Derechos de vuelta al armario: lo que VOX propone para abolir las leyes trans y LGTBI en Madrid

Este jueves 16 de diciembre, la propuesta legislativa presentada por VOX en la Asamblea de Madrid, que contemplaba la derogación de las leyes LGTBI y trans de Madrid, no ha prosperado. Ha sido inadmitida a trámite tras no recabar la mayoría simple necesaria para que siga el trámite parlamentario correspondiente.

Antecedentes

El pasado octubre, el grupo parlamentario VOX en la Asamblea de Madrid registró una propuesta legislativa que, entre otras cuestiones, propone la derogación de dos leyes autonómicas que fueron aprobadas en 2016. Se trata de la ley trans y de la ley LGTBI: ambas habrían quedado derogadas de aprobarse esta propuesta normativa cuya admisión o no a trámite se debatió y votó el 16 de diciembre y que finalmente no ha salido adelante.

Actualmente en España hay aprobadas 17 leyes autonómicas específicamente LGTBI y/o trans, incluyendo las dos madrileñas. Son las normas de 13 comunidades autónomas: País Vasco, Galicia, Andalucía, Cataluña, Canarias, Extremadura, Madrid, Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón y Cantabria. De esas 17 leyes, 11 son para el colectivo LGTBI en su conjunto y 6, son leyes trans. Son 17 normas en total porque hay cuatro comunidades (Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid) que tienen tanto una ley LGTBI como una ley trans. Todas ellas han sido aprobadas en la última década.

El resto de comunidades autónomas —Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Asturias— no tienen en vigor una ley de estas características (ni trans ni LGTBI).

En el caso de Madrid, esta ha sido la primera comunidad en registrar en el parlamento autonómico una propuesta para derogar la ley LGTBI y/o trans regional ya aprobada. 

Derogación de la ley LGTBI en Madrid: VOX elimina los términos “identidad de género” y “orientación sexual”

Bajo el título de Ley de igualdad y no discriminación, la proposición, en su disposición derogatoria única, señala que quedarían derogadas la Ley 2/2016 de identidad y expresión de género (conocida como ley trans de Madrid) y la Ley 3/2016 de protección integral contra la LGTBIfobia (conocida como ley LGTBI de Madrid).

Además, propone un marco normativo contra la discriminación por motivos de “raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Así, lo primero que propone esta norma es la eliminación de un marco específico para la comunidad LGTBI, omitiendo, además, los términos “identidad de género” y “orientación sexual” del objeto de esta ley antidiscriminación. 

Saúl Castro, jurista, abogado y fundador de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, explica en conversación con Newtral.es que “la nueva ley define el derecho a la no discriminación omitiendo referencias a la diversidad sexual y de género”: “Ahora, las personas LGTBI entraríamos dentro de ‘condición o circunstancia personal’, diluyéndose la especial protección que se requiere y desapareciendo medidas específicas”, añade. 

Para Castro, “lo más llamativo es que gran parte tanto de la ley trans como de la ley LGTBI no está implementada o no del todo”. El doctor en Derecho Francisco Peña Díaz, especializado en derechos humanos de las personas LGTBI, coincide con este diagnóstico al apuntar que “una vez más, estamos reaccionando a la agenda de la extrema derecha en vez de tener una agenda proactiva”: “Necesitamos reglamentos y protocolos para que las leyes ya aprobadas sean efectivas”, añade.

Y lo mismo puntualiza Charo Alises, abogada especializada en delitos de odio LGTBI y responsable de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga, en conversación con Newtral.es: “La comunidad LGTBI se ve forzada a una exigencia de mínimos: salir a la calle para la no derogación de la ley LGTBI y la ley trans, ya aprobadas, en vez de exigir el cumplimiento de aquellos derechos que están en las normas pero que no se están garantizando”. 

Sin mención expresa a las terapias de conversión o a las mutilaciones a bebés intersex

La propuesta normativa de VOX no prohíbe ni la práctica ni la promoción de terapias de conversión en el sistema sanitario madrileño. Así, el artículo dedicado a la igualdad de trato en la ley LGTBI de 2016 indica expresamente que “en el Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, no se usarán terapias aversivas o cualquier otro procedimiento que suponga un intento de conversión, anulación o supresión de la orientación sexual o de la identidad de género autopercibida”.

Para ello, la ley contempla un régimen sancionador en su artículo 70, considerando la promoción o práctica de terapias de conversión como infracción muy grave, pudiendo conllevar una multa de entre 20.001 y 45.000 euros, además de alguna sanción adicional como la inhabilitación temporal. 

En la propuesta legislativa de VOX, este mismo artículo, el de igualdad de trato, no menciona en ningún caso la prohibición de las terapias de conversión, tampoco en ningún otro apartado de la norma. 

El abogado Saúl Castro señala que “a día de hoy, muchos casos ni siquiera se están investigando o hay una dilatación de los tiempos en el procedimiento administrativo que, de facto, implica un mal funcionamiento de esta supuesta garantía normativa”. Sin embargo, Castro destaca que la propuesta de VOX, a través de su disposición transitoria única, “los procedimientos en trámite de denuncias interpuestas a partir de 2016 decaerán”: “Esta propuesta señala que los procedimientos pendientes de sanción se regirán por el nuevo régimen sancionador. Y en ese régimen que propone VOX no aparecen las terapias de conversión, por lo que no serían sancionables”. 

Este abogado y jurista señala, además, que aunque la implementación de las leyes autonómicas trans y LGTBI en Madrid sean “mejorables”, “su existencia ya implica un marco garantista para que sociedad civil pueda exigir a través de procedimientos administrativos que se cumpla lo que dice la ley”: “Si desaparece, no podríamos exigir a la administración madrileña que se garanticen nuestros derechos por ningún tipo de procedimiento”, añade Castro.

Otra de las cuestiones que desaparece en el mencionado artículo sobre la igualdad de trato es la intervención quirúrgica a bebés intersex. Si la ley LGTBI madrileña indica que “no se practicará cirugía alguna tendente a modificar la anatomía sexual del recién nacido intersexual hasta que se autodetermine la identidad sexual”, la propuesta de ley de igualdad de VOX no hace ninguna mención. 

Esta práctica, conocida como mutilación genital intersexual, es para el jurista Francisco Peña Díaz “una de las cuestiones más prioritarias que se debe garantizar”: “Más allá de alertar de la desprotección que supone la eliminación en la propuesta normativa de VOX, debemos aprovechar para exigir que se implementen protocolos realmente eficaces y formación a personal sanitario en la realidad intersex para detener estas mutilaciones”, añade. 

Derogación de la ley trans en Madrid y los documentos administrativos autonómicos

Una de las cuestiones que establece la ley trans madrileña en su artículo 3 es que “las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género manifestada, con independencia de su sexo legal [que aparece en el DNI y cuyo cambio es competencia del Registro Civil, es decir, estatal], y así obrará la Comunidad de Madrid en todos y cada uno de los casos en los que esta participe”. 

Por ello, el artículo 7 regula la posibilidad de cambiar el nombre en documentos administrativos de carácter autonómico aunque una persona no haya realizado su cambio de sexo legal en el Registro Civil. “Esto implica que las personas trans tienen derecho a que se reconozca su identidad de género en la tarjeta sanitaria, en el carné de biblioteca, en el carné joven, en el abono de transporte, en el correo electrónico de la universidad y en las listas del profesorado…”, explicaba a Newtral.es el trabajador social Isidro García. 

Sin embargo, la proposición de ley de igualdad registrada por VOX no menciona ninguna de estas cuestiones, por lo que desaparecería la posibilidad de conseguir documentación administrativa expedida por la administración autonómica según el principio de autodeterminación de género. “Ese reconocimiento de la identidad de personas trans correría peligro porque se sustenta en la ley trans autonómica aprobada en 2016”, señala Francisco Peña Díaz. 

Además, como alerta el jurista Saúl Castro, “podría peligrar la existencia del Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI de la Comunidad de Madrid, que fue reforzado con la llegada de la ley trans de 2016”: “Todos los servicios que dispensa este programa, como el acompañamiento en la atención sanitaria a personas trans, podría quedar desmantelado”, añade.

De acuerdo con la última memoria (2020) del citado programa LGTBI, el 11% de las problemáticas planteadas por las personas trans usuarias de este programa madrileño son, precisamente, en relación a la asistencia sanitaria.

Como concluye Castro, “las medidas propuestas por VOX son tan inespecíficas que no protegen ni concretan nada, por lo que son irrealizables”: “Si no defines, estás vaciando de contenido el propio concepto de discriminación”.

*Este artículo ha sido actualizado el jueves 16 de diciembre de 2021 para incluir la sesión en la Asamblea de Madrid respecto a la propuesta legislativa de VOX