Afganistán: Expertas subrayan los errores de la crisis de refugiados sirios de 2015 para evitar repetirlos

“La mayor crisis de desplazamiento global desde la Segunda Guerra Mundial”. Así describía la Agencia de Refugiados de la ONU (ACNUR) en 2016 la crisis de refugiados en Europa, es decir, la llegada de algo más de un millón de personas al continente el año anterior, en 2015, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (IOM). Una crisis que había comenzado años atrás, en 2011, al estallar la guerra en Siria.

La mayoría de ellas entraron por vía marítima, y la mayoría de ellas “eran solicitantes de asilo y no inmigración irregular”, como explica a Newtral.es Gemma Pinyol-Jiménez, directora de Políticas Migratorias en Instrategies e investigadora del grupo interdisciplinar sobre migraciones de la Universidad Pompeu Fabra. 

Pinyol-Jiménez considera relevante la diferenciación entre ambos conceptos de cara a evaluar la gestión europea en esta crisis humanitaria que acontece desde 2015, año en el que, según la OIM, llegaron a Europa algo más de un millón de personas sobre todo de Siria (50,2%) y Afganistán (20,2%): “Una de las cosas que ha hecho la Unión Europea ha sido construir una narrativa que mezcla dos cuestiones diferentes: por un lado, la migración de personas en situación irregular y, por otro, la llegada de personas refugiadas. De esta forma, la UE ha implementado políticas que permitían abordar la crisis humanitaria con medidas contra la inmigración irregular”. 

Esta experta en migración y asilo habla desde un punto de vista del Derecho Internacional, en tanto que las personas refugiadas, a diferencia de los migrantes en situación irregular, podrían acogerse a un régimen específico de protección internacional (asilo). Algo que según Pinyol-Jiménez se determina “examinando cada caso” y que estaría recogido en la Convención de Ginebra y su Protocolo del 31 de enero de 1967.

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Crisis humanitaria en la UE
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El jurista y doctor en Derecho Francisco Peña Díaz cuestionaba en este análisis publicado en la Revista Electrónica de Asuntos Internacionales la calificación de “crisis de refugiados” en Europa al considerar que la gestión no ha estado a la altura teniendo en cuenta que en la UE “se encuentran algunos de los Estados más desarrollados, seguros y estables del mundo, y que la inmensa mayoría de los refugiados del planeta son acogidos actualmente por Estados considerados como ‘en vías de desarrollo’”.

Peña Díaz, en su texto, señala que lo ocurrido “tiene su origen en políticas de control de fronteras, asilo y migración deficientes, inmersas en una lógica securitaria frontalmente opuesta a la inmigración irregular y que no responden a los valores de la Unión Europea”. Gemma Pinyol-Jiménez opina del mismo modo al señalar que al “tratarlo todo como si se tratase de inmigración irregular, se ha podido disfrazar el relato”: “Nadie diría: ‘Vamos a luchar contra los solicitantes de protección internacional y que se queden en el mar’, sino ‘vamos a luchar contra la inmigración irregular’. Pero lo que ha pasado es lo primero”. 

Ya en abril de 2015, el Consejo Europeo se reunió de forma extraordinaria “para evitar que sigan produciéndose muertes en el mar”, tal y como consta en su declaración. Sin embargo, el Consejo Europeo volvía a insistir en la prevención de “los flujos de migración ilegal”, así como en “mejorar la cooperación con Turquía”. 

2015: Crisis de refugiados en Europa

Precisamente unos meses después, en marzo de 2016, se firmó la Declaración UE-Turquía que, como explica Amnistía Internacional (AI), se acordó “que todas las personas que llegaran irregularmente a las islas del Egeo, incluidas las solicitantes de asilo, serían devueltas a Turquía”. Además, añade AI, “Turquía se comprometía a impedir que la gente saliera de su territorio en dirección a Europa” y a cambio, “la UE, entre otras cosas, ha dado a Turquía miles de millones de euros para mantener a la población refugiada que vive en el país”.

A día de hoy, apunta la ONG, Turquía alberga a 4 millones de personas refugiadas, de las cuales 3,6 millones proceden de Siria. 

A este acuerdo entre la UE y Turquía se sumó la decisión de Grecia de obligar a quienes entraban al país a través de las islas a permanecer en campos de refugiados hasta que se resolvieran sus solicitudes de asilo. Blanca Garcés, investigadora del área de Migraciones en el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), explica en conversación con Newtral.es que se trata de un doble fórmula “para evitar que los refugiados llegasen a los Estados miembro”: “Se ha combinado la externalización del control de fronteras con la externalización de acogida de refugiados”. 

Así, hay países que funcionan como “Estados tapón”, en palabras de Garcés: “Controlan los flujos migratorios para evitar salidas y llegadas”. Algo que podría repetirse con la crisis desencadenada en Afganistán: “La Unión Europea sigue fundamentando sus políticas en la colaboración con los países de tránsito. La respuesta de la UE ante lo que acontece en Afganistán es que los refugiados afganos deben quedarse en los países vecinos, es decir, Pakistán e Irán”, apunta la investigadora del CIDOB.

Sin embargo, como señala Garcés, “el problema es que, por ejemplo, el Gobierno de Pakistán ya ha dicho que no iba a acoger más refugiados y el Gobierno turco tampoco quiere seguir cumpliendo este papel de guardián y de prisión de los refugiados que la UE no quiere recibir”. 

La política europea en este contexto conlleva “un sufrimiento terrible”, señala a Newtral.es Reem Musa, asesora de Asuntos Humanitarios en Médicos Sin Fronteras (MSF): “En los campamentos en Grecia, donde las personas están contenidas esperando a que se evalúe su solicitud de asilo, las personas están sufriendo consecuencias físicas y mentales hasta el punto de que hay intentos de suicidio y autolesiones”, añade. 

En relación con Afganistán, Musa recuerda que “las personas seguirán cruzando el mar huyendo de su país y los Estados miembro de la UE tienen la obligación legal de brindarles buenas condiciones de acogida y de protección”. Por ello, apunta esta asesora de MSF, “en lugar de centrarse en cómo detener a estas personas o en cómo evitar su llegada, los líderes europeos deberían centrarse en cómo ayudarlas”. ¿Cómo? Un primer paso a corto plazo sería “aumentando los canales seguros y legales para llegar a Europa”, así como “mecanismos de asilo más justos y transparentes”. 

Paloma Favieres, portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), explica en conversación con Newtral.es que esta organización lleva semanas “pidiendo corredores humanitarios”: “No podemos dejar que con Afganistán pase lo mismo que con Siria: gente muriendo por intentar huir”. Favieres recuerda, además, que “el tráfico de personas es la consecuencia de la ausencia de vías que no son seguras y legales”.

Así se ha incumplido el acuerdo de reubicación de 160.000 refugiados

Una de las políticas que la Unión Europea se comprometió a llevar a cabo en septiembre de 2015 fue la de reubicación de refugiados asentados en Grecia e Italia. En total, 160.000 personas refugiadas debían ser reubicadas en los diferentes Estados miembro a lo largo de los dos siguientes años. Sin embargo, el último reporte al respecto, de 2017, indica que pasados esos dos años, la UE había reubicado a 27.700 refugiados. Es decir, menos de un 20%. 

“El reparto se hizo de acuerdo a unos criterios objetivos de tamaño de la población (40%), PIB total (40%), la media de las solicitudes de asilo presentadas en los cuatro años anteriores (10%) y la tasa de desempleo (10%)”, explica a Newtral.es María Isabel Nieto, investigadora y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.

Nieto señala que aunque el mecanismo de reubicación es vinculante de acuerdo con las decisiones del Consejo, “países como República Checa, Hungría y Polonia han sido sometidas a procedimientos de infracción por incumplir las reglas de la Unión Europea en el reparto de refugiados”: “Lo que se suelen alegar los Estados que lo incumplen es que afecta al mantenimiento del orden público y a la salvaguarda de la seguridad interior de los países. Y lo que dice el Tribunal de Justicia de la UE es que los estados deben cumplir con sus obligaciones”, añade. 

Para Gemma Pinyol-Jiménez esta sería la verdadera crisis humanitaria: “Si 28 países ricos [en referencia al acuerdo de reubicación de 2015] toman una decisión para atender a 160.000 personas, que es un número pequeño además, y no son capaces de hacerlo, tenemos un problema de gestión muy serio y un problema ético y de solidaridad”.