años, y la cifra ha ido cayendo desde 2014, cuando se alcanzó un pico de 68.091 desahucios.
La mayoría de los lanzamientos han tenido lugar como consecuencia del impago del alquiler (72%), y otra parte menor por ejecuciones hipotecarias (23,5%). Pero más allá de estos datos no hay cifras desagregadas por número de personas, sexo, edad u otras características, como reclaman las organizaciones, “y por lo tanto sigue sin verse el rostro humano de esas cifras”.
“Estas estadísticas muestran la necesidad urgente de contar con una ley estatal de vivienda que defina la misma como un derecho humano y establezca obligaciones ineludibles para las autoridades”, precisa la experta, que considera que “necesitamos una ley que blinde la vivienda como un derecho humano y que incremente las garantías de protección de las personas que enfrentan un desalojo”.
En Cataluña y Madrid se redujeron a la mitad
A la cabeza se encuentran Cataluña, con 5.737 lanzamientos; Andalucía, con 4.517; la Comunidad Valenciana, con 4.501; y Madrid, con 2.872. Juntas, estas cuatro comunidades suponen el 60% del total de lanzamientos.
Aunque en algunas comunidades la caída respecto a las cifras del año pasado se ha notado más que en otras, como en Cataluña o Madrid, donde se han reducido a menos de la mitad.
Un año de pandemia y sin un freno real a los desahucios
La primera ola de la pandemia y el confinamiento estricto de marzo y abril llevaron al Gobierno a suspender este tipo de procedimientos durante el estado de alarma. Pero el decreto no protegía a todos y los datos lo han demostrado.
El ‘escudo social’ que puso en marcha el Gobierno solo protegía a quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad derivada de la pandemia, pero no paralizó los desahucios de quienes ya estaban en esa coyuntura desde antes, dejando a muchos atrás.
[Las claves del número de desahucios pese a las medidas sociales]
Esto hizo que los lanzamientos pasaran de 9.665 en el primer trimestre del año a 1.383 en el segundo, una caída radical de un 85%. Sin embargo, las organizaciones como Amnistía Internacional, el CAES y Provivienda consideraron que esa caída no tuvo que ver con las medidas del Gobierno, sino con la paralización de la Justicia, que suspendió los plazos procesales hasta el 4 de junio, como explicó a Newtral.es Mendiola en aquel momento.
De hecho, en cuanto se instaló la ‘nueva normalidad’ y los plazos judiciales volvieron a su curso, el número volvió a aumentar hasta los 7.096 desahucios en el tercer trimestre.
A finales de año, y ante la presión de los colectivos, el Gobierno accedió a suspender todos los desahucios, aunque el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, dejó claro que se trata de una medida «excepcional» que solo estará vigente durante el estado de alarma, hasta el 9 de mayo de 2021.
La medida se aprobó el 22 de diciembre y tuvo poco impacto en las cifras, que en el cuatro trimestre volvieron a registrar un aumento hasta los 11.262 lanzamientos.
Fuentes:
- Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
- Marta Mendiola, portavoz de Amnistía Internacional en España
- Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, BOE
- Plan para la transición hacia una nueva normalidad, Moncloa
- Estados de alarma, Moncloa
- Consejo de ministros (22/12/2020), Moncloa
- Plataforma de afectados por la hipoteca, PAH
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