Pedro Sánchez lo anunció hace diez días: el Consejo de Ministros del 29 de marzo aprobaría un Plan de Respuesta Nacional frente a las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania.
Bajo este paraguas, el Gobierno ha remitido a esta fecha para evitar concretar en público las medidas que va a componer este paquete, por mucho que se lo hayan exigido los grupos políticos con los que se han reunido para configurar el plan. También ha sido una reclamación de transportistas y pescadores, sectores que han parado estas semanas en señal de protesta por el aumento del precio de los combustibles.
Los efectos de la guerra de Ucrania en España: de los combustibles al aceite de girasol
La guerra de Ucrania ha traído para el Ejecutivo consecuencias más allá de las implicaciones militares -centradas en el gasto en Defensa y el despliegue militar como miembro de la OTAN – y de los movimientos diplomáticos.
La invasión rusa ha desestabilizado el ya de por sí volátil mercado energético debido al enorme papel importador de gas que juega Rusia en Europa. Y, aunque España no tiene una dependencia similar a la de países como Alemania, sí que ha notado los efectos de ello en el precio de los carburantes.
De igual modo, ha repercutido en el abastecimiento del maíz y del aceite de girasol que pagamos en los supermercados españoles. En este caso, debido a que gran parte de la cantidad que consumimos de estos productos procedía de Ucrania.
Traducción. Todo ello ha derivado en un aumento de los precios que, hay que enmarcar en el actual momento de inflación histórica que vive España, donde no se vivía tal encarecimiento de la vida desde julio de 1989.
Por qué esperar al Consejo de Ministros del 29 de marzo
Pedro Sánchez anunció el Plan Nacional de Respuesta dos semanas antes de la fecha en que lo aprobará su gabinete. El presidente del Gobierno lo justificaba, fundamentalmente, en la necesidad de esperar al Consejo Europeo que se celebra este 24 y 25 de marzo para que las medidas adoptadas fueran en línea con las directrices comunitarias. Principalmente las relacionadas con la desvinculación del precio del gas en la tarifa eléctrica.
- A nivel nacional, Sánchez también señaló este plazo como el que invertirían sus ministros en reunirse con todos los grupos parlamentarios que así lo quisieran para intercambiar impresiones sobre el paquete de iniciativas. Con todo, ninguna de las formaciones de la oposición que acudieron a la cita salió plenamente satisfecha de ella.
El punto de inflexión: el paro de los transportistas
Tampoco están satisfechos una parte de los transportistas, que este jueves cumplen once días de paro en señal de disconformidad por el aumento del precio de los combustibles y la inacción del Gobierno ante ello. Desde que comenzó la crisis, las protestas han ido a más en número, y las consecuencias ya se palpan en las granjas, las panaderías o los mercados, donde han visto limitada su actividad porque no les llegan los suministros.
Tic-tac. El paro lo convocó la Plataforma en Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera, con quien el Ejecutivo no se ha reunido por no contar con representación en el Comité Nacional, que es al que en Moncloa reconocen como interlocutor.
Con este, precisamente, mantienen este jueves una reunión para tratar de llegar a un acuerdo que ponga fin a las protestas, tras no conseguirlo en el encuentro del lunes: “Nos vamos a sentar y no nos vamos a levantar hasta que lo logremos», ha asegurado Pedro Sánchez. Lo que se pacte irá, también, al Consejo de Ministros del 29 de marzo.
La pesca, otro sector en protesta. También afectado por el aumento de los precios de los combustibles, el sector pesquero ha protagonizado tres días de paro esta semana. Sin embargo, tras reunirse con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en la tarde del miércoles, decidieron retomar la actividad tras el compromiso de Luis Planas de que el Ejecutivo se hará cargo de sus peticiones.
Lo que se sabe de las medidas que quiere aprobar el Gobierno el 29 de marzo
En la madrugada de este jueves, el Ejecutivo ha cerrado un acuerdo con el Comité Nacional del Transporte de Carretera que incluye medidas por valor de 1.000 millones de euros. Según ha explicado la ministra de este ramo, las medidas de mayor impacto serán aprobadas en el próximo Consejo de Ministros.
- Bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para los transportistas del 1 de abril al 30 de junio, aunque este plazo puede prorrogarse. De esta cantidad, 15 céntimos saldrán del erario público y cinco, de los operadores petrolíferos.
- Ayudas directas a empresas de transportes de mercancías y de pasajeros por valor de 450 millones. Las subvenciones dependerán del tipo de vehículo, siendo de 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias).
- Créditos ICO: se abre una nueva línea y se amplía el plazo de vencimiento y carencia de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial.
Esta semana, todos los ministros han insistido en que se van a tomar medidas para abaratar el precio de la luz, el gas y los carburantes, pero más allá de lo referido a los transportistas no han especificado a través de qué vía. Tampoco si las iniciativas se centrarán en los sectores profesionales o se ampliarán a toda la población.
La cruzada europea de Sánchez
De cara al Consejo Europeo celebrado este 24 y 25 de marzo, el presidente español ha hecho una ruta por Europa que le ha llevado a reunirse con los dirigentes de diez países con el fin de ganar adeptos a su propuesta para desacoplar el precio del gas de la tarifa eléctrica. Sin embargo, el hecho de que este órgano tome sus decisiones por unanimidad y de que países como Alemania sean reacios a esta medida complican las posibilidades de que salga adelante.
- Partiendo de esta base, Sánchez ha resaltado la particularidad de la Península Ibérica como “isla energética” y, como tal, piden que la medida se aplique al menos en España y Portugal.
La propuesta de Yolanda Díaz. Para la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el Gobierno, sin embargo, intervenir los precios de la electricidad no es suficiente y aboga por aplicar un impuesto extraordinario a las eléctricas. Con ellas se reunieron esta semana Pedro Sánchez y la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pero no trascendió ninguna medida concreta por parte del Ejecutivo.
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