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Salud o votos en las elecciones vascas y gallegas
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Salud o votos en las elecciones vascas y gallegas

Los expertos consultados varían en cuanto a su postura sobre lo ocurrido con la gente a la que se le prohibió ir a votar en Galicia y País Vasco. Coinciden en criticar la falta de previsión de los organismos responsables a la hora de aprobar medidas para haber facilitado la votación de los infectados en sus casas.

Xunta de Galicia | Gobierno vasco

El pasado domingo tanto el popular Alberto Núñez Feijóo como el nacionalista vasco Iñigo Urkullu fueron reelegidos por los votantes de Galicia y Euskadi respectivamente para un nuevo mandato de cuatro años. Ambos ganaron con claridad y podrán gobernar con relativa facilidad dentro de la nueva normalidad en la que está sumido el país entero por la pandemia de la Covid-19. 

El virus fue protagonista de los comicios: hizo que la convocatoria para estos sufragios del 5 de abril, se retrasase al 12 de julio, la campaña fue inusual para todos los contendientes y las votaciones se hicieron entre medidas de higiene extremas en un momento en el que la desescalada nacional peligra por los nuevos rebrotes. Y en medio de todo esto, un grupo de personas no pudo ejercer su derecho a voto al serle prohibido salir de sus casas. Entonces, ¿salud o votos en estos comicios?

En Newtral.es nos hemos puesto en contacto con varios expertos en derecho constitucional para descubrir que cada uno tiene una postura propia sobre lo sucedido, pero una crítica común hacia los gobiernos por no haber tenido en cuenta que una situación de elecciones con votantes infectados de la COVD-19 podía ocurrir. 

“Desde el punto de vista jurídico el derecho de sufragio es un Derecho Fundamental y en este caso creo que no fue correcta la ratificación de la Junta Electoral Central (JEC)”, señala el profesor de derecho Daniel Berzosa.

Berzosa hace alusión a la decisión de la JEC de desestimar un recurso interpuesto por la coalición encabezada por En Marea contra la resolución que hizo pública la Junta Electoral de Galicia el 7 de julio y en la que se declaraba “incompetente” para suspender las elecciones en la comarca lucense de A Mariña, la más afectada por los rebrotes, dejándola así en manos de las autoridades sanitarias provinciales.

La coalición de izquierdas acudió entonces a la JEC, organismo que también desestimó el recurso interpuesto y dio la razón a la Junta Electoral de Galicia porque, dice el acuerdo, “debe entenderse que las medidas adoptadas por la Administración garantizan unas condiciones adecuadas de circulación para poder acudir a votar, con la salvedad de segmentos reducidos de población, por motivos sanitarios suficientemente justificados en el marco de la situación de pandemia en la que se están desarrollando las elecciones”.

Y, sigue: “debe entenderse, también, que la autoridad sanitaria ha establecido unas condiciones adecuadas para garantizar el derecho a la salud de los votantes, así como el de las diferentes personas que intervienen a lo largo del proceso electoral”.

El catedrático en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Lluís Pérez Francesch, también defiende que la actuación con los votantes infectados no ha sido la correcta. 

“Creo que esto se ha hecho muy mal porque estamos ante un derecho fundamental, que solo pueden ser limitados después de hacer muchas interpretaciones favorables a su ejercicio”, sostiene. 

Defiende que la JEC es “un órgano administrativo” y que nos encontramos “ante una vulneración flagrante del estado de derecho”.

Por otro lado, el también catedrático en constitucional por la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres, aboga por un “ejercicio responsable de los derechos”.

“La idea clave es que los derechos se tienen que ejercer responsablemente. Si estoy infectado tengo que cumplir ese deber cívico de no poner en riesgo la salud de los demás, aunque sea a costa de sacrificar un derecho fundamental mío. Es mucho más importante la salud y la vida de los demás”, defiende.

“Puedo tener un derecho fundamental, pero por encima está el deber ciudadano de no contagiar a los demás”, añade.

Críticas por la falta de previsión

Mayores facilidades desde los gobiernos para que los infectados pudieran haber ejercido su derecho al sufragio. Los tres expertos coinciden en este punto: falta de previsión. Una situación de la que ya fue advertido el gobierno vasco al preguntar a la JEC por las dificultades planteadas para el ejercicio de las solicitudes del voto por correo.

El mismo Torres comenta que la cuestión con los enfermos de COVD-19 “tendría que haberse regulado con antelación suficiente” y apunta a una mayor facilidad en el voto por correo o “una recogida de voto domiciliario”.

Pérez Francesch, desde Barcelona, llama al estado a “espabilar” para “facilitar el ejercicio de los derechos, no para prohibir”.

“¿Hay que tener esta enfermedad para no ir a votar? ¿Y si uno tiene el cólera puede ir a votar? Hay que ser responsable, pero no es un problema solo de responsabilidad del ciudadano (…) sino que el estado tiene que actuar con responsabilidad y respeto hacia las personas y no de entrada prohibir”, apunta.

Por su parte, el profesor Berzosa también sostiene que, frente a la decisión de no votar “la opción correcta hubiera sido, en los tiempos en los que estamos es, al ser pocos, facilitar que esa gente pudiera votar”.

“A lo mejor se podía haber dado esa alternativa en el siglo XXI en el que estamos o ampliar el plazo para voto por correo de estas personas, o proveerles de aparatos para votar”, apunta.

Fuentes:

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