El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG): una institución contra el secretismo

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional, mencionan desde Access Info, organización pro transparencia, enfocada en la promoción y defensa del derecho de acceso a la información.

Desde 2014, cualquier ciudadano en España puede realizar una petición de información a través del Portal de Transparencia del Estado, cuando va dirigido al Gobierno, algún ministerio o Casa Real, y mediante los portales específicos de las comunidades y entidades locales cuando el tema les concierne a ellos. Como no siempre se facilita la información o no en su totalidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno entra en juego. ¿Qué hace este órgano? ¿Quién es su nuevo presidente? Te contamos más detalles en esta nueva entrega de Tú lo pagas.

Cómo se elige y cuánto cobra su máximo representante

El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es José Luis Rodríguez Álvarez, nombrado el 20 de octubre de 2020 después de casi tres años con el cargo vacante tras el fallecimiento en 2017 de Esther Arizmendi. Durante este periodo ha sido el subdirector, Javier Amorós, quien ha asumido las funciones como presidente. 

Rodríguez Álvarez es jurista y profesor de Derecho Constitucional, además fue director de la Agencia Española de Protección de Datos entre 2011 y 2015, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno.

Su candidatura a la presidencia del CTBG tuvo que ser aprobada por el Congreso tal y como obliga la ley. En concreto, el artículo 37.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, indica que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es el encargado de proponer un “candidato de reconocido prestigio y competencia profesional ” para un mandato de cinco años no renovables. Actualmente el Consejo está adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Después, el candidato debe comparecer en el Congreso para su ratificación por mayoría absoluta en la comisión de Política Territorial y Función Pública de la cámara baja. 

Durante su comparecencia en la comisión, Rodríguez Álvarez destacó la necesidad inmediata de fortalecer la institución ante la insuficiencia de medios materiales y humanos en los últimos años: “invertir en transparencia es invertir en calidad democrática”.

En cuanto a su retribución, es una cifra todavía desconocida, desde el gabinete de prensa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comentan a Newtral.es que están actualizando la información y que estará disponible tras la toma de posesión del nuevo presidente. Así, el último dato público corresponde al sueldo de la ex presidenta en 2017, un total de 97.988,35 euros brutos al año, según viene recogido en el portal de transparencia del Estado. 

Qué es y qué funciones tiene

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es el organismo encargado de promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. 

Sus funciones principales están definidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Estas son, asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; evaluar el grado de aplicación de la ley de transparencia; desarrollar directrices y normas de de buenas prácticas; promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por la ley de transparencia, entre otras.

Aunque el Consejo toma especial relevancia cuando cuando emite resoluciones sobre el incumplimiento de la ley de transparencia situándose en ‘un tira y a floja’ entre administración y sociedad.  

¿Cuándo pasa esto? En el momento en el que un ciudadano solicita información a alguna administración mediante un portal de transparencia y ésta la rechaza, inadmite o simplemente está “callada”, el conocido silencio administrativo, puede acudir al CTBG a poner una reclamación y éste se encarga de evaluar quién “tienes razón”, instando además a las administraciones a cumplir con su deber de facilitar la información. Incluso si uno no está conforme con la respuesta que ha recibido, puede dirigirse al Consejo a registrar la queja oportuna. Dos ejemplos son el contrato de la aplicación Radar COVID y los gastos del rey emérito en el extranjero, ambas cuestiones solicitadas por Newtral.es y que el Gobierno no ha facilitado.

Para realizar estas funciones de inspección y control del cumplimiento de la ley, el Consejo “se encuentra con un hándicap fundamental que es la falta de competencias para poder sancionar al incumplidor.”, destaca Francisco Delgado, politólogo y experto en transparencia. Cuando emite una resolución no tiene la capacidad de hacerla cumplir y se ha convertido en “un déficit que desde el propio Consejo y el ecosistema transparente se viene reivindicando desde hace tiempo”. 

Delgado concluye que en estos últimos años el Consejo ha demostrado “su independencia con el carácter general de sus criterios interpretativos a favor de la transparencia y en sus pleitos con la propia Administración cuando ésta se ha negado a cumplir sus resoluciones, exigiendo y defendiendo el derecho de acceso de los ciudadanos”. 

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Cómo gestiona la transparencia

Como no iba a ser menos, el Consejo cuenta con un portal específico de transparencia donde publica información institucional, organizativa y de planificación; de relevancia jurídica, y económica, presupuestaria y estadística. Documentos similares a lo que recogen otras instituciones como contratos, subvenciones y presupuestos, o la estructura orgánica de la institución. Eso sí, lo que aún no está publicado es el sueldo del nuevo presidente, José Luis Rodríguez Álvarez, cuando pinchamos en en retribución del presidente encontramos un mensaje que dice “página en construcción”.

Como novedad, en esta entrega de Tú lo pagas, vemos que la institución sí hace pública la agenda de los altos cargos del Consejo, es decir, cuándo, dónde y con quién se reúnen. “Una buena práctica que cada vez aparece con más frecuencia entre los responsables de la actividad pública”, defienden desde el CTBG.

Asimismo, la institución permite descargar, y en formato reutilizable, las resoluciones emitidas cada mes por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. También se puede consultar información acerca de cómo se ejerce la transparencia en otras comunidades autónomas con sus correspondientes órganos.

Cómo se regula

El Consejo se rige por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y por su Estatuto, aprobado por Real Decreto 919/2014 de 31 de octubre, que regula su actividad, la estructura orgánica y las funciones que le corresponde.

Esta última norma, indica que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que actuará de acuerdo a “los principios de transparencia y participación ciudadana”. Como organismo independiente cuenta con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada, y además elabora y aprueba su anteproyecto de presupuesto, con las indicaciones del Ministerio de Política Territorial, que posteriormente recibe el documento para que sea incluido en  los Presupuestos Generales del Estado.

En 2020 ha contado con un presupuesto de 2,27 millones de euros, una cifra que aumentará en 110.000 euros según los primeros presupuestos aprobados por PSOE y Unidas Podemos para 2021 que recogen 2,38 millones de euros para esta institución. 

Aunque el organismo también se nutre de otros recursos económicos como subvenciones y aportaciones que procedan de la Unión Europea u otros organismos internacionales, y los bienes, derechos y valores integrantes de su patrimonio, así como las rentas y productos derivados de ellos.

Historia de la institución

Seis años han pasado desde que la transparencia llegara a España en forma de ley aunque no fue hasta 2014, un año después de la creación de la norma, cuando entró en vigor junto con la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Desde entonces, la institución ha recibido un total de 6189 reclamaciones y en los primeros seis meses de 2020 ya han contabilizado 597 reclamaciones. Pero si se cuenta con otro tipo de requerimientos como quejas, denuncias, consultas sobre la ley e información al ciudadano, el Consejo acumula más de 1.000 entradas hasta el 30 de junio. 

Ahora, tanto la transparencia como la institución se enfrenta a nuevos retos, con la aprobación del IV Plan de Gobierno Abierto de España (2020-2024), tal y como cuenta Helen Darbishire, directora de Access Info Europa a Newtral.es. Este plan es el resultado de un proceso de consenso entre administraciones y sociedad civil para “mejorar” la transparencia en España. Uno de los principales compromisos es la reforma de la ley de 2013 que para Darbishire es una “oportunidad importantísima”. “La prioridad es fortalecer el Consejo, hacerlo más independiente y darle más recurso ya que tienen muy pocos en consideración con el trabajo que tienen que realizar”, comenta. 

Fuentes

• Página web del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno
• Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
• Comparecencia del presidente en la Comisión de Política Territorial y Función Pública el 14 de octubre.
• Gabinete de prensa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
• Francisco Delgado, politólogo y experto en transparencia
• Helen Darbishire, directora de Access Info Europa

*Corrección 30/09/2021: Donde ponía el Consejo está adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública ahora pone al Ministerio de Hacienda y Función Pública.