Hay iniciativas que necesitan una mayoría simple para salir adelante. Otras, una mayoría cualificada. Y solos unas pocas, unanimidad. En paralelo, hay propuestas que tienen una aplicación directa una vez aprobadas (las leyes). Y otras, que son meramente simbólicas, como las declaraciones institucionales del Congreso.
Estas últimas son emitidas por el pleno o por una comisión a propuesta de los grupos para dejar constancia de la postura del Congreso sobre un tema en concreto y, como tal, requieren del apoyo de todos las formaciones parlamentarias para aprobarse. Así, como ha ocurrido esta semana con un texto sobre el Día Mundial contra el Sida, con que haya una sola que se oponga, el comunicado cae en saco roto.
El pero de Vox. El PSOE había impulsado un texto en el que se reafirmaba el compromiso de la Cámara para que el VIH “deje de ser un problema de salud pública en 2030” en línea con uno de los objetivos marcados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Una agenda que para Vox es “totalitaria” y, por lo tanto, rechazable.
Vox ya apoyó una declaración institucional con referencias a la Agenda 2030
El grupo de ultraderecha ha justificado su no al texto por el Día Mundial del Sida por las referencias que contenía a la Agenda 2030. Sin embargo, en noviembre de 2020 sí aprobaron una declaración institucional que buscaba cumplir con las metas establecidas por la ONU.
Fue en la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso con motivo del Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Según el diario de sesiones, todos los grupos reafirmaron su compromiso “con el objetivo formulado por las Naciones Unidas y la Comisión Europea de reducir el número de muertes y lesiones graves en un 50% en la década 2021-2030, con vistas a alcanzar la Visión Cero en 2050, así como con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030”. Vox incluido.
Declaraciones institucionales aprobadas: la mayoría, sobre salud
Aunque en esta ocasión no ha sido posible el acuerdo en el Congreso, en lo que llevamos de legislatura la Cámara ha aprobado 15 declaraciones institucionales; la última, sobre los afectados por el volcán de La Palma.
Como demuestran los datos, la mayoría de las cuestiones que generan unanimidad están relacionadas con la salud y suelen emitirse por conmemoraciones, como los días mundiales por una causa. Así, se logró el consenso respecto a la fibromialgia, las enfermedades raras o los trastornos de salud mental, entre otros. También, sobre las ‘personas desaparecidas sin causa aparente’, las víctimas de accidentes de tráfico o los derechos humanos en general.
Cuando el acuerdo en el Congreso no fue posible
El consenso ha sido imposible, sin embargo, en lo relativo a las mujeres y el feminismo. Y siempre con un patrón común: el veto de VOX. Ocurrió con el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia (febrero 2020) y el dedicado a la violencia machista, tanto este año como el anterior.
El partido de ultraderecha, sin embargo, también ha visto frustradas sus intenciones de que la Cámara emitiera una declaración institucional sobre la agresión sufrida en febrero de 2020 por Juan Guaidó que solo apoyó el PP. Los populares, por su parte, sufrieron el veto de Unidas Podemos y el PSOE cuando quisieron condenar la violencia en las protestas contra la entrada en prisión del rapero Pablo Hásel, según recoge Europa Press.
Los temas sobre los que hubo consenso: de la condena a los atentados de ETA a la devolución del Guernica
Desde la legislatura constituyente (1977-1979), el Congreso ha aprobado 282 declaraciones institucionales, ya sea en el pleno o en las diferentes comisiones. Fue en el periodo entre 2008 y 2011 donde se produjeron más acuerdos en este sentido, hasta 42.
Además de las conmemoraciones y las efemérides, el Congreso ha empleado las declaraciones institucionales para mostrar su rechazo a los atentados cometidos por ETA. También para reconocer figuras como la del expresidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo o el premio Nobel de la Paz Andrei Sajarov; e, incluso, para apoyar la candidatura de una ciudad española a algún evento internacional: de los Juegos Olímpicos de Madrid 2016 al Campeonato de Ciclismo en Ruta de Ponferrada en 2013.
Mención aparte merece el caso del Picasso. Era 1977 cuando la Cámara baja se adhirió a la resolución del Senado que exigía el envío del ‘Guernica’ a España para cumplir con las últimas voluntades del pintor. Pablo Picasso dejó dicho que el cuadro, que se encontraba depositado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, fuera trasladado a nuestro país únicamente cuando se instalara un “Gobierno democrático”.
Por ello, las primeras Cortes elegidas libremente tras la dictadura pidieron de forma unánime al Gobierno de Suárez que “por las vías más adecuadas e inmediatas” solicitara la devolución del cuadro al MOMA. Cuatro años después, el lienzo aterrizaría en Madrid tras un periplo de reticencias, duras negociaciones e imprevistos. En palabras del entonces ministro de Cultura, supuso el regreso del “último exiliado”.
Fuentes:
- Congreso de los Diputados: buscador de iniciativas
