Desde 2019 hasta 2022, el Gobierno ha destinado siete millones de euros en realizar exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil. Estos datos se desprenden de una petición de información realizada por Newtral.es a través del portal de Transparencia. La solicitud estaba dirigida al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y en ella se preguntaba cuántas exhumaciones, en relación con la Guerra Civil, ha realizado el Gobierno, así como el coste de estas y las empresas que participaron en los trabajos. La adjudicataria que más encargos de exhumaciones recibió estuvo involucrada este año en una polémica por incluir en un informe a miembros de ETA como víctimas “de persecución policial”.
La solicitud fue respondida por la Dirección General de Memoria Democrática (dependiente de Presidencia). Según se desprende de ella, el proceso de exhumación comprende un conjunto de intervenciones que se recogen en el Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura que se aprobó por el acuerdo del Consejo de Ministros el 23 de septiembre de 2011.
Según este protocolo, el proceso de exhumación se inicia con una investigación preliminar, continúa con una intervención arqueológica y una investigación forense de restos humanos, que puede incluir labores de identificación genética, para terminar con un informe final y la determinación sobre el destino de los restos.
En la respuesta de Memoria Democrática se incluye el número de exhumaciones de la Guerra Civil y su coste durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022. Sin embargo, en el caso de las entidades contratadas, solo se facilitó una información parcial, ya que, según expresan, no está disponible en formato accesible y exigiría realizar una labor ingente de búsqueda, clasificación y agrupación de datos.
Añaden que desde 2020, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática tiene dos mecanismos de financiación de este tipo de intervenciones a través del reparto de fondos presupuestarios a las comunidades autónomas y a través de una subvención nominativa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Aclaran que en ambos casos Presidencia solo aporta el presupuesto, mientras que los proyectos son realizados por empresas contratadas por las respectivas administraciones territoriales.
La mayor adjudicataria de exhumaciones de la Guerra Civil estuvo involucrada en una polémica por incluir a miembros de ETA como víctimas “de persecución policial”
A pesar de no poder aportar la información desglosada sobre los adjudicatarios, explican que sí disponen de los datos de los años 2018 y 2019 porque ya los tenían elaborados. Según los datos, la mayor adjudicataria fue la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que recibió 35.924,90 euros en total por dos proyectos: por un lado, trabajos de exhumación de los enterramientos de la Guerra Civil en San Pedro de Cardeña (Burgos), y por otro, trabajos de exhumación y estudio antropológico de la fosa n.º1 en el cementerio de Nerva (Huelva).
Esta sociedad estuvo involucrada en una polémica en abril de este año, cuando el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra de Galdakao denunció que en la web Galdakao Oroimena, dedicada a la recuperación de la memoria histórica y elaborada por Aranzadi a instancias del Consistorio vasco, aparecían fichas de las víctimas de ETA de la localidad y también de terroristas como Xabier García Gaztelu ‘Txapote’ y Jon Bienzobas, a quienes clasificaban como afectados por "otros sufrimientos", dentro del apartado de "víctimas de persecución policial, exilio por miedo a torturas o aplicación de política penitenciaria de excepción", según contó Cadena Ser.
Actualmente, la página web del proyecto de Aranzadi no deja ver su contenido, y en su lugar se ha colgado un mensaje que explica que no estará disponible "temporalmente" a petición de la propia sociedad científica.
Aranzadi precisó en un comunicado que esta clasificación no parte de una elaboración unilateral de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ya que utilizaron de base el Informe de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013) de la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno vasco. Según indicaron, en el documento se diferenciaba entre tres agentes victimarios posibles: ETA y otros grupos armados, Estado y FCSE, y grupos parapoliciales y de extrema derecha. “Esta clasificación no parte de una elaboración unilateral de la Sociedad de Ciencias Aranzadi”, dijo en el comunicado la adjudicataria de las exhumaciones de la Guerra Civil.
En el escrito añadieron que sus investigaciones partían “de un consenso político previo de todos los grupos políticos con representación municipal en cada uno de los municipios” en el que uno de los criterios era “incluir no solo a víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos, sino también personas afectadas por otros hechos derivados de la violencia de motivación política”.
- Solicitud de acceso a información pública Expediente 00079121
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