El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado a Airbnb a retirar un total de 65.935 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojadas a lo largo de los últimos meses. El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy considera que incumplen la normativa sobre publicidad de este tipo de alojamientos, algo que la empresa había recurrido.
- Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado la actuación de Consumo y ha instado a la multinacional irlandesa a eliminar de su plataforma una primera tanda de 5.800 anuncios de este tipo “de manera inmediata”, según el auto al que ha tenido acceso Newtral.es.
¿Por qué los anuncios no se retiraron cuando Consumo lo solicitó?
En los últimos meses, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha remitido a Airbnb varias resoluciones en las que se han notificado esos más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas que se detectaron en su plataforma e instó a la empresa a bloquear esta publicidad. Además, el pasado mes de diciembre Consumo anunció la apertura de un expediente sancionador a la compañía.
Airbnb recurrió la acción de Consumo sobre 5.800 de estos anuncios y pidió al TSJM la suspensión cautelar de la ejecución de la orden administrativa del ministerio.
- La empresa alegó, entre otros motivos, que la Administración podría haber usado otras medidas “más eficaces y proporcionales” y que hay otras plataformas similares a Airbnb que no han recibido esa sanción.
¿Qué ha resuelto el TSJM?
El tribunal ha desestimado el recurso de Airbnb al considerar que no se justifica la necesidad ni se acredita un perjuicio irreparable para frenar la medida de Consumo. Además, señala que el interés general en la protección de los consumidores prevalece sobre el de la empresa en este caso, por lo que ha avalado la decisión del ministerio para eliminar esta primera tanda de anuncios.
¿A qué comunidades afecta esta decisión?
Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el auto afectan a la publicidad de viviendas turísticas que se encuentran en las comunidades de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco.
¿Por qué Consumo considera que estos anuncios en Airbnb son “ilegales”?
Desde Consumo argumentan tres motivos por los que justifican la ilegalidad de estos 65.935 anuncios de pisos turísticos que se detectaron en Airbnb y que, según el ministerio, estarían incumpliendo diferentes normas:
- Los anuncios de alojamientos no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas. Se trata de la infracción más común.
- Los anuncios no indican si los arrendadores son profesionales o particulares. Desde Consumo señalan que estas cuestión es “fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no”.
- Los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, lo que puede inducir al “error” o “engaño” del consumidor.
¿Qué dice Airbnb sobre la decisión del TSJ de denegar las cautelares?
Fuentes de la empresa Airbnb aseguran a Newtral.es que “comenzará recurriendo” las decisiones de Consumo de retirar estos pisos ilegales. Consideran que el listado aportado por el Ministerio utiliza una “metodología indiscriminada” en la que se incluyen anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarlas.
- Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
- Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
- La Razón
Me parece que esto debería aplicarse de forma extensiva a todas las Comunidades Autónomas, sin distinción.
Ya basta de que gente use la vivienda con fines puramente especulativos y, encima, que no declaren los rendimientos obtenidos como consecuencia de todos esos trapicheos.
La segunda cuestión es que debería obligarse a los propietarios de viviendas de alquiler a ofrecer en el mercado viviendas dignas, con un mínimo de condiciones de habitabilidad. No cuevas ni zulos como los que a veces se ven.
Deberían pasar inspecciones previas para poder ser alquiladas, porque no entiendo como un propietario que ofrece ese tipo de inmuebles no siente vergüenza.
Y, finalmente, los inquilino. Que estos estén obligados a pasar revisiones aleatorias de una autoridad que verifique, cada X tiempo, no solo el estado de las viviendas que se ofertan en el mercado sino el estado de conservación por parte de los inquilinos y comprobar que unos y otros cumplen con sus obligaciones.
Cada inquilino paga una fianza cada vez que alquila una vivienda. Pues que de esos depósitos se destine un porcentaje para cubrir la dedicación de una persona
Se puede establecer un banco de viviendas seguras y un banco de inquilinos fiables.
No sabes de lo que opinas