El pasado jueves, la portavoz socialista en el Congreso confirmaba que había registrado junto a Unidas Podemos una propuesta para crear una comisión de investigación sobre las últimas revelaciones de la ‘operación Kitchen’. Según el sumario, los populares habrían utilizado, supuestamente, las estructuras del Estado cuando estaban en el Gobierno para espiar al extesorero del partido, Luis Bárcenas; algo por lo que Adriana Lastra considera que “el PP debe dar explicaciones, rendir cuentas y asumir responsabilidades políticas”.
Si la ‘operación Kitchen’ ha sido la causa estos días, hace unas pocas semanas se presentó una iniciativa para investigar la “presunta financiación ilegal” de Podemos. Y justo antes del parón por vacaciones, se pretendieron abordar “los vínculos” del Gobierno de Felipe González con los GAL o las supuestas irregularidades cometidas por el Rey emérito en relación con el AVE a La Meca.
Como refleja el registro, están llegando a la Cámara baja más propuestas de este tipo que antes. En lo poco menos de un año que llevamos de legislatura, los partidos han presentado un total de 16 proposiciones, casi la mitad que entre el 2016 y el 2019 (34).
Investigar al Rey, por ahora no
El tema que acumula un mayor número de solicitudes (y de rechazos) es la investigación sobre el Rey Juan Carlos. Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y otros partidos de izquierda han intentando hasta siete veces que esto ocurriera, pero por ahora la Mesa del Congreso -que tiene la primera decisión- no ha dado en seis ocasiones opción a la propuesta. El resultado del proceso es, de hecho, “inadmitido a trámite en términos absolutos”.
Quienes lo defienden -PSOE, PP y VOX- se apoyan en el criterio de los letrados del Congreso, recogido por Europa Press: la inviolabilidad que la Constitución otorga al monarca tiene “efectos jurídicos permanentes” y, por tanto, “no procede” investigarle. Para intentar sortear este veto, las formaciones han ido presentando propuestas cada vez más genéricas, centrándolas en la construcción del AVE a La Meca y alejándose de la figura del Rey Juan Carlos.
La séptima y última tentativa la encabezó Joan Baldoví (Compromís), que planteó investigar a “las empresas públicas adjudicatarias de la construcción” de esta línea de alta velocidad para tratar de sobrepasar lo que considera un “muro infranqueable”. La iniciativa dio un paso más que sus predecesoras, pero la Junta de Portavoces -segundo punto del proceso- rechazó esta semana incluirla en el orden del día del próximo pleno. Así, las posibilidades de investigar al Monarca han vuelto de nuevo a la casilla de salida.
Investigar las cuentas de los partidos, depende de en qué caso
Lo mismo le ha ocurrido a la petición que hicieron los populares para indagar en “la presunta financiación ilegal de Unidas Podemos, y que apoyaban VOX y Ciudadanos. Gracias al voto del PSOE, salió adelante su tramitación en la Mesa, pero sabiendo que no pasaría a la siguiente etapa porque los propios socialistas votarían en contra.
Un espejismo que -recoge El Confidencial– sentó mal en su socio de Gobierno, pero fue defendido de forma contundente por Rafael Simancas, secretario general del grupo parlamentario: “No hemos puesto problemas en su tramitación en clave jurídica (…) Políticamente, el grupo parlamentario socialista no considera de interés que salgan adelante”. Considera la propuesta del PP como parte de una “estrategia del ventilador”.
Lo que sí se aireó fue todo lo que se dijo tres años atrás en la comisión de investigación sobre la “presunta financiación ilegal” de los populares, impulsada por el PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos. Las formaciones aludieron a la visión negativa que la ciudadanía tenía de la clase política como motivo para ponerla en marcha. Exigían transparencia (“desde la instituciones no se puede ocultar o tapar este problema”) y celeridad: “No se debe esperar que los jueces resuelvan aquello que corresponde a las instancias políticas. La depuración y asunción de responsabilidades en este ámbito, si las hubiere, debe ser emprendida de manera inmediata y enérgica para evitar el deterioro de las instituciones”.
En la votación plenaria, hasta el PP se pronunció a favor para “cumplir” con el acuerdo de investidura alcanzado con los naranjas, que recogía en el punto 98 la creación de esta comisión. Entre líneas, lo hicieron también para evitar quedarse solos frente al resto del Hemiciclo, al que acusó de haberse “conjurado” contra ellos: “Esta no va a ser una comisión de investigación, esta va a ser una comisión de demolición contra el Partido Popular”, palabras del diputado Eloy Suárez Lamata.
La contrapartida de Génova fue impulsar en la Cámara alta, donde por entonces contaban con una mayoría absoluta, una indagación sobre las cuentas de todos los partidos. Aunque se llegó a crear, los senadores del resto de formaciones declinaron participar en sus actividades.
Investigaciones que vuelven…o que caen en el olvido
La inestabilidad electoral de los últimos años ha jugado en contra de este tipo de iniciativas. Con la convocatoria de los comicios, se disolvían las Cortes y se daba por terminada la legislatura. Y con ella, también las comisiones de investigación que estaban en curso.
De esta manera, la petición para que se esclarezcan los hechos relativos al accidente del avión de Spanair se ha presentado en las últimas tres legislaturas; la relativa al accidente del Alvia de Santiago, en la XI (donde fue rechazada), XII y XIII; o la relacionada con el voto rogado, en la XI y la XII, aunque terminó por caducar con el paso del tiempo.
Otros asuntos como los ‘Papeles de Panamá’ (presentado por el PSOE), el caso de los bebés robados (PSOE y UP), los atentados de Barcelona y Cambrils (ERC y Grupo Mixto) o los “presuntos” beneficios penitenciarios de los políticos independentistas presos (PP) tampoco se llegaron a retomar nunca.
Investigaciones que sí se llevaron a cabo
Durante todos estos años, el Congreso ha aprobado la creación de 13 de las 60 propuestas para crear una comisión de investigación (a veces, la solicitud de varios partidos se ha materializado en la puesta en marcha de una única indagación). A las ya mencionadas, hay que sumar la que en 2016 empezó a indagar sobre “la utilización partidista en el Ministerio de Interior” bajo el mandato de Fernández Díaz o la que pretendió investigar sobre la crisis de 2008.
Las conclusiones que obtuvieron una y otra fueron claras: el ministro de Mariano Rajoy había hecho un uso “partidista” del departamento que dirigía y el Banco de España y los órganos supervisores “no hicieron frente a sus obligaciones” para evitar la debacle económica. Sin embargo, no son vinculantes para la Justicia, pues así lo recoge expresamente la Constitución: “Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas”.
Si las solicitudes aprobadas representan un poco más de un quinto de las proposiciones, las caducadas son un tercio y las inadmitidas a trámite algo más de una sexta parte.
Unidas Podemos, la formación que más pide investigar
La formación liderada por Pablo Iglesias ha participado en la mitad de las proposiciones de comisión de investigación presentadas desde 2016: 30 de las 60 están ratificadas con su firma. Le siguen ERC (23) y el PSOE (10). El PNV lo ha propuesto en siete ocasiones y el PP y Ciudadanos, en cinco, respectivamente. VOX, por ahora, tiene su registro particular a cero.
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