El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha adjudicado al despacho de abogados G Cueto Legal el contrato para su defensa y representación legal cuando la Administración recurre contra las resoluciones del Consejo. Así, este nuevo contrato tiene un valor de 44.661 euros (con IVA) y su duración es de un año. Esto supone que Transparencia reduce su gasto en 13.400 euros respecto a 2020.
Menos gasto para el Consejo de Transparencia
En 2020 el Consejo adjudicó su defensa privada también a G Cueto Legal con un contrato por 58.078 euros (euros con IVA) y redujo su gasto en más de 7.000 euros respecto al año anterior. Entonces, asignó este servicio a Escárate Asesores por 65.340 euros (con IVA). Sin embargo, fue en 2018 cuando tuvo menos gasto en representación legal pues pagó 32.912 euros (con IVA) a esta empresa ubicada en Madrid.
Cuándo acude el Consejo a juicio con la Administración
El Consejo de Transparencia es un organismo independiente encargado de velar por el cumplimiento de la normativa de acceso a la información pública. Los ciudadanos pueden dirigirse a él para reclamar cuando el Gobierno o un organismo público no facilita la información requerida por el Portal de Transparencia o no están conformes con la respuesta dada.
Por ello, al CTBG le toca defenderse cuando resuelve una reclamación en favor del ciudadano y dictamina que el órgano público competente debe facilitar la información solicitada y recibe una negativa de la administración en forma de recurso. A través de este muestra que no está conforme con la resolución del Consejo, que es de obligado cumplimiento, y decide acudir a la vía judicial.
Cuando un caso plantea un conflicto de intereses, ya que la Abogacía del Estado es quien presta asistencia jurídica al CTBG, este organismo recurre al servicio privado para afrontar estos procedimientos en concreto.
El Consejo de Transparencia acudió a los tribunales hasta 21 veces en 2021, en su mayoría por recursos de la Administración General del Estado. Y en 7 ocasiones por recursos de las administraciones territoriales con las que tiene firmado un convenio por el que asumen estas reclamaciones, como Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El convenio entre la Abogacía del Estado y el Consejo de Transparencia
El Consejo de Transparencia tiene un convenio firmado con la Abogacía del Estado por el que le presta asistencia jurídica por una cantidad anual de 20.000 euros, incluyendo en estos servicios tanto el asesoramiento jurídico como la representación y defensa ante jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales.
En este convenio queda específicamente recogido que los Abogados del Estado no prestarán asistencia cuando “exista contraposición entre los intereses del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y del Estado o sus Organismos Autónomos”.
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