Cuántos tribunales internacionales hay y de qué se encarga cada uno

La protección de los derechos humanos, el desarme, el delito internacional, las migraciones, los problemas de nacionalidad o el uso de la fuerza, así como comercio internacional y el desarrollo sostenible, son competencia del derecho internacional, encargado de definir las responsabilidades legales de los Estados en sus relaciones entre ellos y del trato que debe darse a los individuos dentro de las fronteras estatales, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por ello, hay varios tribunales internacionales que contribuyen a la aplicación del derecho internacional en el mundo. 

La justicia internacional permite, además de resolver las controversias entre Estados, garantizar la rendición de cuentas por algunos de los delitos más graves, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra. A las víctimas de este tipo de crímenes, en ocasiones, se les niega la justicia por falta de voluntad política para investigar los delitos y procesar a los responsables, por la debilidad de los sistemas de justicia penal de algunos países y por la marginación social de muchas de las víctimas, según indica Amnistía Internacional. 

Por ello, los mecanismos de justicia internacional pueden intervenir para contribuir al derecho internacional humanitario, garantizar que los crímenes sean debidamente investigados, que los responsables comparezcan ante la justicia y que las víctimas obtengan reparación por los daños sufridos. Repasamos qué tribunales internacionales existen y cuáles son las competencias de cada uno de ellos.

Corte Internacional de Justicia: principal órgano judicial de la ONU y del mundo

Cuando dos Estados están en desacuerdo sobre el trazado de su frontera o se disputan ciertos espacios marítimos, cuando un Estado alega que otro ha violado un tratado u otra regla de derecho internacional o cuando la ONU o alguna de sus agencias necesita una opinión sobre un asunto de naturaleza jurídica, pueden dirigirse a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), como se indica en este vídeo de la Corte. 

Este tribunal internacional, establecido en 1945 por medio de la adopción del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia -parte integral de la Carta de las Naciones Unidas-, se constituye como el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del mundo. Al no ser una Corte penal, no puede juzgar a individuos, solo a Estados y, en este sentido, todos aquellos Estados que sean miembros de la ONU reconocen automáticamente la existencia de la Corte y pueden hacer uso de sus servicios.

Es la sucesora de la Corte Permanente de Justicia Internacional, establecida de conformidad con el Pacto de la Sociedad de Naciones, que trató 29 casos contenciosos entre Estados y emitió 27 opiniones consultivas entre 1922 y 1940. La CIJ también desempeña ahora una doble misión: el arreglo de controversias entre Estados y los procedimientos consultivos. 

Por un lado, se encarga de resolver, de conformidad con el derecho internacional, las disputas jurídicas presentadas por los Estados. Tales controversias pueden referirse, en particular, a cuestiones como la soberanía territorial, el no uso de la fuerza, la violación del derecho internacional humanitario, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la toma de rehenes, las relaciones diplomáticas, el derecho de asilo, la nacionalidad o los derechos patrimoniales. 

Por otro lado, la Corte también se encarga de emitir opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas planteadas por los órganos autorizados de la ONU y sus organismos especializados. Tales opiniones permiten aclarar las formas en que dichas organizaciones pueden funcionar legalmente o fortalecer su autoridad en relación con sus Estados miembros, según recoge el Palacio de la Paz de La Haya, Países Bajos, donde se encuentra la sede de la CIJ. 

La CIJ está compuesta por 15 jueces de diferentes países -debiendo ser independientes-, elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU por un período de nueve años y pueden ser reelegidos. Cada tres años se procede a la renovación de un tercio de su composición. La jueza estadounidense Joan E. Donoghue es la actual presidenta, cargo que debe ser elegido por sus compañeros cada tres años. 

La Corte Penal Internacional: juzga a individuos que han cometido genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión

Como resultado de un largo proceso de deliberaciones dentro de la ONU, en 1998 se adoptó el Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional (CPI), otro de los tribunales internacionales que existen. Desde 2002, este órgano judicial independiente se encarga de investigar y juzgar a individuos acusados de cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, considerados como los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional. Además, a partir de 2017, los Estados Partes decidieron activar la jurisdicción de la CPI sobre el crimen de agresión tras el consenso adquirido en 2010 durante la celebración de la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en Kampala, Uganda.

Habiendo sido establecida como la primera corte penal internacional permanente del mundo, con sede en La Haya, Países Bajos, la CPI participa en la lucha mundial para poner fin a la impunidad, tratando de que los responsables rindan cuentas por sus delitos y ayudando a evitar que estos crímenes vuelvan a ocurrir. No obstante, se trata de un tribunal de última instancia que complementa a los tribunales nacionales, por lo que únicamente podrá actuar cuando la jurisdicción nacional no esté dispuesta o no sea capaz de perseguir un delito que se encuentre en la esfera de su competencia.

Se otorga competencia cuando el Estado del lugar del hecho o de la acción es Estado Parte del Estatuto de Roma, aunque un Estado no Parte que sea el del lugar del hecho o del autor puede aceptar la competencia ad hoc en un caso concreto. Estos requisitos de competencia se aplican en aquellas situaciones en las que un caso es remitido a la Corte por un Estado Parte o en que la Fiscalía investiga como órgano independiente de la Corte. Asimismo, el Consejo de Seguridad de la ONU puede referir determinados casos al Fiscal de la CPI, lo que otorga automáticamente la competencia a la Corte. 

Hasta el momento, se han presentado 31 casos ante este tribunal internacional, algunos de ellos con más de un sospechoso. Los jueces de la CPI han emitido 38 órdenes de arresto y, gracias a la cooperación de los Estados, 21 personas han sido detenidas en su centro de detención y han comparecido ante la Corte. En total, los jueces de la CPI han dictado 10 condenas y 4 absoluciones. 

En la CPI hay 18 jueces elegidos por la Asamblea de los Estados Partes, que cumplen con mandatos no renovables de nueve años. Entre ellos, eligen al Presidente de la CPI, que actualmente es el jurista polaco Piotr Hofmański, y a dos Vicepresidentes, que encabezan la Corte. 

La CPI también cuenta con un programa de protección de testigos y víctimas, quienes, además, están muy presentes durante el proceso judicial y cuyas voces son escuchadas en la sala de este tribunal internacional.

Tribunal Internacional del Derecho del Mar: resuelve controversias relativas a la delimitación de zonas marítimas o la preservación del medio ambiente marino

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y que entró en vigor en 1994, es ahora una entidad independiente con acuerdos especiales de cooperación con la ONU. Con sede en Hamburgo, Alemania, tiene jurisdicción para resolver cualquier controversia que surja de la interpretación y aplicación de la Convención, así como todos aquellos asuntos específicamente previstos en otros acuerdos en los que se le confiera competencia. 

El tribunal está abierto a los Estados Partes en la Convención y, en algunos supuestos, también a empresas estatales y entidades privadas. Las disputas relativas a la Convención suelen versar sobre la delimitación de zonas marítimas, la navegación, la investigación científica marina, la protección y preservación del medio ambiente marino o la conservación y gestión de los recursos vivos del mar.

Pero además de tener jurisdicción contenciosa, también tiene jurisdicción consultiva, pudiendo emitir opiniones consultivas sobre las cuestiones jurídicas que se planteen dentro del ámbito de actividades de la Asamblea o del Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

Este tribunal internacional está compuesto por 21 miembros independientes elegidos por los Estados Partes de la Convención por medio de votación secreta por un período de nueve años, pudiendo ser reelegidos. Los mandatos de un tercio de los miembros expiran cada tres años. La composición del tribunal debe asegurar la representación de los principales sistemas jurídicos del mundo, con una distribución geográfica equitativa. El actual Presidente es el sudafricano Albert J. Hoffmann y el Vicepresidente, el islandés Tomás Heidar. 

El Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales: encargado de las funciones esenciales de los antiguos Tribunales Penales Internacionales para Ruanda y la ex Yugoslavia 

El Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales fue establecido en 2010 por el Consejo de Seguridad de la ONU para llevar a cabo una serie de funciones que antes realizaban los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda -ahora desempeñadas en la sucursal del mecanismo en Arusha (Tanzanía) desde 2012- y la ex Yugoslavia -ahora desempeñadas en la sucursal del mecanismo en La Haya, (Países Bajos) desde 2013-, manteniendo así el legado de estos dos tribunales ad hoc pioneros.  

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU para enjuiciar a los responsables del genocidio de Ruanda de 1994. Desde su apertura en 1995, este tribunal acusó a 93 personas y se constituyó como el primer tribunal internacional en emitir veredictos en relación con el genocidio y en reconocer la violación como un medio para perpetrar el genocidio. Su cierre formal tuvo lugar en 2015. 

Por su parte, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia también fue un tribunal de justicia de las Naciones Unidas que, en este caso, se ocupó de los crímenes de guerra perpetrados durante los conflictos en los Balcanes en la década de 1990. Durante su mandato, entre 1993 y 2017, el tribunal acusó a 161 personas, 91 de las cuales fueron sentenciadas. 

Tribunales híbridos: comprenden aspectos nacionales e internacionales para territorios que han sufrido un conflicto

Como alternativa a los costosos tribunales ad hoc y como forma de complementar los esfuerzos de la CPI, desde 1999 también se han creado varios tribunales híbridos. Estos tribunales suelen crearse mediante un tratado entre el Estado y la ONU, como sucedió con el tribunal especial para Sierra Leona y las cámaras extraordinarias para Camboya. No obstante, también pueden ser impuestos de manera coercitiva por el Consejo de Seguridad de la ONU por razones de paz y seguridad, como ocurrió con las cámaras especiales para Timor Oriental y las jurisdicciones mixtas en Kosovo, así como en Líbano y en Bosnia-Herzegovina.

Después de un conflicto, los tribunales nacionales pueden sufrir problemas sistémicos como la corrupción, la falta de acceso a la justicia o la representación legal inadecuada, como señala la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por este motivo, los tribunales mixtos, que comprenden aspectos tanto nacionales como internacionales, operan dentro de la jurisdicción en que se produjeron los delitos y en ellos suele comparecer un número simbólico de inculpados de delitos especialmente graves como los crímenes de guerra o de lesa humanidad.
Se trata de una forma de hacer justicia particularmente atractiva, como explica el Observatorio de Derecho Internacional, al suponer un menor costo en comparación a los tribunales penales internacionales ad hoc y por la herencia constructiva que dejan en la estructura nacional del país en el que intervienen, muchas veces precaria.