Preguntas y respuestas: qué hacer para solicitar un abogado de oficio

“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Así reza el artículo 24 de la Constitución española, en el que se habla del derecho a la justicia, la cual será gratuita “cuando así lo disponga la ley” y para quienes no dispongan de recursos suficientes, según añade el artículo 119 de la carta magna.

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De esta forma, se reconoce el derecho a la justicia gratuita y, por lo tanto, a disponer de abogados de oficio en caso de necesitarlo. Pero ¿cómo acceder a la asistencia jurídica gratuita?, ¿qué condiciones hay? Te explicamos cómo solicitar un abogado de oficio y cuáles son los requisitos para poder pedir justicia gratuita.

¿Quién puede solicitar justicia gratuita?

De acuerdo con la Constitución, la justicia gratuita está orientada hacia quienes demuestran la “insuficiencia de recursos para litigar”, lo cual busca garantizar a todas las personas el acceso a la justicia. El artículo de la ley fundamental que recoge este derecho, el 119, se desarrolla en la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, donde se establecen los umbrales máximos de renta que permiten solicitar un abogado de oficio, entre otros requisitos.

En general, los umbrales establecidos para optar a justicia gratuita dependen del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se usa para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. 
En el caso de la justicia gratuita, se valora que los recursos e ingresos brutos no superen dos veces el IPREM si se trata de personas “no integradas en ninguna unidad familiar” (de acuerdo con el IPREM para 2021, que sean inferiores a 13.557,6 euros anuales), dos veces y media el IPREM si se trata de personas en una unidad familiar inferior a cuatro miembros (en 2021, que se sitúen por debajo de los 16.947 euros anuales), o tres veces el IPREM en caso de individuos en una unidad familiar con cuatro o más miembros o que sean familia numerosa de forma reconocida (con recursos e ingresos brutos inferiores a 20.336,4 euros anuales). Este umbral también se puede calcular a través de la página del Consejo General de la Abogacía Española.

No obstante, esta ley también prevé que, al margen de la situación económica del solicitante, pueden existir circunstancias excepcionales que deban ser tenidas en cuenta. Así, como indica el Consejo General de la Abogacía Española, la asistencia gratuita se destina no solo a quienes acrediten “insuficiencia de medios económicos”, sino también a “los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social”, “las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos”, “los menores de edad” y “las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato”.

¿Cómo solicitar un abogado de oficio?

Para solicitar un abogado de oficio se debe acudir al Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados correspondiente, que informará al solicitante de los trámites a seguir y de si puede optar a justicia gratuita o no. Entonces, como explica a Newtral.es el letrado del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, Javier Sánchez Asensio, el abogado designado recibe el procedimiento y queda a cargo del caso.

Esta designación, según la ley de asistencia jurídica gratuita, se produce en un máximo de 15 días “a partir de la recepción de la solicitud” o desde que se hayan subsanado las posibles deficiencias de la petición de justicia gratuita.

Esto cambia en el caso de lo penal, donde es el abogado de oficio que está de guardia el que acude a asistir al ciudadano y el que rellena la solicitud de justicia gratuita, según cuenta Sánchez Asensio.

Si el Colegio de Abogados decide no conceder justicia gratuita, se le comunica al solicitante en un plazo de cinco días. En caso de que no haya respuesta en los plazos establecidos por la ley, esta contempla que el solicitante pueda “reiterar su solicitud ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita”, que se dirigirá de manera inmediata al Colegio de Abogados para que haga las comprobaciones oportunas y, mientras, designe un abogado y procurador al caso de forma provisional.

¿Solicitar un abogado de oficio implica la obtención de justicia gratuita?

No necesariamente. Aunque en general “va de la mano” de la solicitud de justicia gratuita, no tiene por qué implicar este tipo de asistencia jurídica. “Algunas veces simplemente es porque la persona que necesita un día valerse de abogado o procurador no conozca a ninguno. Otra cosa es que tenga luego medios para pagarle o no”, comenta Sánchez Asensio.

En ocasiones, además, el abogado de oficio puede no ser preceptivo. Es decir, hay circunstancias en las que no es necesaria la participación de un abogado y, en esos casos, la defensa gratuita durante el procedimiento judicial no sería factible. Sánchez Asensio pone como ejemplo un juicio sobre un delito leve. “Esa persona mañana puede ir sola al juicio. Si yo fuera al juicio a asistirle, a mí el Gobierno vasco no me pagaría esa asistencia al juicio”, dice, aunque reconoce que muy poca gente “se atreve” a ir a un juzgado sola.

No obstante, mientras se toma la decisión de conceder o no justicia gratuita, el abogado inicia su trabajo con el caso, según explica Ángeles López, abogada de oficio de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA). “Tú empiezas a trabajar en cuanto te nombran. Si luego no le dan la justicia gratuita a esa persona porque tiene bienes, le puedes cobrar, y en ese caso devuelves al Estado lo que te ha adelantado”, desarrolla López, que subraya la diferencia entre justicia gratuita y el turno de oficio, aunque estos términos suelen estar “entrelazados”.

¿Implica algún tipo de coste, pese a tratarse de justicia gratuita?

Si bien supone un coste para la ciudadanía al establecerse “sobre la base de un servicio público” como indica la ley, la persona solicitante de justicia gratuita no incurrirá en ningún gasto. “Tú no pagas nada, ni de abogado, ni si tienes que sacar una certificación registral, ni si tienes que pedir un perito…”, explica la abogada de ALA.

Así, la justicia gratuita abarca todos los trámites e incidencias “en el transcurso de una misma instancia”. Además, se mantiene “para la interposición y sucesivos trámites” de posibles recursos, contempla la ley de asistencia jurídica gratuita.

No obstante, existe una excepción a lo que cubre la justicia gratuita, según informa el Consejo General de la Abogacía Española, y son los derechos arancelarios, de los que habría que pagar el 20%. Únicamente se incluirían en su totalidad dentro de la petición de asistencia jurídica gratuita si el solicitante tiene unos ingresos inferiores al IPREM.

¿Se puede elegir el abogado de oficio?

Si hubiera una causa que justificara la sustitución de los profesionales designados para el procedimiento sería posible que el solicitante pidiera su reemplazo (art. 21 bis de la ley de asistencia jurídica gratuita). Aun así, no se tendría la potestad de elegir quién sustituye al abogado o procurador relevados.

Eso sí. Es posible solicitar justicia gratuita y no incluir en ella la petición de abogado ni procurador. “Puedes ir al Servicio de Orientación Jurídica y decir: ‘No quiero abogado de oficio, porque conozco a un abogado, pero sí quiero justicia gratuita’”, aclara Sánchez Asensio. Esto implicaría la solicitud de cobertura de otros gastos a excepción de los costes de dichos profesionales.

Este supuesto también está recogido en la ley de asistencia jurídica gratuita. Su artículo 28 contempla una posible renuncia a la designación de abogado y procurador de oficio. Aunque en caso de producirse, debe ser simultánea y no únicamente de uno de los dos profesionales. La decisión no implica que se deje de aplicar la justicia gratuita, por lo que no implicaría la pérdida de otras prestaciones que cubre este derecho.

En caso de ganar el juicio, ¿hay que pagar al abogado de oficio?

En el caso de los juicios en los que hay responsabilidad civil, es posible que el abogado obtenga el coste del procedimiento. Puede pasar a través de la condena en costas. Esto es, si en la resolución que pone fin al proceso hay pronunciamiento sobre costas, como apunta la ley, “el abogado de oficio puede cobrar el procedimiento del contrario y devolver la parte que ha cobrado al Colegio”, comenta la letrada Ángeles López.

En caso de que no se incluya la condena en costas en la sentencia del procedimiento, si el beneficiario de la justicia gratuita vence en el juicio, deberá pagar las costas de su defensa, “siempre que no excedan de la tercera parte de lo que en él haya obtenido”. Una vez obtenido el pago, los profesionales están obligados a devolver las cantidades percibidas de oficio.

Si cambia la situación económica del beneficiario de justicia gratuita, ¿tiene que pagar al abogado?

Si dentro de los tres años posteriores al fin del procedimiento el beneficiario de justicia gratuita viene a mejor fortuna (es decir, duplica el umbral establecido para optar a asistencia jurídica gratuita o se alteran “sustancialmente” las condiciones para haber obtenido este derecho), tendrá que pagar las costas del proceso si ha sido condenado.

Asimismo, si el recurrente llega a mejor fortuna, puede tener que pagar los gastos del juicio. “Si hoy puedes ser beneficiario de justicia gratuita (...). pero mañana te toca la lotería, pues en principio tendrías que renunciar a esa asistencia jurídica gratuita”, ejemplifica Sánchez Asensio. 

La situación de un cliente puede también empeorar y requerir de asistencia jurídica gratuita una vez iniciado el procedimiento. En ese caso, es posible solicitar justicia gratuita tras la presentación o contestación de la demanda, si bien no tendrá carácter retroactivo.