A quién afecta la devolución a Cataluña de las competencias sobre sus empleados públicos

El Gobierno ha publicado un real decreto ley que propone devolver a Cataluña las competencias sobre la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de los empleados de la administración local con habilitación de carácter nacional. 

• A quién afecta. La iniciativa se refiere al personal de secretaría, intervención y tesorería. 

El cambio. La norma propone, en una disposición final primera, modificar la ley reguladora de las bases del régimen local para dar a Cataluña estas competencias. 

• Estas son unas competencias que todas las comunidades autónomas tuvieron entre 2007 y 2013. La ley del Estatuto Básico del Empleado Público, una norma derogada, dio competencias a las autonomías sobre este tipo de empleados públicos. Seis años más tarde, en 2013, la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local centralizó de nuevo estas competencias en el Estado. 

Las competencias. Cataluña pasaría a tener las competencias de creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de la administración local con habilitación de carácter nacional. También podría aprobar oferta pública de empleo para cubrir plazas vacantes, seleccionar, formar y habilitar al personal, así como asignar el primer destino del personal. 

Delegación de competencias. El texto hace referencia a “atribuir” a Cataluña la gestión de estas funciones sobre los empleados públicos. Se trata de una cesión (no un traspaso) de las competencias y, por lo tanto, podría ser revocada. 

• El régimen de los funcionarios es una de las competencias exclusivas del Estado, según la Constitución. Es decir, es una de las materias que España puede ceder a las comunidades autónomas aunque sea inicialmente de su competencia. 

Próximos pasos. El texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) aún debe pasar por el Congreso para su votación, donde el hemiciclo podrá convalidar el texto o rechazarlo. 

Contexto. Esta iniciativa es una de las normas que Junts ya había recriminado al Gobierno no haber aprobado y una de las medidas no cumplidas que propició la ruptura de la formación con el Ejecutivo. 

• La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha explicado este miércoles en una rueda de prensa que “no hay negociación y no va a haber conversaciones” aunque el Gobierno haya aprobado esta semana “algunos de los temas que teníamos pendientes en Junts per Catalunya”, ha apuntado Nogueras.