¿Para qué sirven las comisiones de investigación en el Congreso?

Con la declaración del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, la comisión de investigación del Congreso sobre la ‘operación Kitchen’ ha dado por terminados sus trabajos. 37 personas han sido llamadas a comparecer en el año que ha durado su actividad, centrada en un objetivo claro: indagar sobre “la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior y otras instituciones del Estado con la finalidad de favorecer los intereses políticos del PP”. 

Al menos sobre el papel, los comparecientes no pueden mentir y los diputados tratan de aportar luz sobre “un asunto de interés público”. En la realidad, queda a menudo en entredicho la veracidad de lo que dicen quienes son llamados a declarar. Y no son pocas las veces en que los partidos buscan más el impacto mediático que aclarar los hechos. Así, la percepción a menudo de estas sesiones es más de circo mediático que de instrumento útil de control político. 

¿Para qué sirven las comisiones de investigación? 

Para el profesor de Derecho y Ciencias Políticas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Ernesto Pascual, las comisiones de investigación “tienen todo el sentido”: “Están pensadas en la Constitución para buscar responsabilidad política. Son procesos para subsanar defectos de la legislación o vigilar las acciones de quienes han estado en el Gobierno”. Pero añade un matiz importante: “Otra cosa es para lo que se usan. Ahora, básicamente, son un espectáculo público”. 

Esta frase adquiere su significado al ver algunas de las sesiones, donde el mismo Mariano Rajoy eludió responder si había ejercido como presidente del Gobierno o Gabriel Rufián llamó “palmera” a una diputada popular, por poner un ejemplo. 

La politóloga y consultora de Comunicación de GAD 3, Marta Marcos, coincide en este punto: “Pueden llegar a servir como instrumento de control político y, sin duda, sirven como instrumento de impacto mediático. Pero no tienen recorrido más allá”, puesto que sus conclusiones no son vinculantes en ningún ámbito: ni en el judicial, ni en el de la gestión pública. Nada obliga a que se tomen decisiones a partir de lo que se compruebe. 

Conclusiones no vinculantes, pero… ¿útiles? 

Al ser las comisiones de investigación una herramienta de control político, la Constitución recoge específicamente que “sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a resoluciones judiciales”. Lo único que se puede hacer es dar traslado de la información a la Fiscalía si se sospecha que se ha cometido alguna ilegalidad y confiar en que esta actúe en consecuencia. 

Los dos expertos consultados están de acuerdo en que se mantenga este procedimiento porque, si no, “sería modificar por completo la causa” por la que se crean este tipo de comisiones, apunta la consultora de Comunicación de GAD3. Ernesto Pascual propone, a su vez, la posibilidad de destinar parte del presupuesto del órgano a la realización de informes técnicos para ligar las resoluciones al criterio de los profesionales. En la actualidad, se llama a comparecer a expertos, pero la aprobación depende única y exclusivamente de los políticos. 

El consenso que (a veces) no llega

Ha habido veces que una comisión se ha terminado sin conclusiones, en parte, por la falta de consenso entre los partidos. Ocurrió con la que investigaba la financiación ilegal del PP. En otras, como la que se centraba en las causas de la crisis económica, se llegó a aprobar un informe, pero que no era coral: cada partido proponía su receta para evitar una nueva debacle financiera.

Esta disparidad hizo casi imposible su aplicación a la vida real, como explica uno de los expertos que participó en ella: “Tiene poco interés realizar un informe que en sus conclusiones separe recomendaciones por bloques según el partido político que las proponga, porque en ocasiones hay discrepancias”, asegura Joaquín Maudos, catedrático de la Universidad de Valencia y director adjunto del Instituto Valenciano de Investigación Económicas (IVIE). 

En su opinión, estas diferencias “restan utilidad al informe” y ponen en duda si “compensa” montar una comisión de investigación sobre un tema como este: “Es más eficiente encargar informes a una comisión externa de expertos, tal y como se hace en otras cuestiones como la reforma fiscal, la de la financiación autonómica o la de las pensiones. De esas comisiones de expertos emanan recomendaciones únicas”. 

¿Qué falla en las comisiones de investigación? 

Más allá de las conclusiones, los expertos consultados también ven fallos en todo el proceso que las precede. Los temas que se deciden abordar, el funcionamiento de las sesiones o la actitud de los comparecientes son solo algunos de los puntos que señalan. 

Al servicio de una mayoría

En el Congreso de los Diputados hacen falta el apoyo de dos grupos parlamentarios o de 70 diputados para proponer que se cree una comisión de investigación y, luego, más síes que noes para aprobar su creación. 

Estos requisitos, en opinión del profesor de la UOC, dan pie a que las comisiones de investigación se utilicen de forma “torticera”, pues cree que han pasado a ser “un órgano al servicio de la mayoría cuando lo que debería pasar es que la minoría controlara al Gobierno”.

• Ejemplo práctico. Entre 2016 y 2019 se dio una situación atípica en las Cortes porque, aunque el PP en el Congreso no tenía mayoría, contaba con un margen de apoyos absoluto en el Senado. Así, tras impulsar PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos en la Cámara baja una comisión de investigación sobre la financiación de los populares, estos decidieron hacer lo consiguiente sobre el resto de las formaciones en la Cámara alta. Renunciaron a participar en esta indagación todos los partidos menos el PP. 
• Ejemplo práctico 2. Tras la pandemia, se creó una comisión de investigación sobre el plan de vacunación contra la COVID-19, pero no acudirán Salvador Illa, ni Carolina Darias ni Fernando Simón. A la hora de votar los comparecientes se impuso la lista de los partidos del Gobierno con el apoyo de algunos de sus socios de investidura, según recoge Europa Press. 

Una herramienta de doble filo

En las últimas legislaturas se han multiplicado el número de peticiones para crear comisiones de investigación en el Congreso. Según Marta Marcos, la “llamada Nueva Política ha tratado de instaurar, en mayor medida, como algo necesario, la rendición de cuentas en política”, aunque evita el buenismo. No niega la doble intencionalidad que hay tras estas actuaciones: “Mediáticamente puede ser muy jugoso obtener una venganza de forma pública; (…) debilitar a otros pidiendo responsabilidades en un ámbito político, pero a sabiendas de que jurídicamente no tiene implicación alguna”. 

La consultora de Comunicación de GAD 3 también reparte parte de la culpa de todo ello a los comparecientes, a quienes no aísla de los intereses partidistas: “Se ha instaurado casi una norma de sabotaje y de renuncia al interrogatorio por parte de los interrogados, fundamentalmente porque existen intereses partidistas que dificultan el buen funcionamiento”.

La preparación de los diputados

Vacunación, contabilidad, sistemas de transporte…. los temas que tratan las comisiones de investigación del Congreso son, en muchas ocasiones, técnicos y requerirían de una intensa preparación. Formación que en algunos casos se echa en falta, como expone Ernesto Pascual: “No es lo mismo tener expertos en clickbait o tuits que expertos en Derecho o en áreas específicas. Buscan el enfrentamiento para lograr visibilidad, pero no para sacar en claro nada de la acción del Gobierno o intentar mejorar el sistema institucional”.

La obligación de decir la verdad

Según el Código Penal, el compareciente que mienta en una comisión de investigación en el Congreso podría ser condenado a una pena de hasta un año de prisión o a una multa de 12 a 24 meses. En la práctica, que se llegue a este castigo es casi imposible, motivo por el que el profesor de la UOC propone que se cree “un cuerpo de investigación” dedicado a demostrar “si lo que se dice es verdad”. Aunque la decisión final debería recaer en cualquier caso en un juez. 

En estos momentos, la decisión radica en los partidos, que tendrían que presentar una denuncia contra el compareciente en cuestión. Unidas Podemos dio el paso contra el expresidente José María Aznar, pero la Audiencia de Madrid archivó la denuncia.