Las comisiones millonarias por material sanitario que se llevaron Luis Medina y Alberto Luceño según Anticorrupción

Este jueves, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. El Ministerio Público, tal y como destapó eldiario.es, pide investigar a ambos por supuestos los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales en la compraventa de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid al comienzo de la pandemia.

Según informa Efe, el juez que investiga la querella les ha citado para declarar el próximo 25 de abril por los presuntos delitos que denuncia la Fiscalía.

La querella señala que el Ayuntamiento de Madrid pagó 11,9 millones de dólares por el suministro de mascarillas, guantes y test rápidos, de los que 6,1 millones de dólares –el 51,2%– se lo habrían llevado los querellados en comisiones vinculadas a los contratos de este material sanitario para después gastarlo en servicios de lujo y vehículos de alta gama que el juez ha acordado embargar.

Contexto: el inicio de la pandemia

El 20 de marzo de 2020 el Ayuntamiento de Madrid suscribió un convenio con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid ante la rápida evolución de la pandemia y la necesidad de adquirir material sanitario como mascarillas, guantes, batas o geles desinfectantes.

“Se ha puesto de manifiesto una extrema carencia de materiales sanitarios y de seguridad con los que dotar al personal de los diferentes organismos y unidades del Ayuntamiento que han desplegado sus servicios para cubrir las urgencias permanentes y crecientes de nuestra ciudad”, recoge el documento. 

De este modo, ambas entidades firmaron el convenio con el fin de establecer las condiciones para la compra centralizada, a través de la Empresa Municipal de Servicios

Funerarios y Cementerios de Madrid, del suministro de material sanitario y equipos de seguridad para el personal del Ayuntamiento, sus organismos autónomos y empresas públicas.

Según recoge la querella facilitada por la Fiscalía Anticorrupción, en torno a esa misma fecha, los querellados Luis Medina y Alberto Luceño ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China “actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico”.

Tres contratos inflados 

De acuerdo con el documento de la Fiscalía, quien inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid fue Luis Medina –hermano del actual duque de Feria e hijo de Naty Abascal–, a quien se le habría facilitado el nombre de la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del área de Gobierno de Hacienda y Personal del consistorio. Anticorrupción señala, además, que Medina habría aprovechado para ello “su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid”.

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Posteriormente, la coordinadora, que también era consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, llevó a cabo las negociaciones con Alberto Luceño, que se presentó como experto en importación de productos del mercado asiático y como agente exclusivo de la empresa malaya con la que posteriormente se iba a llevar a cabo la contratación.

Estas negociaciones se tradujeron en tres contratos, cuyo importe total ascendía en un principio a 15,9 millones de euros:

• 1.000.000 de mascarillas KN95 por 6.689.300 dólares.
• 2.500.000 guantes de nitrilo, por 5.000.000 dólares.
• 250.000 test rápidos COVID-19, por 4.250.000 dólares. 

En la querella se indica que estos precios los fijó Alberto Luceño y los impuso al Ayuntamiento de Madrid. Para ello, se habría amparado en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora. Además, ocultó que una parte importante del precio ofertado correspondía a comisiones que ambos querellados iban a percibir a través del material sanitario: en torno al 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en los guantes, y casi el 71% en los test.

Mascarillas: 4 millones de dólares de comisión

De los casi 6,7 millones de dólares pagados por las mascarillas, tres millones fueron transferidos por la empresa malaya contratada a otra cuyo titular es Alberto Luceño, y un millón a la de Luis Medina. Esta diferencia se debe a que Luceño contaría con una comisión adicional de la que Medina no tenía constancia. 

“De esto se infiere que el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 dólares y que los querellados lo inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 dólares; es decir, el 148% del precio real del producto”, señala el documento. 

Guantes: renuncia a la comisión y devolución de parte del importe al Ayuntamiento

En cuanto a los guantes de nitrilo, tal y como recoge la querella, Alberto Luceño había asegurado a la persona que estaba coordinando estas operaciones desde el Ayuntamiento que se trataba de guantes “de gran calidad y que cubrían la mayor parte del brazo”, mientras que los que finalmente se recibieron eran “de ínfima calidad y solo llegaban hasta la muñeca”.

La coordinadora pidió a Luceño que lo solventase, y le demostró que en un supermercado se estaban ofreciendo al público con las mismas características por 0,08 euros el par, mientras que el Ayuntamiento había pagado dos dólares.

Nuevo precio. Ante esta situación, Luceño comentó a la persona encargada de la coordinación de estas gestiones que había conseguido que la empresa contratada rebajara el precio inicial del par de guantes fijándolo en 0,38 dólares, motivo por el cual le devolvería al Ayuntamiento 4.025.000 dólares.

No obstante, la Fiscalía apunta a otros motivos. La empresa no habría rebajado el precio del par de guantes, sino que ese era el precio fijado para la venta desde un principio, y el resto del importe hasta llegar a los dos dólares –1,62 dólares– correspondían a las comisiones pactadas a través de este material sanitario.

Renuncia a la comisión. Al igual que con las mascarillas, también se había pactado una comisión igual para ambos y otra adicional para Luceño, solo conocida por él. En total, sumarían 4.050.000 dólares en comisiones (el 426% del precio real del producto), pero renunciaron a ellas para tratar de contentar al Ayuntamiento. 

“Si a esta cantidad se suma una penalización de 25.000 dólares que la empresa impuso a Javier Luceño y que este repercutió sobre el Ayuntamiento, se explica cuál fue el verdadero motivo de la citada transferencia de 4.025.000 dólares”, sostiene la querella.

Test rápidos: Luceño evita que Medina cobre la comisión

En el caso de los test rápidos, una vez más, se había pactado una comisión idéntica para cada uno de los querellados de 915.000 dólares (2.100.000 dólares en total), y otra adicional para Luceño que Medina no conocía de 1.185.000 dólares. La suma de estas era de 3.015.000 dólares, lo que supone el 244% sobre el precio real del producto.

Debido a que habían renunciado a las comisiones correspondientes a los guantes, Luceño, con la intención de preservar íntegras las de esta última operación, decidió que Medina no las cobraría. Así se lo hizo llegar a los responsables de la empresa, que emitieron una transferencia de 300.000 dólares a su cuenta para completar la comisión de 2.100.000 dólares que, según lo pactado, deberían haberse repartido entre ambos. Los 1.800.000 dólares restantes ya se habían transferido previamente a Luceño. 

Además, según señala el documento, parte de los test covid que recibió el Ayuntamiento de Madrid eran defectuosos: “De los 250.000 test recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable (94%); 115.000 tenían un nivel de sensibilidad del 80%, y un lote de 60.000 test tenía un nivel de sensibilidad especialmente baja, del 66,7%”.

Por este motivo, la coordinadora solicitó a Luceño que el lote de sensibilidad más baja, al menos, se devolviera al vendedor y se recuperara el importe pagado. Ante esta situación, Luceño sostuvo que el vendedor no estaba dispuesto a devolver el dinero, pero sí a enviar una nueva remesa de reactivos para realizar los test al considerar que así se corregiría el defecto causante de la baja sensibilidad. Por el contrario, en la querella se indica que hasta el momento no consta que se hayan enviado nuevos reactivos.

En resumen: lo que se llevaron en comisiones por el material sanitario

En total, de acuerdo con el texto de la Fiscalía, las cantidades percibidas por los dos querellados a través de las comisiones se sitúan en 6.100.000 dólares. De esta cantidad, un millón se lo llevó Luis Medina, y los 5.100.000 dólares restantes los cobró Alberto Luceño. No obstante, esta cantidad podría haber sido mayor si hubieran recibido las comisiones correspondientes a los test a las que renunciaron debido al problema con la coordinadora de estas operaciones, llegando a situarse en 11.065.000 euros. 

Teniendo en cuenta que en el caso de la compra de los test rápidos al Ayuntamiento le fueron devueltos 4.025.000 dólares, el consistorio pagó para la compra de los tres productos sanitarios un total de 11,9 millones de dólares. Es decir, el 51,2% se lo llevaron los dos querellados en comisiones.

En la siguiente tabla puedes ver el desglose de estas cantidades:

¿En qué invirtieron el dinero de las comisiones de los contratos de material sanitario? 

Según recoge el escrito de la Fiscalía, con el dinero recibido por Alberto Luceño por parte de la empresa malaya, pagó diferentes bienes y servicios de lujo. Algunos ejemplos de ellos son tres relojes de la marca Rolex por un total de 42.450 euros, una estancia en un hotel de Marbella durante seis días por 60.000 euros y hasta seis vehículos de alta gama –entre los que se encuentra un Aston Martin, un Ferrari y un Range Rover– por 1.034.299 euros.

Por su parte, Luis Medina adquirió un yate de 325.515 euros e invirtió 200.000 euros en Bono Nota Global Dividend 10-50, y otros 200.000 en Bono Nota Phoenix MSCI World.

Almeida, en el punto de mira

Según recoge Efe, el Ayuntamiento de Madrid ha negado que un familiar del alcalde José Luis Martínez-Almeida conozca al empresario Luis Medina que se ha llevado parte de la comisión a través de los contratos de material sanitario, tal y como recoge la querella de la Fiscalía. El consistorio madrileño defiende que todas las empresas con las que realizaba contratación debían seguir el mismo cauce.

Por su parte, Almeida, ha asegurado este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que el empresario Luis Medina contactó con el Ayuntamiento a través de dos correos electrónicos los días 18 y 19 de marzo para saber si estarían interesados en material sanitario.

“Únicamente se formalizó un contrato con el voto a favor de todos los grupos municipales en el Consejo de la Funeraria para poder proveer de material lo antes posible en una situación como la que se estaba viviendo”, sostiene Almeida, quien además, ha manifestado que le parece “indignante” dónde fue a parar el dinero de los madrileños.