Trabajo estima en 19.000 millones de euros el coste de los ERTE hasta julio

El próximo 30 de septiembre expira la última prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo como figura reformada para funcionar como un mecanismo de protección del mercado laboral frente a los estragos de la pandemia por la COVID-19.

Un año y medio después de su entrada en vigor, los ERTE anticrisis covid le han costado a España un total de 19.064 millones de euros, según los datos del Ministerio de Trabajo. Al finalizar el mes de agosto, la Seguridad Social informó que todavía 272 mil personas siguen recibiendo esta prestación contributiva. De acuerdo a varios expertos consultados por Newtral.es esta prestación decaerá, ya que no podría ser sostenible a largo plazo por la presión que representa para las arcas fiscales. 

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Sin embargo, colectivos y organizaciones sociales consideran que debido a las condiciones económicas actuales es necesaria una nueva prórroga. “Lo que estamos viendo es que la recuperación, si bien ha llegado de forma general, no ha llegado para todos”, apunta Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Autónomos (ATA).

Esta postura la comparte también la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO). “Esta medida tiene que acompañar todo el proceso, hasta que se consiga reactivar el total de la actividad y con ello de todos los puestos de trabajo”, asegura Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de la CCOO.

1.049,93 euros, el gasto medio por beneficiario al mes de julio

Cuando en medio de la pandemia en 2020, se anunciaba la aplicación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo como un mecanismo de protección del mercado laboral, ingresaron 2.565.930 de trabajadores a esta modalidad en abril, solo un mes después en mayo, la cifra se disparó a 3.390.788 empleados que requirieron acogerse al ERTE para salvaguardar su puesto de trabajo. En estos meses el gasto medio por beneficiario fue de entre 1074 y 1129 euros respectivamente.

En los meses que siguieron, la cantidad de perceptores ha ido bajando y se ha ido estabilizando conforme avanza la recuperación de la actividad económica en el país. Desde octubre hasta la actualidad, la cifra ha rondado el millón de personas y, el gasto medio por beneficiario actualmente se ha situado en 1049,93.

En cuanto a la distribución geográfica, la tendencia de las comunidades con mayores beneficiados se mantiene desde el inicio de aplicación de la medida en 2020. Cataluña, Andalucía y La Comunidad de Madrid concentran el mayor número de perceptores.

A julio de 2021 en Cataluña, 103.534 personas siguen acogidas al ERTE, en Andalucía 70.316, y en la Comunidad de Madrid, 89.557, según información que detallan los registros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Los ERTE ya existían antes de la pandemia

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo no son un mecanismo laboral nuevo, ya existían en la legislación española desde hace décadas. Están amparados en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, y se refieren a una suspensión temporal del contrato o a la reducción de las horas de trabajo. 

Estos modelos fueron aplicados en crisis económicas previas como en la de 2008, y otros Gobiernos como el de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y el de Mariano Rajoy en 2012 los han ido modificando para aplicarlo de acuerdo a las circunstancias del momento. En el caso de los actuales ERTES, debido a la premura de la situación, también se los modificaron para hacerlos más flexibles y así poder responder ante la inesperada paralización de actividades laborales debido a la pandemia.

En un principio, la medida duraría hasta el mes de septiembre de 2020, pero se ha venido prorrogando su aplicación. A finales de mayo pasado, se anunció una última extensión hasta el 30 de  septiembre de 2021. Ignacio García, investigador y rector de la Universidad de Andalucía, apunta a que los ERTE han cumplido con su objetivo. “Han sido muy importantes para evitar una mayor destrucción del empleo y, sobre todo, para evitar un cierre masivo de empresas”. indica el experto a Newtral.es.

Según una investigación realizada por García y la catedrática Victoria Osuna, los ERTE evitaron una subida de la tasa de paro a niveles superiores al 25 y 30 por ciento durante el 2020, sin embargo, señalan medidas como estas puedan generar “peso muerto” que puede ser significativo en el mercado laboral. 

“Los esquemas de protección de este tipo tienden a hacer que se mantengan empleos poco productivos que deberían desaparecer”. señalan y proponen como alternativa un cambio en las reglas de contratación y despido en España, aún más en la última fase final. “Sería deseable que los incentivos económicos asociados a los ERTE se ligaran en mayor medida al reciclaje profesional de los trabajadores en ERTE y a la incorporación al trabajo de los mismo en una proporción de la jornada cada vez mayor”, afirma García.

¿Son aplicables a largo plazo?

La naturaleza de los ERTES prevé un amortiguamiento en el mercado laboral para soportar el shock de demanda o de un periodo de baja actividad, y esto se ha evidenciado en el transcurso del último año. Ahora bien, García y Osuna consideran que esta medida no podría ser sostenible a largo plazo pues genera una gran tensión en las arcas públicas debido a que el Estado debe cubrir mensualmente una elevada factura y deja de percibir gran parte de las cotizaciones bonificadas.

En su momento, el Banco Central de España estimó que los ERTES le costaría a España 6 mil millones de euros, pero un año y medio después de su entrada en vigencia, esta cifra se ha inflado a más del triple: 19.064 millones, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo.

Por otro lado, gremios y organizaciones sindicales consideran que debido a las condiciones laborales actuales de España es necesario prorrogar este mecanismo. En agosto, las Oficinas del SEPE informaron que, aunque han registrado una reducción del paro en los últimos meses, todavía más de 3 millones de personas están desempleadas.

Celia Ferrero, vicepresidenta de la ATA admite que con el avance de la vacunación ha existido una recuperación económica, pero que esta “no ha sido para todos” dice Ferrero, por lo cual considera que el Gobierno debe extender las prestaciones y ayudas. “Mientras que no haya una situación de normalidad completa, mientras se sigan produciendo rebrotes de la pandemia, haya restricciones y no se recupere la actividad a los niveles de 2019 se deben seguir manteniendo los instrumentos como el ERTE y el cese de actividad”. señala. 

Por su parte, la CCOO asegura que sería contraproducente levantar por completo las ayudas  a sectores aún debilitados por la crisis. “En estos momentos mantener en situación de ERTE a las personas que no se hayan podido activar ya no tiene prácticamente impacto fiscal y, en realidad, tendrían un coste mayor si esas personas fueran despedidas y pasarán a cobrar su prestación por desempleo, que supondría no solo un coste económico, sino también social”, concluye Mari Cruz Vicente. 

Al momento, la extensión de los ERTE se estaría evaluando para aplicarse al sector del turismo, luego de una reunión que mantuvo el pasado 2 de septiembre la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y representantes de ese sector.