El coste de Radar COVID: 50 euros por código introducido en la aplicación

Introducir un código en la aplicación Radar COVID cuesta aproximadamente 50 euros, si hacemos un balance entre los datos acumulados de códigos introducidos por los usuarios desde su implementación en agosto de 2020 y los contratos adjudicados para su desarrollo, que ascienden a más de 3,8 millones de euros.

Estos códigos son los que el personal sanitario facilita a aquellos que son positivos en COVID-19 para que de forma voluntaria lo introduzcan en la app de rastreo y así pueda notificar a otros usuarios que han tenido contacto con alguien que se ha contagiado. En total se han introducido 75.539 códigos en el sistema desde el 19 de agosto de 2020 hasta el 12 de septiembre de 2021. 

Los contratos de Radar COVID a Indra 

El 15 de junio de 2020 se adjudicó el primer contrato para el diseño, desarrollo, piloto y evaluación de la aplicación Radar COVID, que fue formalizado por 330.537,52 euros (con IVA) con la compañía Indra. 

Unos pliegos que tardamos en ver ya que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital denegó la información a Newtral.es para garantizar la confidencialidad y no comprometer intereses de Indra. Seis meses después enviaron parte de la documentación, como contamos aquí. 

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Radar COVID
La ventana tecnológica perdida con la pandemia

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Nueve meses después del primer contrato, en diciembre, el Gobierno publicó uno nuevo para Indra por 1,7 millones de euros (con IVA) para el mantenimiento, soporte y evolución de la aplicación. 

Ya en 2021, en concreto en abril, el Ejecutivo lanzó dos ofertas para la promoción del uso de la aplicación mediante campañas de publicidad y de medios. Uno de ellos, por 28.459 euros (con IVA) fue adjudicado a Work&Friends, S. L., y el segundo a Media Sapiens Spain, S.L. por algo más de 1,8 millones de euros (con IVA).

En total, el Gobierno ha gastado más de 3,8 millones de euros en Radar COVID.

Dos propuestas de sanciones por protección de datos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) abrió el pasado mes de junio dos procedimientos sancionadores por un posible incumplimiento de protección de datos en la aplicación Radar COVID.

Los implicados son, por un lado, la Dirección General de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Sanidad, y por otro el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

[Menos quejas pero más sanciones: las infracciones de la Administración pública por protección de datos]

Este proceso sancionador puede durar hasta 9 meses en los que se comprobará si las actuaciones llevadas a cabo suponen una vulneración del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y en consecuencia multar a la administración.

Lo único que se sabe por el momento es que la multa no será económica en ningún caso. La ley de Protección de Datos Personales (LOPD) no contempla la imposición de sanciones económicas a organismos públicos, si no que se realizan en forma de apercibimientos, actuaciones disciplinarias y la exigencia de que se corrijan las conductas irregulares. 

En cambio, sí impone sanción económica si el infractor tiene naturaleza privada, ya sea una empresa o un particular.

Las comunidades apenas entregan códigos en relación con los casos confirmados

Las comunidades autónomas son las encargadas de facilitar a los ciudadanos los códigos cuándo éstos lo soliciten tras un positivo en COVID-19. En la siguiente tabla se puede observar que Asturias es la comunidad con mayor porcentaje de códigos introducidos en relación a los casos confirmados en la región, con un 6,8%. 

Por otro lado, según las estadísticas de la aplicación, en Ceuta no se ha introducido ningún código, en Melilla tan solo tres, y en Extremadura, 75.

La fuente de los casos confirmados por COVID-19 es el Ministerio de Sanidad y la de los códigos introducidos es la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) que cuenta con la información facilitada por los servicios de salud de las comunidades autónomas.