De las más de mil licitaciones que se han adjudicado con cargo a los fondos europeos hasta mediados de junio de este año, ya hay 108 contratos públicos que están desiertos, según datos de Gobierto. Esta cifra corresponde a casi el 10% de las licitaciones financiadas por los fondos Next Generation. La falta de empresas está provocando que se paralicen proyectos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, afectando así al ritmo de ejecución de los fondos europeos.
Según los expertos consultados, este problema, en gran parte, es consecuencia de la elevada incertidumbre e inflación que vive Europa. No solo se ha disparado el precio de la energía, también lo han hecho los precios de los materiales de construcción e incluso los costes laborales. La subida de los precios está siendo tan generalizada que las empresas están perdiendo interés en algunos contratos públicos, donde el presupuesto está prefijado y es difícil sacar rentabilidad.
La falta de ofertas deja más de 200 millones de euros sin adjudicar
Cuando este reportaje se publicó, había aproximadamente más de 200 millones de euros sin adjudicar con financiación Next Generation porque sus licitaciones se habían declarado desiertas, aunque algunos de los expertos consultados elevan esta cifra a los 280 millones de euros. Según los datos facilitados por la empresa tecnológica Gobierto, el grueso de esta cantidad se encuentra en los contratos de suministros, que es donde se ha vuelto un verdadero reto encontrar adjudicadores.
Este no es un hecho aislado que únicamente esté afectando a los contratos financiados con los fondos europeos, sino que está teniendo efecto en toda la contratación en general. La tendencia es tal que los datos facilitados por Gobierto apuntan a que este año, 2022, los contratos desiertos van camino de batir un récord.
2022: el año de la adjudicación ‘fantasma’
Sergio Jiménez, experto en diseño, tecnología y modernización de Administración pública y socio de Gobierto explica que, según los datos que han analizado, en el último trimestre de 2021 la tendencia de los contratos desiertos empezó a coger fuerza.
Aclara que este fenómeno no solo sucede por la inflación, sino que en general España ha tenido tradicionalmente poca competencia de empresas que presentan ofertas en contratos públicos. “El margen ya era bajo, antes había un 25% de contratos con una sola oferta, ahora tenemos un 30/40% de licitaciones que tienen entre una oferta o ninguna«. Todo esto, aclara, teniendo en cuenta los procesos competitivos, y excluyendo los contratos menores o negociados sin publicidad.
Jiménez plantea que en este escenario con tantas licitaciones desiertas se pueden hacer dos cosas: redistribuir el presupuesto y hacer menos contratos (la opción más aconsejable a su juicio, pero no siempre posible) o licitar los contratos con los presupuestos pensados sin inflación (la menos recomendable para el experto). Jiménez cree que esto último es lo que se está haciendo desde la Administración, lo que explicaría también que se estén presentando tan pocas ofertas.
“Las empresas se encuentran en la tesitura de participar en un contrato público con unos márgenes económicos ya fijados que no están pensados para un escenario en el que varíen tanto los precios”, recalca.
No obstante, el socio de Gobierto precisa que, como norma general, los precios de adjudicación de los contratos pueden modificarse como máximo un 20% si así lo establecen de antemano, “pero esto no cubre la subida de precios normalmente, sino el cambio de condiciones de contratación, como que haga falta más mano de obra o más tiempo”.
La mitad de los contratos de fondos europeos desiertos son de suministros
- Según los datos las licitaciones que más se han visto afectadas son las de suministros (51). En segundo lugar se encuentran las de servicios (35) y, por último, las de obras (21).
Jiménez explica que en general los contratos de servicios no se ven afectados tan rápido en un contexto de inflación porque esta tarda más en reflejarse en los sueldos. Sin embargo, explica que en los de obra este impacto es mayor porque, junto al trabajo de los empleados, implican adquirir suministros. Y en estos se nota rápidamente el aumento de los precios.
- El experto opina que la Administración no está dando una respuesta rápida a este problema. Pone como ejemplo el caso del real decreto ley 3/2022 de 1 de marzo que aprobó el Gobierno para la revisión de precios de contratos públicos: “Se aprobó en marzo, cuando este problema ya se veía venir tres meses antes”, asegura, y vaticina que el sector privado va a ser el refugio de muchas de las empresas que no puedan competir en el sector público.
El decreto no tiene en cuenta la subida de precios de los suministros
Javier Vázquez Matilla, abogado experto en contratación pública, explica a Newtral.es que este real decreto aprobado por el Gobierno es una solución parcial. Aclara que se dirige exclusivamente a los contratos de obras y a unas materias primas concretas; material siderúrgico, bituminosos, aluminio y cobre.
El abogado critica que el decreto haya dejado fuera a los contratos de suministro y servicios, pero reconoce que otro problema importante es cómo están respondiendo las comunidades autónomas, ya que reconoce que cada una “ha actuado por su cuenta”. Por ejemplo, indica que Madrid no ha hecho ninguna norma y Extremadura ha ampliado el tipo de materiales sobre los que se puede revisar el precio. Otras directamente han ampliado su normativa más allá de los contratos de obra.
Para Vázquez esto se traduce en inseguridad jurídica para los operadores. “Hay un verdadero galimatías entre la normativa que ha legislado el Estado y lo que están haciendo las comunidades autónomas. Faltan medidas concretas para dar seguridad al mercado”, sentencia.
- Gobierto
- Sergio Jiménez, socio Gobierto
- Javier Vázquez Matilla, Abogado experto en contratación pública
