Cuáles son las CCAA que agrupan los tres poderes en una misma consejería y qué diferencias hay con el ministerio de Bolaños

El pasado lunes, el reelegido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció de forma oficial los ministros y ministras que formarán el nuevo Ejecutivo de coalición. Las críticas de la oposición y, en concreto, del PP, se han focalizado en Félix Bolaños, que asume las competencias del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. 

Contexto. Hasta ahora, Bolaños era ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Con el nuevo Ejecutivo, deja esta última responsabilidad en manos de Ángel Víctor Torres y asume Justicia. 

“Creo que no es correcto que en la misma persona descansen las tres competencias”, criticó el coordinador general del PP, Elías Bendodo (min. 1:09), que aseveró que “es un mensaje claro decir que desde Moncloa desde el Ministerio de Presidencia van a querer controlar evidentemente la Justicia”. 

A estas críticas también se unen las del vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Semper, que en una rueda de prensa del partido aseguró que la elección del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes es “un mensaje extraordinariamente preocupante” para la separación de poderes. “Un ministro que va a tener la conexión directa entre Moncloa, la justicia y las relaciones con las Cortes”, denunció (min. 42:00). 

La agrupación de estos tres poderes no solo ocurre en el Gobierno estatal, sino que otras administraciones también contienen en una misma cartera las competencias de presidencia, justicia y relación con las cortes, en este caso, autonómicas. Por ejemplo, en Galicia, la Comunidad de Madrid y Cantabria, gobernadas por el PP, así como Canarias, donde gobierna Coalición Canaria junto a los populares. 

Este es uno de los argumentos que han utilizado miembros del Ejecutivo como el mismo Bolaños, que dijo que “es un nuevo Ministerio –Presidencia, Justicia, relaciones con las Cortes– inédito en la Administración General del Estado, pero muy común en gobiernos autonómicos de nuestro país” (min. 8:18).

La transferencia de competencias judiciales a las autonomías 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió en X que, cuando las autonomías tienen los tres poderes agrupados en una consejería, es diferente: “Las comunidades solo gestionamos la administración de justicia, no su impartición. Ni jueces ni tribunales dependen de nosotros”. 

Como explica a Newtral.es Carlos Amoedo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad da Coruña, “las competencias que hoy asumen la mayoría de las comunidades son las de la gestión del personal al servicio de la Administración de Justicia que no son jueces o magistrados”.

No obstante, el escenario es más complejo. Para entenderlo, el experto distingue dos dimensiones del Poder Judicial: 

• La dimensión operativa del servicio público de la Administración de Justicia, que es toda la parte organizativa de personal, medios materiales o edificios, entre otros. Como señala Amoedo, el artículo de la Constitución 149.1.5º le atribuye al Estado la competencia sobre “Administración de Justicia”. 
• La dimensión jurisdiccional. En el artículo 152, la Constitución recoge que “un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma”. 

“En ambos planos, la Constitución también descentraliza el Poder Judicial”, añade Amoedo. Pero, a partir de esto, tanto los Estatutos de Autonomía de cada región como la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) “han ido desarrollando los dos planos de descentralización”. 

¿Atenta esto contra la separación de poderes?

Pero, para el experto, la polémica sobre la agrupación en una sola persona de las competencias de presidencia, justicia y relación con las cortes, parte de una “premisa errónea”: “Las competencias del Ministerio (y las traspasadas a las comunidades) sobre el Poder Judicial están minuciosamente reguladas en la LOPJ, y en ningún caso se refieren a la función jurisdiccional, sino a la dimensión ‘administrativa’, son dos facetas distintas”.

Amoedo considera que el hecho de que una reforma orgánica sitúe bajo un único ministerio competencias de presidencia junto con las relaciones con las Cortes y la faceta “gubernativa” del servicio público de Justicia, “no puede atentar contra la división de poderes que le corresponde a las funciones jurisdiccional, legislativa o ejecutiva del Estado”. 

La Comunidad de Madrid: Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local

Una de las regiones que agrupa las competencias de presidencia, justicia y relaciones con las cortes es la Comunidad de Madrid, donde la popular Ayuso gobierna con mayoría absoluta.

Dentro de las responsabilidades que abarca la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, dirigida por Miguel Ángel García Martín, está la del “impulso y la coordinación del programa normativo del Gobierno”, algunas competencias judiciales y también la de relaciones con la Asamblea de Madrid, como detalla la web de la comunidad. Por tanto, agrupa los tres poderes como el Ministerio de Presidencia, Justicia y relación con las Cortes que critican desde el PP. 

La página web del gobierno autonómico también recoge “el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado, en materia de provisión de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia”, aprobado desde 2003. 

Galicia: Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes

Otra de las autonomías que cuenta con las tres competencias de presidencia, justicia y relación con las Cortes en una misma consejería es Galicia. El vicepresidente primero gallego, Diego Calvo Pouso, es el responsable también de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes. 

Como recoge el Diario Oficial de Galicia, dentro de sus competencias, además de “apoyo y asistencia a la Presidencia”, están las siguientes: “la elaboración, propuesta y ejecución de la política del Gobierno gallego en materia de justicia, administración local, relaciones institucionales y parlamentarias, emergencias e interior, relaciones exteriores y con la Unión Europea y deportes”. 

Canarias: Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

El Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canarias (CC) y PP tras las elecciones autonómicas de mayo, recuperó la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dirigida ahora por Nieves Lady Barreto (CC). 

Como detalla la web del Ejecutivo canario, entre las competencias de esta consejería no solo está presidencia y justicia (excepto los servicios Jurídicos del Gobierno), sino también las relaciones con el Parlamento autonómico. 

Cantabria: Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior

En la región cántabra, el Gobierno del PP cuenta con una Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, uniendo dos poderes, algo que ya estaba con el anterior ejecutivo del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), como se puede comprobar en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Como detalla el BOC, las competencias de esta consejería aparecen recogidas en el decreto 64/2020. Según este, una de las funciones de este departamento es el “servicio de Relaciones con el Parlamento y Actuaciones Administrativas”.