El 29 de octubre de 2024 quedará grabado en la memoria de los valencianos como uno de los días más trágicos de la Comunitat. Una dana—depresión aislada en niveles altos— descargó en apenas unas horas una cantidad de lluvia sin precedentes, provocando riadas y fuertes inundaciones en una jornada frenética para los valencianos y los servicios de emergencia. En este especial por el aniversario de la dana, repasamos la cronología de las horas críticas de una jornada cuyas consecuencias se extienden hasta la actualidad. 

Las consecuencias de la dana

Las consecuencias de esta intensa jornada son difíciles de medir de forma precisa, al causar el temporal estragos tanto materiales como personales y emocionales. Sin embargo, la información disponible tras un año del suceso permiten hacerse una idea del impacto que tuvo la dana en la Comunidad Valenciana.

Un fenómeno fuera de toda previsión. Aunque el temporal descargó de forma intensa tanto a la provincia de Valencia como a la de Castellón, con 337 municipios afectados a lo largo de 14.760 km², su incidencia fue mucho mayor en los territorios valencianos. En ellos, se tuvo que declarar el estado de emergencia para 103 municipios, según la información de la Generalitat. Si bien los episodios de lluvia torrencial son frecuentes en la Comunidad Valenciana, ni en las peores previsiones del Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico se preveían unas inundaciones de semejante magnitud.

La magnitud de la dana fue tan imprevisible que no solo no debería haber sucedido solo una vez cada 500 años, sino que según las últimas investigaciones, en algunas zonas como la Rambla del Poyo se alcanzaron periodos de retorno cercanos a los 4.000 años.

La gran magnitud del evento también se pudo ver en otros caudales más allá del Poyo, en los que se pasó de no contener agua a superar los umbrales de alerta más altos en unas pocas horas e, incluso, en solo unos minutos.

Colapso de las emergencias. Esta sucesión de lluvias torrenciales y desbordamientos llevó a la saturación de los servicios de emergencias valencianos. Durante la jornada del 29 de octubre se produjeron 19.821 llamadas al 112, correspondientes con 4.770 incidentes diferentes. La gran mayoría de ellos fueron rescates, especialmente según iban pasando las horas del día, como muestra el registro de llamadas e incidencias aportado por la Agencia de Seguridad y Emergencias durante el juicio de la dana.

El colapso de la red de emergencias se pudo ver también en el tiempo de respuesta de las llamadas realizadas al 112. Ante la falta de efectivos para cubrir todas las necesidades, el tiempo medio de espera telefónico se situó en 22 segundos, 12 por encima del tiempo de respuesta deseado. Asimismo, el 112 valenciano también establece como cifra ideal de respuesta atender como al menos el 97% de las llamadas recibidas. Se trata de un objetivo que se pudo superar en todos los meses, con la excepción de octubre, donde el nivel de respuesta bajó hasta el 88,9%.

• Ojo. Estas cifras se corresponden con todo el mes de octubre, no solo con el día 29, por lo que al tratarse de una media cabe esperar que los tiempos de espera de las llamadas fuesen aún mayores, y la tasa de respuesta todavía más baja.

El coste humano. La consecuencia más trágica de la capacidad destructiva de la dana, unida al colapso de los servicios de emergencias, es el impacto humano de la catástrofe. En Valencia, más de 300.000 personas se vieron afectadas directa o indirectamente por el temporal, el 69% de ellos residentes de solo diez municipios. Pero la peor parte se la llevaron los más de 2.500 heridos y, sobre todo, los 229 fallecidos y sus allegados. 

Casi dos tercios de estas víctimas mortales tenían más de 60 años. Como ya dejaba ver el registro de emergencias, la mayoría de personas que necesitaban ser rescatadas tenían una edad avanzada, asociada en muchos casos a problemas de movilidad.

El coste económico. La dana del 29 de octubre se ha situado también como la catástrofe natural con un mayor coste económico asociado, según el Consorcio de Compensación de Seguros. Hasta 2023, el evento que más dinero costó al Consorcio fueron las inundaciones de 1983, con 1.000 millones de euros. El temporal de Valencia quintuplicó este desembolso.

La mayor parte de las compensaciones terminaron en los municipios de las inmediaciones de la Rambla del Poyo, al ser los más afectados por los desbordamientos. Solo los habitantes de Paiporta y Catarroja han percibido indemnizaciones que superan los 600 millones de euros, en la mayoría de casos para paliar los destrozos causados en las viviendas. Como consecuencia, en municipios como Paiporta la mitad de las víctimas fallecieron dentro de sus propios hogares.

La Generalitat, por su parte, ha registrado 215.000 solicitudes para las diferentes ayudas que tiene en marcha, habiendo abonado 471 millones de euros a los damnificados. Las lluvias torrenciales y riadas afectaron a 141.000 vehículos, de los cuales el 85% se declararon siniestro total. Por ello, el 40% de las solicitudes a la Generalitat son para obtener ayudas relacionadas con los vehículos. Una vez más, los vecinos de Algemesí, Catarroja y Paiporta son los que más solicitudes han registrado, percibiendo un mayor volumen de ayudas (más de 70 millones de euros para cada municipio).

El Gobierno nacional, si se excluyen los datos del Consorcio de Compensación de Seguros, ha registrado 202.000 solicitudes para las diferentes ayudas planeadas, de las cuales 94.637 (un 47%) ya han sido finalizadas. El importe total de estas ayudas se sitúa en los 2.757 millones de euros.

Viviendas inspeccionadas y derribadas. La vicepresidenta primera de la Generalitat informó a EFE en enero que el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) había inspeccionado 9.500 edificios. De ellas, 1.458 se declararon inhabitables (algunas temporalmente), y se determinó que 305 edificios necesitaban ser derribados total o parcialmente. Estas cifras no se han vuelto a actualizar desde comienzos de año. El IVE, ante las preguntas de Newtral, ha indicado tener directrices de no proporcionar información a la prensa sobre este asunto, dejando el tema en manos de la Consejería Primera de la Generalitat, de quienes no hemos obtenido respuesta.