El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), organismo encargado de promover la transparencia de la actividad pública, cada vez está más cerca de la designación de un nuevo presidente. En el Consejo de Ministros celebrado el pasado martes se acordó, a instancias del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, proponer el nombramiento de José Luis Rodríguez Álvarez para este cargo.
El que fuera director de la Agencia Española de Protección de Datos entre 2011 y 2015, siendo presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, percibirá una retribución de acuerdo a lo que establece el artículo 8.4 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la institución: «Las retribuciones del Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se fijarán de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades».
La última vez que se fijó fue en 2017 para la expresidenta, Esther Arizmendi, que alcanzaba los 97.988,35 euros brutos al año. Desde su fallecimiento en noviembre de ese mismo año, ha sido el subdirector de esta institución, Javier Amorós, quien ha asumido las funciones como presidente. Por este cargo, tal y como explican desde el Consejo a Newtral.es, no ha cobrado nunca la retribución de alto cargo, sino de funcionario en su puesto de subdirector, que viene establecido en los Presupuestos Generales del Estado.
Para el ejercicio de 2020, las tablas salariales establecen una retribución anual de 30.646,46 euros brutos que incluye el complemento de destino, aunque puede contar con más complementos. También le corresponden 613,02 euros brutos al año euros por cada trienio acumulado, cantidad que se fija según los años de antigüedad como funcionario.
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Los que deciden si hay nuevo presidente
El propio CTBG, ha denunciado en varias ocasiones la ausencia de una propuesta para la presidencia de la institución en prácticamente tres años. Un ejemplo es el que recoge la Memoria Anual del Consejo de 2018, de cuya conclusión se extrae: “el Consejo de Transparencia reclama la elección de un presidente del organismo”. Hace unos días, también lo manifestaban a través de su cuenta de Twitter:
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su artículo 37.1 recoge que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública debe proponer un “candidato de prestigio” para ser elegido para un mandato de cinco años no renovable como Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Posteriormente, la persona propuesta deberá comparecer ante la comisión competente en el Congreso y ser ratificado por la misma con mayoría absoluta.
La presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública es actualmente la diputada y exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, cargo por el que recibe un complemento mensual de 1.551,58 euros brutos. En función del cargo que desempeñen los distintos miembros de la comisión, pueden obtener lo siguientes complementos:
En total, la comisión está formada por 56 miembros, entre los que se encuentran 14 portavoces, 7 portavoces adjuntos y 11 vocales, aunque estos últimos no votan. Algunas de las caras más conocidas de esta comisión son Jaume Asens, Beatriz Fanjul o Pablo Montesinos.
Por su parte, el presidente del Gobierno y los ministros pueden asistir a todas las sesiones de las comisiones y tener voz en ellas, pero solo pueden votar en aquellas de las que formen parte como miembros por su condición como diputado.
Fuentes:
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno
- Memoria Anual del Consejo de 2018
- Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
- Composición actual de la Comisión de Política Territorial y Función Pública, Congreso de los Diputados
- Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
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