El informe del Consejo de Estado aprecia falta de mecanismos de control en el decreto de los fondos europeos

El Consejo de Estado considera que faltan mecanismos de control en el decreto de los fondos europeos y le preocupa su eliminación en materias como la contratación administrativa, los convenios o las subvenciones. También destaca la ausencia de una exposición “motivada y suficiente” en la que se justifique la supresión de estos instrumentos de control. 

Así lo recoge en el dictamen sobre el Real Decreto-Ley de los fondos europeos que el Consejo envió en diciembre a la vicepresidencia primera de Carmen Calvo, previa petición del Ejecutivo. Aquí puedes consultar el informe completo.

La publicación del dictamen del Consejo de Estado se materializa un mes después de que lo reclamaran el Partido Popular y Ciudadanos, quienes denunciaron que el Gobierno estaba ocultando dicho informe ya que las críticas que incluía eran “absolutamente devastadoras”, según señaló Pablo Casado.

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Preocupación por la falta de control

“El proyecto merece en su conjunto una opinión favorable”, comenta el Consejo de Estado en el dictamen remitido al Gobierno en relación al proyecto de Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Fuentes del organismo han confirmado a Newtral.es que pese a ser favorable indicaba “una serie de cambios esenciales y algunas preocupaciones”. Desde Newtral.es hemos preguntado al ministerio de la Presidencia qué indicaciones han incorporado y la valoración que hacen sobre estas “preocupaciones”, pero no hemos obtenido respuesta. 

Así, este organismo, al que acuden las administraciones para conocer su criterio u opinión sobre un asunto en concreto que vaya a ser objeto de nueva legislación, transmitió al Gobierno su preocupación por “la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones”. 

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De la misma manera, a la institución que preside María Teresa Fernández de la Vega le inquieta la “insuficiencia y escueta” memoria remitida sobre el impacto normativo que supone “una flexibilización” de esos mecanismos.  

Por otro lado, en la página 9, el Consejo añade que el Ejecutivo no les adjuntó los informes de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, pese a que indicaban que sí iban junto al informe. Aunque concluye que será el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática quién lo resuelva como “estime más acertado”.

Un mes después de su aprobación

El pasado 28 de enero salió adelante con los del PNV, EH Bildu, el grupo mixto y por la abstención de Vox, la aprobación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre en el que se recogen los fondos europeos del plan de recuperación de la UE para “proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía” de los Estados miembros.  

Tal y como contamos en Newtral.es, el Gobierno no publicó este documento porque no era preceptivo, es decir, el dictamen no se incluyó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) junto a la norma porque no tenía que pasar obligatoriamente por el Consejo de Estado. Asimismo, los informes que emite este organismo consultivo no son vinculantes y las administraciones son quienes deben considerar si tienen en cuenta sus observaciones o no. 

Aunque, la ley del Consejo de Estado en su artículo 2.2 sí precisa que se indique si la norma ha pasado por este organismo, algo que el Gobierno no indicó y eso es lo que cuestionaba una parte de la oposición.