Justicia canónica: cómo funciona un tribunal eclesiástico como el que juzgará el caso de abuso sexual de Bizcaia

El Papa ha decidido reabrir el caso Gaztelueta, por el que el Tribunal Supremo condenó a dos años de prisión a un profesor de un colegio de Bizkaia por abusos sexuales a un menor. La familia de la víctima llevaba años denunciando que el caso se había “cerrado en falso” y la investigación que se había realizado venía “viciada de raíz en forma y fondo”. 

Tras valorar el caso, el Papa decidió enviar una carta a la familia, que adelantó eldiario.es, en la que reconoce la necesidad de reiniciar el proceso y nombrar al “tribunal que llevará adelante el juicio” por la vía eclesiástica. Te explicamos cómo funcionan los tribunales de este tipo, qué casos juzgan y qué alcance pueden tener las decisiones que toman.

El proceso en caso de abuso sexual se inicia con la investigación del obispo de cada diócesis

Una de las funciones encomendadas a los obispos de cada diócesis es la judicial, es decir, la potestad de “administrar justicia dentro de la comunidad eclesial”, como explica el Tribunal Eclesiástico de Barcelona. Ellos son los que se encargan de organizar una investigación inicial cuando se detecta un posible caso de abuso sexual cometido por un clérigo en una diócesis.

A partir de ahí, si hay indicios suficientes, el obispo debe tomar varias medidas. Entre ellas, “poner los hechos en conocimiento de la jurisdicción civil” u “ofrecer la colaboración de la Iglesia” si ya se han abierto diligencias. 

El obispo tiene que remitir las conclusiones de su investigación a la Santa Sede, que funcionaría como una especie de Tribunal Supremo en este caso, para que decida de qué manera se juzgarán los hechos.

En los casos “muy graves” de abusos la justicia canónica permite que el Papa expulse al clérigo acusado

Si la acusación es verosímil, el caso llega al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la institución del derecho eclesiástico encargada de promover la doctrina de la Iglesia. Este órgano alojado en la Santa Sede estudia la denuncia y decide qué se debe hacer, como establece la guía sobre procedimientos fundamentales en caso de abusos sexuales del Vaticano.

A partir de ahí, el Dicasterio tiene varias opciones. La institución puede autorizar a los obispos a iniciar un proceso penal, de forma que el sacerdote acusado del delito deba “responder” ante la justicia eclesiástica, como marca el reglamento.

En los casos “muy graves, en los que el proceso penal civil haya declarado al clérigo culpable de abuso sexual de menores, o cuando las pruebas son abrumadoras”, el Dicasterio puede llevar la denuncia directamente al Papa y pedirle que expulse al clérigo acusado. 

La normativa del Vaticano también contempla la posibilidad de que sea el propio sacerdote el que solicite, después de haber reconocido el delito, que se le dispensen sus obligaciones y volver al “estado laical”, que supondría “la pérdida de los derechos, privilegios y condición jurídica de los clérigos”, como explican en la revista de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra.

Las capacidades de un tribunal eclesiástico: la imposición de penas en la justicia canónica

Los tribunales eclesiásticos se rigen por el Derecho Canónico, que es “la expresión legislativa de la Iglesia” y se compone del Código de Derecho Canónico (la ley universal) y otras normas establecidas por la Santa Sede. Además, el Vaticano ha ido redactando en los últimos años una serie de normas complementarias, como recogen en su web. 

El Código es el que establece la tipificación de los delitos eclesiásticos en este tipo de casos (libro VI), una especie de Código Penal. Si, por ejemplo, un clérigo es declarado culpable tras un juicio, el tribunal tiene la capacidad de imponer las “penas canónicas” que considere, que pueden suponer incluso la pérdida de su cargo.

Qué se juzga en un tribunal eclesiástico: desde procesos matrimoniales a abusos sexuales a menores

Más allá de las conductas delictivas, la mayor parte de los casos que se juzgan en este tipo de tribunales están relacionados con los matrimonios. Normalmente, lo que se pide es una declaración de nulidad o la disolución de la unión, como explican desde la Iglesia Archidiocesana de Barcelona.

En estos supuestos “está más articulado que la nulidad sí tenga efectos civiles, puesto que el matrimonio canónico también los tiene”, según fuentes del departamento de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Comillas consultadas por Newtral.es..

Sin embargo, en estos juicios también se investigan denuncias relacionadas con el reconocimiento de determinados “derechos o conflictos societarios (entre miembros de asociaciones y cofradías católicas, por ejemplo), patrimoniales y contractuales (entre entidades eclesiásticas, como parroquias, obispados o congregaciones religiosas)”.

Las sentencias penales de un tribunal eclesiástico “solo tienen eficacia en el ámbito de la Iglesia”

Por lo general, la Iglesia “juzga con derecho propio y exclusivo” las causas relacionadas con “cosas espirituales”, “la violación de las leyes eclesiásticas y todo aquello que contenga razón de pecado”, según el Código de Derecho Canónico. 

Las sentencias penales de un tribunal eclesiástico “solo tienen eficacia en el ámbito de la Iglesia Católica y no pueden tener eficacia civil”, como explica Santiago Bueno, vicario judicial y presidente del Tribunal Eclesiástico de Barcelona.

Además, el Vaticano tiene obligación de “cooperar” y seguir siempre “las prescripciones de las leyes civiles” a la hora de “remitir los delitos a las legítimas autoridades”, como estableció ya en 2011 el Dicasterio en su carta vaticana sobre casos de abuso sexual de menores.

“La Iglesia tiene el compromiso de poner a disposición de la justicia estatal las averiguaciones que haga en sus actuaciones cuando puedan comportar la comisión de un delito como tal en el derecho del Estado”, como explican desde la Universidad de Comillas.