El Gobierno ha cumplido el 60% de las promesas del acuerdo de coalición analizadas en el Pactocheck

El Gobierno ha cumplido con el 60% de los compromisos recogidos en el acuerdo de coalición que firmó en noviembre de 2019 y que monitoriza el equipo de Newtral.es a través del Pactocheck. 

El próximo 23 de julio se celebrarán  elecciones generales anticipadas. Eso ha provocado que se pare la actividad legislativa, por lo que parte de las promesas que hizo el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidad Podemos ya no se ejecutarán. 

Y es que hasta que se inicie la próxima legislatura, el Congreso de los Diputados y el Senado no volverán a tener su actividad habitual. No obstante, en este periodo se queda ‘de guardia’ la Diputación Permanente, una versión reducida del pleno donde se votará la convalidación de los decretos leyes que el Gobierno apruebe en este tiempo.

[Pactocheck: Analizamos el estado de 100 promesas del pacto de Gobierno]

Hacemos un repaso de las promesas que han cumplido estos años, aquellas que se quedan pendientes y las que no podrán llevar a cabo  tras la disolución de las Cortes, es decir, las que han incumplido.

Así empezaron en el año de la pandemia

La creación del ingreso mínimo vital como mecanismo de garantía de renta para familias sin ingresos fue el primer compromiso con el que cumplió el Gobierno de coalición, que se hizo efectivo con el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.

Después llegó la derogación del despido por absentismo por bajas por enfermedad justificadas. Este fue el segundo compromiso con el que cumplió el Gobierno de coalición. El 17 de julio de 2020 entró en vigor la norma que lo suprime. 

También se aprobó un Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, que reafirma que todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla para identificar si hay brecha de género.

Otro de los compromisos que ejecutó en 2020, año en el que estalló la pandemia de la COVID-19, fue la derogación de la Ley de Educación (LOMCE). El Gobierno aprobó en diciembre de 2020 la nueva ley de educación que sigue en vigor hasta ahora.

2021 y 2022: así continuaron 

En 2021 el Gobierno de coalición comenzó cumpliendo con la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad a 16 semanas y la prohibición de segregación por razón de sexo en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Además, a los pocos meses se aprobó en España la ley de eutanasia. 

Otros compromisos del acuerdo de coalición que se consolidaron entre 2021 y 2022 fueron:

• Eliminación  del voto rogado en las elecciones autonómicas, generales y municipales: ya no es necesario que los españoles residentes en el extranjero soliciten el voto.
• Aprobación de una ley para la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
• Garantizar los tratamientos de reproducción asistida a mujeres lesbianas, sin pareja y a personas trans con capacidad de gestar. 
• Revalorización de las pensiones contributivas al 8,5% y mantenimiento de la revalorización de las mínimas y no contributivas al 15%.
• Con la reforma laboral se cumplieron varios objetivos, como el de derogar la ultraactividad limitada de los convenios colectivos y el de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.

Asimismo, con la ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre de 2022, el Gobierno cumplió con tres compromisos, como la anulación de condenas y sanciones ideológicas producidas durante el franquismo, el impulso de un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo y retirar símbolos franquistas de lugares públicos.

2023: lo último y los compromisos que deja pendientes la coalición

Durante el primer semestre de 2023, el Gobierno de coalición ha conseguido sacar adelante dos normas con las que han tenido distintas diferencias, como la ley trans y la ley de vivienda.

• Ley trans y LGTBI. El pasado 2 de marzo entró en vigor la ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI. En un inicio eran dos propuestas legislativas distintas -una ley trans y una ley LGTBI- que finalmente se fusionaron en una.

• Ley de vivienda. El Congreso de los Diputados aprobó la ley de vivienda el 27 de abril de 2023 y el texto definitivo entró en vigor  el 26 de mayo. Con esta ley complieron con tres compromisos del acuerdo de coalición, como establecer un marco legal que defina los conceptos de “vivienda vacía” y “gran tenedor de vivienda”, poner techo a las subidas de precios del alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado y garantizar que la vivienda pública sea explotada en alquileres por personas vulnerables.

• Subir el salario mínimo: El 15 de febrero se publicó en el BOE la subida del SMI hasta alcanzar los 1.080 euros mensuales cumpliendo el compromiso de situarlo en en el 60% del salario medio en España.

• Pensiones. Se comprometieron a “proteger a personas con carreras de cotización irregulares” y a reducir la brecha de género y revisar la presión de viudedad. El pasado mes de marzo, se aprobó un real decreto que, que entre otras cuestiones, introdujo un complemento para la reducción de la brecha de género que sustituye al anterior complemento de maternidad y mejoró “la situación de las personas que tienen carreras irregulares, así como las pensiones no contributivas y las mínimas”. Este entró en vigor el 1 de abril.

Por otro lado, un 5% de las medidas en el Pactocheck siguen pendientes, es decir, en estos más de tres años no han iniciado ningún procedimiento  con ellas. Por ejemplo, elaborar un plan nacional contra la corrupción con una reforma del Código Penal o aprobar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas.

Las compromisos incumplidos por el Gobierno de coalición

El Gobierno de coalición termina la legislatura con, al menos, el 17% de los compromisos pactados como incumplidos, en su mayoría porque al disolverse las Cortes, no podrán llevarse a cabo al requerir tramitación parlamentaria.

Algunas de las promesas que se quedan a medio camino por haber empezado ya su trámite como ley son la ley de familias, la ley de movilidad sostenible o una nueva ley de seguridad ciudadana que sustituya a la ‘ley mordaza’. 

Asimismo, incumplieron una medida antes de la convocatoria de elecciones generales. Prometían subir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las rentas más altas, en concreto, incrementar dos puntos en los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para las de 300.000 euros.

Aunque en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 se modificaron estos tipos, no fue como lo prometieron. Incrementaron dos puntos los tipos impositivos sobre la base general a las rentas superiores de ahorro de 200.000 euros. Además, también indicaron que el nuevo tramo para rentas superiores a 300.000 euros conllevaría un aumento de cuatro puntos, pero finalmente se aprobó que fuera de dos.