Defensa ha suspendido, hasta nueva orden, la adjudicación de un contrato de 18 millones de euros (IVA incluido) para adquirir repuestos de los vehículos blindados BMR y VEC del Ejército de Tierra. Las dos empresas, que quedaron finalistas en la competición por este acuerdo marco de Defensa, alegaron tener el 100% de su plantilla a personas con discapacidad. El motivo de esta suspensión es que la empresa que perdió el contrato recurrió la adjudicación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC), provocando que Defensa paralizara la adjudicación hasta que este se resuelva.
La que presentó el recurso fue la UTE (Unión Temporal de Empresas), entre Defensa y Logística Aplicada y MISD, según señaló la misma empresa a este medio. Esta sociedad alegó que toda su plantilla eran personas con discapacidad, a pesar de que el año anterior al contrato, no tenía ningún empleado en plantilla, según sus cuentas anuales publicadas en el Registro Mercantil.
La suspensión se firmó el 16 de febrero, apenas un día después de que Newtral.es publicara la información sobre este contrato, que al final acabó resolviendo el desempate entre ambas empresas con el número de la lotería.
¿Por qué se suspende la adjudicación? Tal y como se menciona en el documento donde se anuncia que se suspende la adjudicación, esta decisión del organismo contratante (Defensa), se ampara en el artículo 53 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Este artículo establece que una vez interpuesto el recurso, si este es sobre una adjudicación, el procedimiento queda automáticamente suspendido. “Significa que la empresa que ganó el concurso público no puede firmar el contrato hasta que el TARC resuelva el recurso, fallando a favor o en contra”, señala Javier Vázquez Matilla, abogado experto en contratación.
Dos empresas reconocieron a Defensa tener el “100% de trabajadores fijos con discapacidad”
Como ya informó Newtral, fueron cinco las empresas que participaron en la licitación de Defensa. Todas obtuvieron la máxima puntuación, según recogen las actas del organismo contratante en la página 2. Ante esto, la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra decidió deshacer el empate, eligiendo a la que tuviera mayor plantilla con trabajadores con discapacidad.
- Se produjo un segundo empate, entre dos empresas que alegaron a Defensa tener el 100% de su plantilla con discapacidad, la UTE DLA-MISD, que presentó el recurso y la adjudicataria final del contrato, Maxim Invest Solutions. Una sociedad que se constituyó meses antes de la licitación, por lo que se desconoce el número de empleados que tiene.
Los administradores de ambas sociedades son directivos multados en 2023 por amañar licitaciones públicas de Defensa. En el caso de la empresa ganadora del concurso, Maxim Invest es Antonio Eduardo Molina Baltanas, un directivo multado por formar un cartel de contratación.
Por otra parte, la UTE DLA-MISD está administrada por Sergio Hernando y Óscar Agudo; ambos multados el año pasado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por participar en un cártel para repartirse contratos de Defensa.
La sociedad que recurre la adjudicación de Defensa, no tenía empleados un año antes del contrato
La sociedad mercantil que ha presentado el recurso, a pesar de alegar ante Defensa, tener una plantilla con el 100% de empleados con discapacidad, un año antes del contrato, tenía cero empleados en plantilla. Así lo corroboraban sus cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil.
A pesar de no tener trabajadores, en 2022 su cifra de negocio era de 176.928 euros y cerró el año con unos beneficios de 57.644 euros, según sus Aparte de las dos licitantes. En el caso de la empresa ganadora del concurso, tiene un capital suscrito de 3.000 euros, pero al no haber cerrado su año contable, se desconoce su cifra de negocios y beneficios.
La empresa que recurre la adjudicación tendría que haber multiplicado por 21 su cifra de negocio para llegar a los 5 millones
No obstante, como ya contaba este medio, según los pliegos del contrato de Defensa, las empresas licitantes deben de tener un volumen mínimo anual de negocios de 3.719.008,26 euros por cada lote para participar en el contrato. En el caso de licitar a varios lotes, esta cifra corresponde a la suma de una anualidad media más la mitad, por lo que el volumen ascendería a 5.578.512.
Se desconoce la cifra de negocio de la empresa ganadora del concurso, pero teniendo en cuenta la cifra anual de negocio de la empresa que ha recurrido la adjudicación (176.928 euros en 2022), en 2023 tendría que haber multiplicado su volumen de negocio por 21 para poder cumplir con este requisito. No obstante, Newtral no pudo confirmar este dato, al no estar subidas en el Registro Mercantil las cuentas del año pasado.
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