El Consejo de Transparencia se prepara para seguir litigando contra el Gobierno

El último contrato ha sido adjudicado por 58.078,79 euros (IVA incluido) al despacho G Cueto Abogados, pero ya es el quinto que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) debe firmar para su defensa legal ante los recursos planteados por el Gobierno cuando no se entrega una información a la que está obligado por la ley de transparencia.

Desde 2017, la institución ha tenido que recurrir a este servicio con empresas privadas, ya que su defensa ante los recursos del Gobierno plantea un conflicto de interés a la Abogacía del Estado, que es la encargada de prestar asistencia jurídica al CTBG. 

En total, la suma de los contratos asciende a 192.582 euros con los que el CTBG se ha defendido de 165 de los 220 procedimientos que le han enfrentado con la Administración central en los últimos seis años.

El Consejo debe buscar defensa legal de un bufete de abogados en el 75% de los casos

El bufete G Cueto Abogados ha sido el último beneficiario del contrato firmado por el Consejo de Transparencia para 2021 para la defensa legal de las resoluciones de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El CTBG había presupuestado la licitación en 80.000, aunque al final el contrato ha sido adjudicado por algo menos, 58.078 euros.

Antes, el organismo ya había tenido que abonar 65.340 en 2020 y 32.912 euros en 2018 al despacho Escárate Asesores, además de otros dos contratos a los despachos César Manteca Torres y Zulema Rodríguez de la Plaza por 18.125,8 euros cada uno (todos con IVA incluido). En 2020 el CTBG también contrató un estudio para establecer parámetros para objetivar el requisito legal de claridad por valor de 18.047 euros. 

El respaldo legal de bufetes privados ha sido clave en el 75% de los recursos interpuestos en los tribunales contra las resoluciones del CTBG por parte de la Administración central. Mientras que la Abogacía del Estado actuó en 55 casos, los abogados contratados intervinieron en 165; el triple.

Los datos se reflejan también en el último informe, de 2020. De los 42 recursos planteados frente a las resoluciones del CTBG en reclamaciones de ámbito estatal, “el 76,19% fueron promovidos por organismos y entidades públicas y por tanto, la asistencia letrada del CTBG ejercida por abogados privados al incurrir la Abogacía del Estado en conflicto de intereses”.

El CTBG ha tenido que litigar para exigir a las autoridades que respondan, por ejemplo, sobre “nombramientos, ceses y retribuciones del personal eventual de 2016”, el “expediente sancionador al Banco Popular” o sobre la “documentación sobre la Fundación Toro de Lidia”.

Las Administraciones también han llevado al CTBG a los tribunales en 55 ocasiones, aunque en este caso la Abogacía del Estado ha asumido la mayoría de los casos (52).

Un conflicto de intereses que deja a la Abogacía del Estado al margen del convenio con el Consejo de Transparencia

En noviembre, el CTBG renovó el convenio con la Abogacía del Estado por 20.000 euros para obtener su respaldo legal, de acuerdo con el Estatuto del CTBG (art. 28). 

Sin embargo, como explicaba el propio consejo en una nota de prensa, “dado que las resoluciones del Consejo están siendo impugnadas ante los juzgados de lo contencioso-administrativo por los órganos del Estado que están disconformes con su contenido”, esto plantea un conflicto de intereses a la representación del Estado. 

En su memoria de 2019, la última disponible, la Abogacía del Estado ya resaltaba que durante ese año “la actividad litigiosa de especial interés se ha concentrado en la llevanza de asuntos relacionados con la interpretación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, compaginándose la defensa e impugnación de resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”, entre otros.