Así surgió el déficit tarifario, la ‘hipoteca eléctrica’ que nació en la época de Aznar y aumentó con Zapatero

déficit tarifario
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El rifirrafe a cuenta de la subida de la luz durante la primera sesión de control al Gobierno del curso político en el Congreso de los Diputados sacó a colación a un viejo conocido en el sector eléctrico español: el déficit tarifario

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En concreto, fue el diputado del Partido Popular Guillermo Mariscal, quien, durante su intervención, hizo referencia al estado en el que se encontraba esta deuda al finalizar el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: “En 2011 nos dejaron 27.000 millones de euros de déficit tarifario, lo que supone un pago en factura anual de 2.500 millones de euros”.

También aludió a esta ‘hipoteca eléctrica’ su compañera de bancada Cuca Gamarra, quien reprochó al Gobierno que “cada vez que gobierna el Partido Socialista, el sistema eléctrico entra en déficit y la electricidad sube. La vez pasada acumularon una deuda de 27.000 millones de euros que estamos pagando entre todos en cada recibo de la luz y encarecieron la luz un 60%”.

Pero ¿a qué se refieren exactamente cuando hablan del déficit de tarifa del sistema eléctrico? Te lo explicamos.

¿Qué es el déficit de tarifa eléctrica?

Los expertos Natalia Fabra, profesora de Economía en la Universidad Carlos III, y Jorge Fabra, expresidente de la Comisión Nacional de la Energía, definieron el déficit de tarifa eléctrica en el artículo El déficit tarifario en el sector eléctrico español como “la diferencia entre los derechos de cobro reconocidos a las compañías eléctricas y lo ingresado a través de las tarifas eléctricas reguladas”. 

Es decir, es el desfase entre lo que cuesta generar y transportar la electricidad y lo que pagan los consumidores por la luz. La diferencia que resulta de ese cálculo es el dinero que los españoles adeudan a las empresas eléctricas. Javier Colón, CEO de Neuro Energía, resume la situación: “Las empresas vendían por debajo de coste y se les reconoció esa deuda”.

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¿A cuánto asciende la deuda en la actualidad?

Según los últimos datos ofrecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) referentes a cierre de 2020 y publicados en febrero de este año, la deuda eléctrica asciende a 14.294 millones de euros, un 13,9% menos que en 2019. 

La anualidad de la deuda de 2020 fue de 2.710,3 millones de euros, una cifra que los consumidores abonan mes a mes, tal y como refleja la factura de la luz en el apartado de cargos. Para 2021, la anualidad estimada es algo menor, de 2.464,5 millones €.

¿Cuál es el origen del déficit tarifario?

Para entender cuándo surgió el déficit tarifario hay que remontarse a los primeros años de mandato de José María Aznar. En concreto, a 1997. Ese año se aprobó la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, que supuso el inicio del proceso de liberalización de la generación y comercialización de la energía eléctrica, en sintonía con lo que dictaba Bruselas.

Esta nueva norma alumbró el mercado mayorista de la electricidad del que forma parte España junto al resto de países de la Unión Europea. Allí se negocia el precio de la energía en función de la demanda que necesita el país, tal y como explicamos en este artículo en Newtral.es. Hasta ese momento era el gobierno de turno el que determinaba los precios.

No obstante,  antes de que comenzara este proceso de liberalización, en 1988, durante el mandato de Felipe González, el Gobierno inició la privatización de Endesa.

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La regla de Rodrigo Rato 

Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, explica a Newtral.es que la liberalización del mercado supuso que a partir del año 2000 se incrementara el precio del kilovatio hora. Para evitar que esas subidas impactaran mucho en el bolsillo del ciudadano, el entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, estableció en el Real Decreto 1432/2002 que la factura de la luz no podría subir más del IPC, pese a que los costes de generar la electricidad eran mucho mayores. “Lo que hizo fue falsear el precio de la luz”, agrega el secretario de FACUA. 

A juicio de Sánchez, en aquella época el recibo de la luz debió de haber subido. Sin embargo, no lo hizo. Esta situación generó un débito con el sector eléctrico. La deuda comenzó a acumularse. “A ningún gobierno le gusta incrementar el precio de un producto que consume todo el mundo, ya que genera impopularidad”, agrega José Luis Sancha, experto en sistema energético, profesor de la Universidad Politécnica de Comillas y autor del libro Presume de entender (a fondo) las facturas de la luz y del gas.

Los decretos de Rodríguez Zapatero

Cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder, en el año 2004, se encontró con este problema. Sin embargo, “no hace nada, más allá de introducir ligeros cambios”, especifica Sánchez. En concreto, durante su primera etapa aprobó el Real Decreto Ley 7/2006 de 23 junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector energético y que modifica algunos párrafos de la Ley 54/1997 y añade algunas disposiciones. Entre ellas, que “el Gobierno, para el cálculo de la tarifa media que apruebe, podrá fijar los límites máximos anuales al incremento de dicha tarifa, así como los costes a considerar”. 

Otra de las normas de la época fue el Real Decreto 662/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. “Lo que se establecía en estas normas eran las primas a las renovables”, señala Javier Colón, CEO de Neuro Energía. 

En 2008, aprueba el Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica y el Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, por que se establece la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica para instalaciones puestas en servicio a partir del 1 de enero de 2008. En 2009,se pone en marcha el bono social. Además, a lo largo de sus dos legislaturas en la Moncloa también modificó la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico en más de 10 ocasiones.

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Sin embargo, a pesar de esas normativas, durante su gobierno ese déficit no dejó de crecer hasta superar los 26.000 millones de euros, tal y como recogen los medios de la época. 

La solución de Mariano Rajoy

Mariano Rajoy decidió atajar el problema. Aprobó la ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, cuya última actualización se publicó el 15 de septiembre de 2021. En el punto 3 del artículo 19 señala que “la parte del desajuste que, sin sobrepasar los citados límites, no se compense por subida de peajes y cargos será financiada por los sujetos del sistema de liquidación [los consumidores] de forma proporcional a la retribución que les corresponda por la actividad que realicen”. Es decir, esto significa que son los consumidores quienes asumen esa deuda.

¿Cuál ha sido la evolución de este déficit a partir de 2013?

En 2014, el sistema registró por primera vez un superávit por importe de 550,3 millones. Esta situación se repitió durante 2015, 2016, 2017 y 2018, si bien cada año en menor cuantía. El superávit agregado que se ha generado desde 2014 hasta 2018 alcanzó los 1.687,5 millones euros, según los datos ofrecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Durante los años 2019 y 2020 el sistema registró déficit. Sin embargo, según lo establecido en la orden TED/952/2020 se ha procedido a aplicar parcialmente el superávit del sistema eléctrico para cubrir los desajustes temporales y las desviaciones transitorias entre ingresos y costes de los ejercicios 2019 y 2020. Por tanto, las cifras de ambos años quedan en 0, aunque los datos de 2020 son provisionales todavía. La CNMC señala que “concretamente, se transfirieron 527,65 millones de euros para que el ejercicio 2019 finalizará en equilibrio, y un total de 506,2 millones en la liquidación provisional nº 10 de 2020, que han incrementado hasta el 84,96% el índice de cobertura de la liquidación provisional nº 10”. En total, 1.034 millones.

¿Cuándo se dejará de pagar?


Según las estimaciones de la CNMC, esa deuda se dejará de pagar el 31 de diciembre de 2028.

2 Comentarios

  • Sí, así es como surgió, a través de un reconocimiento sin la más mínima transparencia en donde “la diferencia entre los derechos de cobro reconocidos a las compañías eléctricas y los ingresado a través de las tarifas eléctricas reguladas”, se aceptan pero no se justifican. Ni sabemos el coste de producción (por lo que resulta un misterio asumido el reconocimiento de la diferencia a partir del que los españoles pagan sin saber porqué) ni sabemos si las concesiones realizadas a cargo de la transición a la privatización estaban debidamente justificadas. No existen los datos al alcance de técnicos y especialistas que puedan explicar y justificar la situación. La única relación evidente es la relación entre políticos que entonces asumieron el reconocimiento y su contratación posterior por dichas empresas, como un hecho natural y asumible. Aparte de los detalles de cómo ocurrió, es imprescindible la justificación objetiva de su razón de ser.

    • Es de señalar que aparte de todo esto no se habla de la moratoria nuclear, y su incidencia, lo verde esta muy bien pero no todos pueden pagar la decisión de unas personas que viven de P.M. y que otros no quieren explicar.