La Comunidad de Madrid ha sido la última en solicitar los servicios de una empresa privada para realizar labores de rastreo de contactos ante casos positivos de coronavirus. Pero no es la única. La adjudicación de un contrato por 194.223 euros a Quirón Prevención llega dos meses después de que el Gobierno catalán externalizara este servicio, otorgando un contrato de 17,6 millones de euros a la compañía Ferroser Servicios Auxiliares, un monto casi 100 veces mayor al de Madrid.
Sin embargo, aunque la mayoría de las comunidades autónomas han optado por hacer el seguimiento de los casos a través de las direcciones de salud pública o los servicios de atención primaria, la pandemia ha empujado a muchas a depender de servicios privados para atender la demanda de test y diagnósticos, entre otros.
[El mapa de los rastreadores en España]
En los últimos meses, la empresa Quirón Prevención ha recibido más de 10 contratos de instituciones públicas que van desde ayuntamientos hasta el Ministerio de Justicia, la Universidad Rey Juan Carlos o el Banco de España para servicios de prevención y realización de test en torno a la COVID-19.
De hecho, pese a las críticas contra los controles en el aeropuerto de Barajas, la Comunidad de Madrid ha optado por contratar a la misma empresa que gestiona el control sanitario en los aeropuertos desde el 1 de julio, cuando entró en vigor el contrato entre Aena y Quirón Prevención.
Cuando la realidad te hace superar tu dogmatismo.
El Gobierno privatiza la primera línea de defensa contra el #Covid19 en Barajas. https://t.co/3DoiR3VawI— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 30, 2020Publicidad
El dilema de las comunidades: ¿externalizar los rastreos?
A principios de mayo algunas comunidades como Galicia, Canarias, Cantabria y Navarra se plantearon la posibilidad de combinar equipos mixtos de trabajadores públicos con empresas subcontratadas.
Aunque la mayoría de ellas optaron por reforzar los equipos de atención primaria con los de salud pública, Salvador Peiró, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), considera que el hecho de que sea público o privado no supone ningún problema, salvo que «tiene que ser una actividad coordinada y tiene que ser rápida«.
«No es tanto un problema de contratación público-privada sino de cómo se coordina el rastreo con los servicios de atención primaria para salir a hacer una PCR. En teoría se puede hacer bien, pero requiere coordinar muy bien los servicios porque los retrasos son importantes aquí. La gente a la que no se aísla desde el principio, puedes llegar tarde si ha estado en contacto con otra gente. Eso pasa cuando tienes muchos casos de golpe en un sitio, y en este caso los brotes son así, estallan de repente y te desbordan», sostiene Peiró.
En algunos casos la no contratación de profesionales específicos también ha suscitado la crítica, como en la provincia de Granada, donde CCOO cuestionó la decisión de designar a profesionales de Medicina de Familia como rastreadores. «El personal de atención primaria está sobrecargado desde que se inició la pandemia, y más aún ahora con la escasez de recursos humanos, en estos meses de vacaciones estivales, en que las plantillas están al 25%. A CCOO nos parece indecente exigirles el sobresfuerzo del rastreo en estas condiciones», señalaron en un comunicado.
Otros contratos a raíz de la pandemia
Aunque el foco se ha puesto sobre la realización de los rastreos, durante los últimos meses las empresas privadas han prestado varios servicios sanitarios a entidades públicas, como la realización de test de diagnóstico rápido de COVID-19. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, contrató un «servicio de prevención ajeno que valore el riesgo frente al COVID-19 al que se exponen los trabajadores especialmente sensibles al servicio de la Administración de Justicia» por valor de 144.500 euros.
El Ayuntamiento de Sabadell también contrató su propio servicio para realizar test rápidos a sus trabajadores, al igual que el Banco de España, que contrató el servicio de tests rápidos de COVID-19 en 14 sucursales.
Pero, además, algunas comunidades han tenido que adaptar sus sistemas de información a las demandas del Gobierno, como Baleares, donde la Consejería de Salud y Consumo realizó un contrato para modificar la aplicación del sistema de información del Servicio de Epidemiología (AVEIB) «para incluir los requisitos de recogida de datos de la COVID-19 y su envío al Ministerio de Sanidad»; o la implementación de una «bolsa de empleo única en relación con la COVID-19» en Castilla-La Mancha.
«Los contratos con el sector privado son normales en muchísimas situaciones en el sector sanitario. Siempre que tienes picos de demanda o que ha crecido la lista de espera, es algo habitual. El sector público que tenemos es muy potente y, por tanto, los contratos son menores», añade Peiró.
Madrid: dos meses sin una respuesta sólida
El acuerdo de Madrid busca cubrir con 20 auxiliares de enfermería y dos médicos las llamadas telefónicas para recoger variables epidemiológicas de casos de COVID-19 como los antecedentes del caso, el momento de inicio de los síntomas, la exposición de riesgo a la enfermedad y la identificación de los contactos durante el período en que haya podido ser transmisor de la enfermedad, como se detalla en el contrato.
La decisión se produce después de varios titubeos para encontrar rastreadores entre trabajadores de los ayuntamientos y pidió a los universitarios que se ofrecieran como voluntarios. Algunas organizaciones y sindicatos se mostraron en contra de esta decisión, como el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid o CCOO, que consideró que «la figura del rastreador es un eslabón clave en la lucha contra la pandemia, y como tal conlleva una responsabilidad y formación específicas».
Mientras tanto, el número de contagios desde el fin del estado de alarma, el 21 de junio, ha aumentado un 17%, desde 71.223 casos hasta los 83.120 en la comunidad, según el reporte del Ministerio de Sanidad.
En cualquier caso, este no es el primer contrato de rastreo con el sector privado que realiza Madrid. El 17 de julio, el Servicio Madrileño de Salud ya había anunciado un contrato de un mes para el «seguimiento contactos COVID-19 y estudio seroprevalencia de la Comunidad de Madrid», tramitado sin publicidad y adjudicado a Indra y Telefónica por 421.080 euros. En el contrato figura que el coste se realiza «en base a la estimación de llamadas que se van a gestionar y el coste por llamada de 2,90 euros» (sin IVA).
De hecho, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital también contrató a Indra para el «diseño, desarrollo, piloto y evaluación de un sistema que permita la trazabilidad de contactos en relación a la pandemia ocasionada por la COVID-19″ por 273.171 euros.
Fuentes:
- Contrato del servicio para la realización de encuestas telefónicas para recoger variables epidemiológicas de casos de COVID-19 detectados en la Comunidad de Madrid
- Contrato de 17,6 millones de euros a la compañía Ferroser, Generalitat de Cataluña
- Servicio De Control Primario En Llegadas Covid-19 Junio 2020, AENA
- Servicio de prevención ajeno que valore el riesgo frente al COVID-19, Ministerio de Justicia
- Contracte d’emergència per la Realització de test per diagnòstic d’anticossos de COVID19, Ayuntamiento de Sabadell
- Servicio de tests rápidos de COVID-19 en 14 sucursales, Banco de España
- Consejería de Salud y Consumo de Baleares
- Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
- Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid
- CCOO
- Ministerio de Sanidad
- Servicio Madrileño de Salud
- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
