Dos empresas alegan que el 100% de su plantilla son personas con discapacidad para ganar un contrato de Defensa de 18 millones

En septiembre del año pasado, el Ministerio de Defensa licitó un acuerdo marco valorado en un importe de 18 millones (IVA incluido) para adquirir repuestos de los vehículos blindados BMR y VEC del Ejército de Tierra. Las cinco empresas que participaron en la licitación obtuvieron la misma calificación: 100 puntos sobre 100, la máxima puntuación, según recogen las actas del organismo contratante en la página 2). Ante esto, la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra decidió deshacer el empate del contrato de Defensa, eligiendo a la que tuviera mayor plantilla con trabajadores con discapacidad. Dos empresas alegaron tener el 100%. 

Una de estas, Defensa y Logística Aplicada (DLA), que forma parte junto a MISD de una UTE (Unión Temporal de Empresas), señalaba no tener ningún empleado en plantilla el año anterior al contrato, según sus cuentas anuales publicadas en el Registro Mercantil. La otra, Maxim Invest Solutions, se constituyó meses antes de la licitación, por lo que se desconoce el número de empleados que tiene. Ambas empresas están administradas por directivos multados en 2023 por amañar licitaciones públicas de Defensa.

Para resolver este segundo empate, la mesa de contratación recurrió a un sorteo, utilizando el número de la lotería para seleccionar a la adjudicataria. Finalmente, la firma ganadora del acuerdo marco fue Maxim Invest Solutions.

Hubo dos empates, en el primero las cinco empresas obtuvieron la máxima puntuación

Tras recibir las cinco ofertas, el 21 de noviembre de 2023, y comprobar que todas habían obtenido la misma puntación, un 100 sobre 100, la mesa de contratación dio la posibilidad a cada empresa de ratificar o mejorar sus ofertas iniciales, ya que el único criterio de valoración era el precio, tal y como se desprende del acta de adjudicación (pág. 19 y 20), 

Ante esta situación, según recogen las actas del procedimiento (pág. 21), se determinó que el desempate se decidiría según el número de empleados fijos con discapacidad, tal y como se establece en la cláusula 14 del Pliego de Claúsulas Administrativas (PCAP).

Las empresas que participaron en la licitación fueron las siguientes: 

• Maxim Invest Solutions
• Integración Tecnológica empresarial (ITE)
• MADZEAL
• Casli 
• UTE formada por DLA y MISD

Newtral.es se ha puesto en contacto con estas cinco empresas, pero no ha obtenido respuesta de ninguna de ellas.

Dos empresas reconocieron tener el “100% de trabajadores fijos con discapacidad” para ganar el contrato de Defensa

Tras el primer desempate, la mesa de contratación debía resolver un segundo empate entre dos empresas (Maxim Invest y la UTE DLA-MISD), ya que ambas acreditaron tener el “100% de trabajadores fijos con discapacidad”, según se recoge en las actas del contrato de Defensa (pág. 21). Las otras tres empresas reconocieron tener un porcentaje inferior al 8% de empleados con discapacidad. 

• En este sentido, la cláusula 14 del PCAP (pág. 19) establece que los licitadores tienen que acreditar su plantilla fija con discapacidad, rellenando la “Declaración de trabajadores con discapacidad” que se incluye en el pliego administrativo.

Javier Vázquez Matilla, abogado experto en contratación, explica que en principio sí que hay que presentar justificación documental del porcentaje de trabajadores discapacitados que tiene una empresa licitante. Primero como una declaración responsable, pero después se debe de aportar toda la documentación con la relación de trabajadores, su categoría y su condición. “Esto se suele verificar así”, afirma.

Por su parte, Antonio Benítez Ostos, Socio Director y fundador de Administrativando Abogados, aclara que, según la cláusula 13 del PCAP, el órgano contratante puede pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos “cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración”, presentada por estos. Este mecanismo se podría aplicar sobre las declaraciones de las empresas que alegaron tener el 100% de personal con discapacidad en el contrato de Defensa.

Benítez Ostos explica que la declaración responsable “se ha articulado como un mecanismo para aligerar la carga documental en los procedimientos de licitación, pero lo manifestado en ella ‘responsablemente’ (como su nombre indica) vincula y compromete al licitador”. Además, recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, constituye una prohibición de contratar “haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el artículo 140 o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia”.

Por otra parte, desde el Comité español de representantes de personas con discapacidad (Cermi) explican a Newtral.es que aunque no hay nada que se oponga, “no es lo usual” que existan empresas con una plantilla del 100% de trabajadores discapacitados. Aclaran que las empresas que son Centros Especiales de Empleo deben de tener como mínimo un 70% de trabajadores con discapacidad, para tener y conservar esa calificación administrativa.

Sobre los problemas que enfrenta una empresa, si reconoce ante la Administración tener una plantilla con personal con discapacidad que no concuerda con la realidad, desde Cermi advierten de que esto “sería una falsedad, y depende de por qué cauce se haga (verbal, escrito, etc.), puede llegar a ser un delito, o una infracción administrativa, sancionable”.

Una de las empresas licitadoras tenía cero empleados en plantilla un año antes del contrato

Aparte de las dos licitantes, Newtral.es también pidió a la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico una copia de la documentación entregada por las empresas, pero por el momento no ha habido respuesta.

La única empresa de las que competían en el último desempate, sobre la que se puede consultar información acerca de su plantilla, es la UTE DLA-MISD, con NIF B10553915. Según sus cuentas anuales, recogidas en el Registro Mercantil, entre los años 2022 y 2021, la empresa tenía cero empleados en plantilla. A pesar de no tener trabajadores, en 2022 su cifra de negocio era de 176.928 euros y cerró el año con unos beneficios de 57.644 euros, según sus cuentas de pérdidas y ganancias presentadas en el Registro Mercantil.

Además, esta empresa tiene dos administradores: Sergio Hernando y Óscar Agudo; ambos multados el año pasado por la CNMC por participar en un cártel para repartirse contratos de Defensa.

En el caso de Maxim Invest Solutions, la ganadora del contrato, se creó seis meses antes de la licitación, por lo que todavía no ha publicado sus cuentas anuales con las que poder corroborar su número de trabajadores en plantilla. Los datos del Registro Mercantil arrojan que su objeto social son las “actividades de consultoría de gestión empresarial”, y la sede social está ubicada en una vivienda del municipio de Villaviciosa de Odón, Madrid.

La compañía tiene un capital suscrito de 3.000 euros, pero al no haber cerrado su año contable, se desconoce su cifra de negocios y beneficios. No obstante, según los pliegos del contrato, las empresas licitantes deben de tener un volumen mínimo anual de negocios de 3.719.008,26 euros por cada lote para participar en el contrato. En el caso de licitar a varios lotes, esta cifra corresponde a la suma de una anualidad media más la mitad, por lo que el volumen ascendería a 5.578.512. 

• Teniendo en cuenta la cifra anual de negocio de la UTE (176.928 euros en 2022), en 2023 tendría que haber multiplicado su volumen de negocio por 21 para poder cumplir con este requisito. No obstante, Newtral no ha podido confirmar este dato, al no estar subidas en el Registro Mercantil las cuentas del año pasado.

El primer administrador de Maxim fue Sergio Martínez López, que tiene a su nombre más de 600 sociedades, según el Registro Mercantil. Sin embargo, el mismo mes de octubre, cuando terminaba el plazo de presentación de solicitudes para participar en el contrato de Defensa, cesó como primer administrador y se nombró a Antonio Eduardo Molina Baltanas.

El administrador de la empresa adjudicataria fue multado por amañar contratos de defensa

Molina Baltanas es un empresario vinculado con el sector armamentístico que en julio del año pasado fue sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con una multa de 34.000 euros. El motivo de la multa respondía a su participación en un cártel para repatriarse licitaciones públicas del Ministerio de Defensa relacionadas con vehículos militares entre octubre de 2019 y enero de 2021. En ese momento, él era director general de la empresa armamentística Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambio, JPG, que también fue sancionada con una multa de 1.304.220 euros.

El mismo mes de octubre que Molina Baltanas pasó a ser administrador Maxim Invest, también abandonó su puesto como administrador mancomunado de la empresa multada por la CNMC, Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambio, JPG.

Este directivo también es consejero en la empresa Santana Motors International desde 2020, una compañía que actualmente está compitiendo junto a otras empresas por llevarse un contrato de 315 millones de euros para la compra de vehículos blindados del Ejército de Tierra. Su participación en este contrato se conoce gracias a un recurso que presentó en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales contra la mesa de contratación por no querer continuar con las pruebas del prototipo del vehículo que presentó.