Este miércoles la Mesa del Congreso ha vuelto a rechazar que se cree una comisión de investigación sobre Juan Carlos I. En concreto, sobre el supuesto uso que hizo de “tarjetas de crédito opacas con cargo a fondos procedentes del extrajero” después de su abdicación. PSOE, PP y VOX han unido de nuevo sus votos con este fin a pesar del criterio favorable de los letrados de la Cámara quienes, a diferencia de las anteriores ocasiones, esta vez no habían mostrado reticencias a la tramitación de la iniciativa.
Si el rey emérito ha sido la causa esta semana, en los últimos meses se han presentado iniciativas para investigar la gestión del coronavirus por parte del Gobierno, las operaciones ‘Volhov’ y ‘Kitchen’ o la presunta financiación ilegal de Unidas Podemos, entre otros.
Como refleja el registro, están llegando a la Cámara baja más propuestas de este tipo que antes. En el año que llevamos de legislatura, los partidos han presentado un total de 24 proposiciones, más de la mitad que entre el 2016 y el 2019 (34).
Comisión de investigación del Congreso sobre el rey emérito: por ahora no
El tema que acumula un mayor número de solicitudes (y de rechazos) es la investigación sobre el rey Juan Carlos. Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y otros partidos de izquierda han intentando hasta nueve veces que esto ocurriera, pero por ahora la Mesa del Congreso -que tiene la primera decisión- no ha dado opción a la propuesta. El resultado del proceso es, de hecho, “inadmitido a trámite”.
Quienes lo defienden -PSOE, PP y VOX- se apoyaban hasta ahora en el criterio de los letrados del Congreso, que aludían a la inviolabilidad que la Constitución otorga al monarca para rechazar las propuestas. Sin embargo, y aunque esta vez los servicios jurídicos han avalado que se tramitara la última iniciativa presentada al respecto, los tres principales partidos de la Cámara han mantenido su no.
La única excepción al respecto la protagonizó en el mes de julio el diputado Joan Baldoví (Compromís), que planteó investigar a “las empresas públicas adjudicatarias de la construcción del ‘AVE al desierto’” para tratar de sobrepasar lo que consideraba el “muro infranqueable” de la inviolabilidad del rey.
La iniciativa dio un paso más que sus predecesoras, pero la Junta de Portavoces -segundo punto del proceso- rechazó incluirla en el orden del día del pleno, mandando las posibilidades de investigar al monarca de nuevo a la casilla de salida.
Investigar las cuentas de los partidos, depende de en qué caso
Lo mismo le ocurrió a la petición que hicieron los populares para indagar en “la presunta financiación ilegal de Unidas Podemos, y que apoyaban VOX y Ciudadanos. Gracias al voto del PSOE, salió adelante su tramitación en la Mesa, pero sabiendo que no pasaría a la siguiente etapa porque los propios socialistas votarían en contra.
El espejismo fue defendido por Rafael Simancas, secretario general del grupo parlamentario, quien se escudo en las cuestiones de tramitación para justificarlo: “No hemos puesto problemas en su tramitación en clave jurídica (…) Políticamente, el grupo parlamentario socialista no considera de interés que salgan adelante”. Consideraba la propuesta del PP como parte de una “estrategia del ventilador”.
Lo que sí se aireó fue todo lo que se dijo tres años atrás en la comisión de investigación sobre la “presunta financiación ilegal” de los populares que impulsaron el PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos. Las formaciones aludieron a la visión negativa que la ciudadanía tenía de la clase política como motivo para ponerla en marcha. Exigían transparencia y celeridad: “No se debe esperar que los jueces resuelvan aquello que corresponde a las instancias políticas. La depuración y asunción de responsabilidades en este ámbito, si las hubiere, debe ser emprendida de manera inmediata y enérgica para evitar el deterioro de las instituciones”.
En la votación plenaria, hasta el PP votó a favor para “cumplir” con el acuerdo de investidura alcanzado con los naranjas, que recogía en el punto 98 la creación de esta comisión. Entre líneas, lo hicieron también para evitar quedarse solos frente al resto del Hemiciclo, al que acusaron de haberse “conjurado” contra ellos: “Esta no va a ser una comisión de investigación, esta va a ser una comisión de demolición contra el Partido Popular”, en palabras del diputado Eloy Suárez Lamata.
La contrapartida de Génova fue impulsar en la Cámara alta, donde por entonces contaban con una mayoría absoluta, una indagación sobre las cuentas de todos los partidos. Aunque se llegó a crear, los senadores del resto de formaciones declinaron participar en sus actividades.
Investigaciones que vuelven…o que caen en el olvido
La inestabilidad electoral de los últimos años ha jugado en contra de este tipo de iniciativas porque, con la convocatoria de los comicios, se disolvían las Cortes, se daba por terminada la legislatura y se ponía fin, también, a las comisiones de investigación que estaban en curso.
De esta manera, la petición para que se esclarezcan los hechos relativos al accidente del avión de Spanair se ha presentado en las últimas tres legislaturas; la relativa al accidente del Alvia de Santiago, en la XI (donde fue rechazada), XII y XIII; o la relacionada con el voto rogado, en la XI y la XII, aunque terminó por caducar con el paso del tiempo.
Otros asuntos como los ‘Papeles de Panamá’ (presentado por el PSOE), el caso de los bebés robados (PSOE y UP), los atentados de Barcelona y Cambrils (ERC y Grupo Mixto) o los “presuntos” beneficios penitenciarios de los políticos independentistas presos (PP) tampoco se llegaron a retomar nunca.
Investigaciones que sí se llevaron a cabo
Durante todos estos años, el Congreso ha aprobado la creación de 14 de las 68 comisiones de investigación propuestas. O lo que es lo mismo: el 20,5% . A las ya mencionadas, hay que sumar la que en 2016 empezó a indagar sobre “la utilización partidista en el Ministerio de Interior” bajo el mandato de Fernández Díaz o la que pretendió investigar sobre la crisis de 2008.
Las conclusiones que obtuvieron una y otra fueron claras: el ministro de Mariano Rajoy había hecho un uso “partidista” del departamento que dirigía y el Banco de España y los órganos supervisores “no hicieron frente a sus obligaciones” para evitar la debacle económica. Sin embargo, no son vinculantes para la Justicia, pues así lo recoge expresamente la Constitución: “Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas”.
Con todo, si las solicitudes aprobadas representan un poco más de un quinto de las proposiciones, las caducadas son un tercio y las inadmitidas a trámite algo más de una quinta parte.
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