La suspensión de desahucios aprobada por el Gobierno para familias vulnerables −que sigue vigente hasta agosto− no ha logrado evitar que se produjeran 10.961 desahucios en el primer trimestre del año, una media de 122 desahucios al día, según ha publicado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El dato supone un 13,4% más que el año anterior, aunque la cifra de 2020 incluye la suspensión de los plazos judiciales que tuvo lugar entre el 14 y el 31 de marzo por la primera declaración del estado de alarma.
El mayor aumento se ha producido en los desahucios de inquilinos, que representan un 72% de todos los lanzamientos realizados en los primeros tres meses de 2021.
Así, los desahucios por el impago de hipotecas también aumentaron respecto al año anterior, aunque en menor medida. Los 2.548 lanzamientos practicados como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria suponen un 6,5% más que el año anterior.
Estos lanzamientos se han producido pese a que el Gobierno mantiene la protección para familias vulnerables.
Murcia, la comunidad con una mayor tasa de desahucios
Murcia, Baleares y Canarias son las comunidades que registran una mayor tasa de desahucios el primer trimestre del año. En la primera se produjeron 39 desahucios por cada 100.000 habitantes, cuatro veces más que en País Vasco, la comunidad con el menor índice.
Una protección que no alcanza para todos
En abril, el Consejo de Ministros aprobó una moratoria de la suspensión de los desahucios hasta el 9 de agosto de 2021. Sin embargo, los colectivos consideran que estas medidas, aunque positivas, no son suficientes.
Así lo explica la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH): “En su día lo celebramos como un avance histórico en la protección de familias vulnerables pero que tachamos de poco ambiciosa".
"No es una suspensión total de desahucios sino en ciertas casuísticas, dejando sin protección a algunas personas”, explican.
[Las claves del número de desahucios pese a las medidas sociales]
En marzo, tras la declaración del primer estado de alarma, el Ejecutivo aprobó una garantía para personas o familias cuya vulnerabilidad era consecuencia de la COVID-19, pero después amplió la protección para quienes su situación de vulnerabilidad era anterior a la pandemia.
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