Los expedientes recibidos por el Defensor del Pueblo sobre cuestiones relacionadas con la sanidad y el empleo se han triplicado en el último año 2020.
La crisis generada por la COVID-19 y sus efectos en distintos ámbitos son las causas que señalan desde la institución para justificar este aumento, según su último informe.
Por el contrario, otros temas han dejado de ser tan frecuentes entre las quejas y solicitudes de los ciudadanos.
Los expedientes relacionados con el medio ambiente fueron de los más recibidos por la institución durante 2019, mientras que en 2020 se registraron la mitad al pasar de 1.423 a 683.
[Defensor del Pueblo: al servicio de los ciudadanos y las libertades públicas]
El Defensor recibió en total un 42% más de expedientes
Este organismo encargado de preservar “la defensa de los derechos y libertades” tramitó un total de 29.335 expedientes durante 2020. Esta cifra supone un aumento del 42% respecto al año anterior. De estos, 28.020 fueron quejas, 406 investigaciones de oficio y 909 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y amparo.
Por su parte, la institución formuló a las diferentes administraciones un total de 1.447 resoluciones. De las cuales, 536 fueron recomendaciones, 482 sugerencias, 425 recordatorios de deberes legales y 4 advertencias.
En la siguiente tabla se muestran los expedientes recibidos por el Defensor del Pueblo en 2019 y 2020 según el área de actuación.
Justicia, empleo y migraciones, las principales preocupaciones
Los asuntos relacionados con la administración de la Justicia han liderado las preocupaciones de los ciudadanos. Los expedientes de este ámbito han alcanzado los 4.439, llegando casi a duplicar los del año anterior. Desde el Defensor apuntan al aumento de los retrasos provocados por la pandemia como principal motivo.
“En 2020, la Justicia, entendida como servicio público, ha padecido los problemas derivados del cierre de las oficinas judiciales y de la suspensión de los plazos procesales hasta principios de junio.
El Defensor ha tramitado numerosas quejas que han puesto en evidencia que los conocidos retrasos de la Administración de Justicia se han visto agravados por la pandemia”, señalan desde la institución.
Las quejas y sugerencias relacionadas con el empleo y la Seguridad Social han sido las segundas más numerosas, llegando a las 3.493.
En este sentido, una de las recomendaciones que el Defensor hizo al Ministerio de Trabajo fue el reconocimiento de la prestación por desempleo a los trabajadores en situación de pluriactividad en el momento de la declaración del primer estado de alarma, la cual fue rechazada.
Desde la institución también se iniciaron actuaciones ante la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, y dio recomendaciones para mejorar la gestión de la prestación extraordinaria por desempleo por ERTE y la comunicación entre los ciudadanos y dicho organismo.
En este caso la recomendación fue aceptada por el ministerio.
Hasta el triple de expedientes recibidos por el Defensor del Pueblo que en 2019
Las migraciones (2.716), la educación (2.579) y la sanidad (2.183) han sido otros temas que han tenido gran importancia, aumentando en los tres casos los expedientes respecto a 2019.
Desde la institución destacan que debido a la crisis sanitaria se incrementaron los problemas de sobreocupación en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), especialmente en el de Melilla. Por este motivo, el Defensor solicitó al Ministerio del Interior el traslado de las personas más vulnerables a la península, siendo aceptada parcialmente.
También como consecuencia de la pandemia, se registraron numerosas quejas sobre la educación a distancia por parte de las familias. Principalmente, se denunciaba la falta de acceso a la red o de dispositivos de conexión para poder continuar con el curso escolar telemáticamente.
En el ámbito estrictamente sanitario, las quejas abarcaban cuestiones como la escasez de camas, de personal y de respiradores, además del material de protección necesario para el personal sanitario.
Más adelante, los expedientes que recibió el Defensor del Pueblo se centraron en el cierre de los ambulatorios locales, el retraso de citas para consulta, pruebas y operaciones, el acompañamiento de pacientes hospitalizados y los protocolos de realización de pruebas de detección del virus y el retraso en obtener resultados.
Entre las actuaciones que la institución llevó a cabo se encuentran las iniciadas con las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas. El objetivo era “conocer el esfuerzo de reorganización de sus recursos para detener la expansión de la epidemia y determinar aspectos de mejora”. Tal y como indican, le trasladaron al Ministerio de Sanidad las cuestiones relevantes que reflejaban las quejas y requerían una respuesta regulatoria o coordinada.
0 Comentarios