El Congreso tumba una iniciativa para ampliar el presupuesto y la plantilla del Consejo de Transparencia

El Congreso ha rechazado este jueves por la mínima una proposición no de ley (PNL) del Partido Popular para aumentar el presupuesto y la plantilla del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. También han tumbado una enmienda de Vox añadida de última hora para dotar a este organismo, que vela por la transparencia de la gestión pública, de un régimen sancionador en sus resoluciones. 

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La iniciativa ha recibido 15 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones en la Comisión de Hacienda, tras la exposición de la diputada popular Llanos de Luna Tobarra. De Luna ha leído el texto de la PNL registrado el 24 de agosto de 2021 y ha añadido a sus dos puntos la enmienda de Vox que aprobaron antes de pasar al debate y votación.

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

Primero. Cesar en el incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contrarias a la opacidad ejercida desde las estructuras gubernamentales. 

Segunda. Aumentar el presupuesto y los recursos humanos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que pueda desarrollar eficazmente sus necesarias y esenciales funciones de control democrático”.

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Los populares no llegaron a precisar en qué medida sugerían que el Gobierno amplíe la dotación y las incorporaciones de personal. Sin embargo, construyeron su argumento sobre sus críticas a una “opacidad (que) ha sido alarmante por la nula transparencia” durante y después de la pandemia del coronavirus en 2020 por parte del Gobierno de coalición y que suscribió el ponente de Vox, Eduardo Ruiz Navarro. 

Ruiz Navarro matizó, por su parte, que “lo del personal” debería abordarse “desde una perspectiva flexible” porque “la estructura funcionarial no es la más idónea” y sería oportuno contar con personal más especializado en este ente independiente y adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

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El Consejo de Transparencia ya había hablado de “precariedad”

Los populares sí que citan en su proposición dos recientes comparecencias parlamentarias en los pasados meses de mayo y junio del presidente del Consejo, José Luis Rodríguez Álvarez. En ambas, puso sobre la mesa “la precariedad de recursos” del organismo, que según apuntó, impide cumplir eficazmente con las funciones que tiene encomendadas. 

Rodríguez Álvarez, quien cumple justo este jueves un año en el puesto, expuso las memorias anuales de 2019 y 2020 el 10 de junio ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública. En esa ocasión retrató un organismo a medio completar con dificultades para lograr sus retos. 

Explicó que el Consejo nació “en un contexto de crisis económica y austeridad a finales del año 2013, se le proporcionó una dotación inicial mínima para su puesta en funcionamiento y, lamentablemente, en los más de siete años transcurridos desde entonces, su presupuesto no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado sensiblemente”. 

Evolución del presupuesto del Consejo de Transparencia

Según informa a Newtral.es el gabinete de prensa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, desde su creación en 2014 y hasta 2021, “el presupuesto no experimentó incremento alguno, llegando a ser objeto en 2018 de un recorte del 22% cuyo importe solo se han recuperado parcialmente en los PGE actualmente vigentes”. 

El proyecto de ley para 2022 de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que inició el pasado 13 de octubre su camino parlamentario, prevé la mayor partida parlamentaria hasta la fecha. El Gobierno de coalición plantea una partida para el consejo que supera la barrera de los tres millones de euros, lo que supone un repunte del 25,9% con respecto a 2021.

La dotación de 2021, a su vez, incrementaba el presupuesto en un 4,79% con respecto a los 2,27 millones de euros en los que se estancó entre 2018 y 2020 la cuantía destinada al Consejo de Transparencia, los años durante los que se prorrogaron las cuentas públicas del Ejecutivo del PP, con Mariano Rajoy al frente y Cristóbal Montoro en Hacienda.

En su comparecencia de junio, el presidente del consejo sugirió que para acercarse con “las demás autoridades administrativas independientes”, una estimación conservadora exigiría “al menos duplicar la cuantía”. El 97%, según el mismo organismo, se destina a gastos de personal y otros gastos corrientes, lo que deja un 3% para otras actividades.

El organismo también se nutre de otros recursos económicos como subvenciones y aportaciones que procedan de la Unión Europea u otros organismos internacionales, y los bienes, derechos y valores integrantes de su patrimonio, así como las rentas y productos derivados de ellos.

Según las fuentes del Consejo de Transparencia, actualmente prestan servicio 23 empleados. Una plantilla que el organismo considera “prácticamente similar a la asignada al CTGB en 2015 y que constituyó la dotación inicial de recursos del organismo”. 

En la citada comparecencia de Rodríguez Álvarez en junio, el presidente de la institución tildó de “notoriamente insuficiente” esta plantilla para “que el consejo gestione de manera eficiente la carga de trabajo actual, que además, se está incrementando sensiblemente en lo que va de año”. 

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Esta falta de medios del consejo ha sido recogida en informes del Tribunal de Cuentas, en el documento sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea y el grupo Greco en su informe de evaluación de 2019. 

El presidente se quejó en su día de que el propio organigrama, que se mantiene desde la puesta en marcha del organismo de manera provisional, no corresponde a una entidad independiente. Por ejemplo, indicó, no hay una secretaría general que se encargue de las tareas burocráticas que acaban recayendo en la presidencia y tampoco hay un gabinete jurídico, algo que choca con la complejidad de los trámites sujetos a su función.