Mascarillas para niños a partir de seis años, tomar la temperatura corporal y un estudio específico en aquellos centros donde se detecten casos positivos. Son algunas de las medidas anunciadas por la ministra de Educación, Isabel Celáa, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la celebración este jueves de una conferencia multisectorial con las comunidades autónomas sobre la vuelta a las aulas. Por otro lado, no ha habido respuesta a cómo conciliarán las familias en caso de que se decrete el cierre de un centro educativo o en caso de que un menor tenga que guardar cuarentena domiciliaria durante 14 días.
Queda en manos de las comunidades autónomas la bajada de ratios de alumnos por aula y la contratación de personal docente, dos de las principales demandas por parte del profesorado. Para ambas cuestiones, Celáa ha señalado que “es competencia de cada una de las autonomías” y que deberá “contenerlo cada protocolo”.
“Si queda en manos de cada comunidad, habrá mucha desigualdad. Está claro que hay que garantizar la presencialidad, en eso estamos de acuerdo, pero para ello consideramos indispensable que se contrate al profesorado correspondiente para que se puedan bajar las ratios”, explica a Newtral.es Raimundo de los Reyes, presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADI).
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Bajada de ratios y aumento de profesorado: sigue en manos de las CCAA
Del mismo modo, Ramón Izquierdo, portavoz del sindicato del profesorado de enseñanza pública ANPE, apunta a Newtral.es que “el Gobierno no se ha mojado en lo importante, que es cuántos alumnos debe haber en los grupos de convivencia estable”: “Se han dado unas pautas mínimas, la parte organizativa sigue estando en manos de los centros. Al menos deberían haber fijado un máximo de alumnos por aula”, añade Izquierdo.
El portavoz de ANPE también critica que no se haya incidido en la figura de la enfermera escolar. Sobre esto, Celáa ha señalado que “no hay nada cerrado aún”: “Algunos centros ya contaban con un servicio de esta naturaleza antes de la pandemia. Es una idea estupenda, pero realmente lo importante es la contratación de personal [que queda en manos de cada comunidad autónoma], entre el cual puede estar el de enfermería”.
Lo que sí contempla el paquete de medidas y recomendaciones acordadas por el Gobierno y las CCAA es la existencia de un coordinador COVID-19: “Todos los centros educativos designarán a una persona responsable para los aspectos relacionados con COVID que debe estar familiarizada con todos los documentos relacionados con centros educativos y COVID-19 vigentes. Esta persona actuará como interlocutor con los servicios sanitarios a requerimiento de la unidad de salud pública correspondiente o por propia iniciativa cuando deba consultar algún asunto y deberá conocer los mecanismos de comunicación eficaz que se hayan establecido con los responsables sanitarios de su ámbito territorial”, señala el documento de medidas difundido.
Izquierdo señala que una enfermera escolar facilitaría “la detección de casos”: “¿Quién es un docente para evaluar si un alumno tiene o no síntomas? No es su responsabilidad tener competencias sanitarias. De cara al control de la transmisión es arriesgado”.
De cara a garantizar la presencialidad, que es el objetivo anunciado por el Gobierno, Raimundo de los Reyes, de FEDADI, señala que hay un tema que no se ha abordado lo suficiente, y es la sustitución de personal docente en caso de que un profesor o profesora deba aislarse: “Nos preocupa este tema porque, normalmente, una sustitución se dilata de una semana para otra. Hemos instado a que el procedimiento se agilice al máximo para que el centro no esté falto de profesorado más de un día o dos”.
¿Por qué mascarilla a partir de los 6 y no de los 11?
Esta es una de las grandes novedades anunciadas este jueves, ya que la mayoría de comunidades autónomas, en sus respectivos protocolos sobre la vuelta al cole, planteaban el uso de este equipo de protección individual a partir de los 11 años. Sin embargo, “el uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6 años de edad”, tal y como aparece en el documento de medidas.
Quique Bassat, pediatra y epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), asegura en conversación con Newtral.es que “es una decisión muy acertada”: “Hay tres grandes medidas: la distancia física de seguridad, la creación de grupos burbuja o de convivencia estable y el uso de mascarilla. En el ámbito educativo veníamos incidiendo en crear grupos burbuja porque permite que los niños no lleven mascarilla y se relacionen entre sí, así como, en caso de que haya un positivo, facilitar el rastreo de contactos y aislar en cuarentena a menos niños, ya que para que uno de estos grupos funcione, el ratio debe ser de 10-15 alumnos máximo. Pero si los niños llevan mascarilla obligatoriamente, también los de 6, te puedes permitir no bajar las ratios ni mantener la distancia de 1,5 metros”.
«Si los niños llevan mascarilla obligatoriamente, te puedes permitir no bajar las ratios ni mantener la distancia de 1,5 metros”, señala el epidemiólogo Quique Bassat
En este sentido, Bassat apunta que “logísticamente, hacer bien el grupo burbuja es muy complicado”, ya que “se necesita más espacio por aula y mucho más profesorado”. No obstante, si la mascarilla sustituye la creación de estos grupos, se complicaría el rastreo de contactos: “En este caso, las implicaciones de un positivo serán peores porque en vez de a 15 alumnos, tendrás que aislar a 30, y también el rastreo es mayor”.
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No hay un número específico para establecer rebrote
Otra de las preguntas clave que se esperaba que resolviese la reunión de hoy es a partir de cuántos positivos por COVID-19 se consideraría que hay un rebrote en un centro educativo y cómo se debe proceder. En un principio, el documento que el Gobierno facilitó antes de la reunión con las comunidades autónomas apuntaba que se consideraría que se ha producido un brote en un centro educativo ante la aparición de dos casos positivos. Sin embargo, esto ha sido matizado tras la conferencia, optando por no establecer ningún número concreto.
Sobre esto, Salvador Illa ha empleado el término “transmisión descontrolada”: “Si hay brotes en varias aulas con un vínculo epidemiológico, hay que estudiar la situación. No hay blanco o negro. Habrá que estudiar el vínculo entre los positivos, de qué forma se ha producido y, entonces, tomar decisiones: cerrar un aula, suspender una línea educativa o un ciclo… O en el caso más excepcional, cuando se constate que hay una transmisión no controlada y generalizada, cerrar el centro. Pero cerrar temporalmente, con periodos de 14 días”.
El pediatra y epidemiólogo Quique Bassat considera que “no es conveniente hablar de un número concreto a partir del cual se considera que hay un rebrote”: “No es lo mismo un caso positivo en un grupo de alumnos de 6 años y otro positivo en el grupo de 14, porque seguramente ni siquiera han entrado en contacto, a que haya dos casos en un mismo grupo. Tampoco es lo mismo dos o tres casos en un centro con 1.000 alumnos que en uno con 200. No hay una regla que sirva para todos los centros por igual porque dos casos en una misma escuela no implica necesariamente que hay transmisión comunitaria”.
En este sentido, tanto Celáa como Illa han insistido de nuevo en la responsabilidad de las familias a la hora de no llevar a clase a un menor con síntomas. De hecho, la batería de medidas contempla la toma de temperatura obligatoria cada día, aunque la ministra de Educación ha señalado que se podrá hacer tanto en el domicilio como en el ámbito escolar: “Si se hace en el domicilio, la familia deberá aportar una declaración responsable o bien una información fehaciente”, ha añadido.
El ministro de Sanidad, por su parte, ha calificado de “inconcebible” que “un padre o una madre lleve a su hijo con síntomas al colegio”: “Estamos como estamos, no sé a quién se le puede ocurrir”, ha insistido.
Sobre esto, Pedro Gullón, médico especialista en Medicina Preventiva y doctor en Epidemiología y Salud Pública, apuntaba a Newtral.es en este reportaje que la clase social jugará un papel fundamental: “Habrá familias que, si el niño se levanta con fiebre, no se puedan permitir no llevarle al colegio, como venía pasando hasta ahora. Seguramente porque no pueden quedarse en paro ni teletrabajar. Por eso es importante que la Administración trace un plan sanitario y social para atender estas circunstancias”.
“Estuve midiendo mi aula hace muy poquito y si queríamos mantener 1,5 metros, cabían máximo 15 pupitres”, señala una profesora de Murcia
En respuesta a las declaraciones de Illa, Maestra Enfurecida, una profesora y madre que ha iniciado una campaña en Change.org para una vuelta segura, ha señalado a Newtral.es que “la madre o el padre que lleva al niño enfermo al colegio no es irresponsable, es que necesita trabajar para comer”.
Esta docente de una escuela pública de Murcia, que prefiere mantenerse en el anonimato, también critica que no se haya hecho más hincapié en la contratación de personal: “O bajamos la ratio o no podemos volver a la escuela que teníamos. Si volvemos a online, tampoco hay una gran planificación, y sabemos que sin aulas, la desigualdad aumenta”. Desde su punto de vista, “no tiene sentido recomendar mantener la distancia de seguridad, pero no bajar las ratios”: “Estuve midiendo mi aula hace muy poquito y si queríamos mantener 1,5 metros, cabían máximo 15 pupitres”.
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¿Cómo conciliar? Un asunto sin resolver aún
¿Cómo se harán cargo de un menor en cuarentena las familias? Es otra de las preguntas planteadas a Celáa e Illa, sobre lo cual la ministra de Educación ha respondido: “Efectivamente, este documento que hemos acordado no recoge el tema de conciliación, pero pueden tener la plena seguridad de que este Gobierno ha estado y estará preocupado por dar una respuesta a las familias. La conciliación es algo que depende también de Trabajo e Inclusión. Entre todos estos ministerios pensaremos respuestas acorde a las necesidades de las familias”.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, era entrevistada este jueves por la mañana en RNE y, a la pregunta de qué medidas se podrían llevar a cabo en materia de conciliación e infancia, se remitía al plan “Me Cuida”.
Miguel Arenas, abogado laboralista del Colectivo Ronda, explica a Newtral.es que “si no se reforma nada de lo aprobado con este plan, supone que te puedes reducir la jornada, hasta un 100%, siempre y cuando tengas a una persona dependiente a cargo debido a una situación provocada por el COVID-19”.
Hasta ahora, señala Arenas, la reducción de jornada estaba limitada: “Se planteaba para el cuidado de personas con discapacidad reconocida o de niños hasta 12 años. Ahora no hay límite de edad, puede ser a niños de 12 años o más, pero se amplía también al cuidado de otros familiares que no tienen por qué tener una dependencia por discapacidad, sino por el COVID-19”.
Este abogado laboralista califica de “insuficiente” esta medida como única propuesta para permitir la conciliación, y señala la cuestión de género: “¿Quiénes se suelen reducir la jornada? Las mujeres. Y, además, hablamos de reducción de jornada y, por tanto, de reducción de salario”.
Arenas señala que se podría optar por establecer “una baja médica no por enfermedad del trabajador o trabajadora, sino por enfermedad o cuarentena de sus hijos”. Y añade que tanto en esta medida como en la del plan “Me Cuida” se podría optar por priorizar que sean los hombres quienes cuiden: “Si sabemos que son las mujeres las que se reducen su jornada o las que van a tener que pedir bajas médicas, y que todo esto las puede penalizar en el mercado laboral, una buena solución, acogiéndose a la ley orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, sería la de exigir que en situación de progenitores en pareja, sea el hombre preferentemente quien solicite la baja médica o la reducción de jornada”.
Laura Baena, impulsora del club Malasmadres, que aboga por la conciliación laboral y familiar, señala a Newtral.es que “lo anunciado deja muchas lagunas”: “Necesitamos que nos garanticen que podamos seguir con nuestro trabajo y nuestros hijos con su educación, y medidas efectivas en caso de que tu hijo tenga que aislarse por rebrote en un centro. Si no, al final acabaremos tirando de los abuelos, que son población de riesgo, o dejando a los niños solos en casa”.
Sobre la posibilidad de que haya familias que, considerando que la vuelta al cole no es segura, decidan no llevar a sus hijos a los centros educativos, Celáa ha señalado que sobre el absentismo “se ha solicitado un informe jurídico”: “Hemos de atender y esperar al resultado de ese informe. El Ministerio de Educación no va a hablar todavía de medidas coercitivas”.
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