Un nuevo intento. Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, BNG, Compromís, JxCat, la CUP, Más País y PDeCAT han registrado esta semana una petición en el Congreso de los Diputados para crear una comisión de investigación en torno a los “escándalos relacionados” con Juan Carlos I. También la “implicación de algunos estamentos del Estado” con el objetivo de controlar la información sobre los mismos.
En esta ocasión, los solicitantes piden que la Cámara Baja empiece a arrojar luz sobre las “presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real”, así como “sus cómplices” en relación con Arabia Saudí. La comisión tiene como referencia principal los contenidos que se relatan en un reciente documental de una plataforma digital, de acuerdo con las formaciones políticas.
Cobro de comisiones. Según aseguran las formaciones promotoras de la comisión, el rey emérito se habría acogido a una prerrogativa pactada con el dictador Francisco Franco para “cobrar comisiones” en las compras de barriles de crudo a países con monarquías árabes, como Arabia Saudí.
El 23-F. Antiguos agentes del CESID, que actualmente es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), comentan a su vez en este documental que el entonces rey Juan Carlos I fue el “motor” del golpe de Estado del 23-F. “Todos los poderes del Estado se confabularon porque entendían que, si se caía la monarquía, se caía todo lo demás”, argumentan en este producto audiovisual.
Así se estructuraría la posible futura comisión de investigación sobre los “escándalos” en torno a Juan Carlos I
Los objetivos de la investigación parlamentaria
Las formaciones proponentes de esta comisión de investigación en el Congreso piden, en concreto, conocer los “flujos monetarios referidos en los registros de uso de las llamadas ‘tarjetas black’”. Aparte de las “influencias políticas, diplomáticas y comerciales” de miembros de la Familia Real con Arabia Saudí. Asimismo, el texto incluye el conocimiento que puedan tener los actuales miembros de la Casa Real y, sobre todo, el rey Felipe VI de estos hechos.
Otros propósitos de esta comisión de investigación parlamentaria sobre Juan Carlos I son:
El control de los medios. Unidas Podemos y los demás partidos señalan la necesidad de que la Cámara Baja indague la “implicación de algunos estamentos del Estado” con la finalidad de controlar la información de los “escándalos” relacionados con el rey emérito.
El papel del CNI. Se quiere conocer qué tipo de relación tiene el CNI, y la de sus predecesores -CESID y CESED-, con las “presuntas amenazas y chantajes a examantes del monarca”, como Corinna Larsen, y a su entorno. También se investigarán, si finalmente se constituye este órgano, “los recursos y las herramientas públicas” utilizados para estos fines.
Las posibles cuentas irregulares. La comisión de investigación intentará poner sobre la mesa si existen estructuras opacas, con la participación de Juan Carlos I, para adjudicar contratos comerciales. Además de las “posibles cuentas irregulares” de los miembros de la Familia Real en paraísos fiscales, como la del Banco Mirabaud en Bahamas, los mecanismos utilizados para ello y el origen de los fondos de estas.
Blanqueo de capitales y actividades de comisionista. Las formaciones dan un paso más allá y piden examinar el presunto blanqueo de capitales del rey emérito, así como las posibles actividades de comisionista realizadas por el ex jefe del Estado.
La Fundación Zagatka. También se incorpora a la posible comisión las relaciones entre Juan Carlos I y diferentes miembros de la Familia Real con la Fundación Zagatka, cuyo propietario es Álvaro de Orleans.
La composición de la comisión
La comisión de investigación sobre la figura de Juan Carlos I estaría integrada por dos representantes como máximo de cada grupo parlamentario del Congreso de los Diputados. Por su parte, las formaciones de este órgano podrían solicitar la documentación necesaria con el objetivo de llevar a cabo los trabajos de la comisión desde el momento de su constitución.
La duración y las conclusiones
Esta investigación parlamentaria duraría seis meses, aunque se podría prorrogar si así lo acepta la Cámara Baja. Una vez que finalice este plazo, la comisión elevaría al pleno de esta el dictamen de las conclusiones para su aprobación. La Mesa del Congreso enviaría las resoluciones al Ministerio Fiscal para “el ejercicio de las acciones que sean procedentes”.
Las comisiones anteriores en torno al rey emérito que fueron rechazadas
El reciente documental ha provocado una nueva solicitud para crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre Juan Carlos I, sus actividades y su entorno -una de las muchas requeridas en la presente legislatura, de acuerdo con el buscador de iniciativas de esta Cámara-. Hasta el momento, PSOE, PP y Vox han tumbado en la Mesa del Congreso todas las peticiones de este tipo de comisiones que han presentado Unidas Podemos -socio del Gobierno de coalición- o las formaciones soberanistas, como ERC o EH Bildu.
Por qué rechazan estas solicitudes. Los servicios jurídicos de la Cámara Baja, que emiten informes no vinculantes, se han escudado habitualmente en la inviolabilidad de la figura del monarca para impedir una posible investigación de su persona en sede parlamentaria.
Qué temas se han propuesto. Las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí, la “venta de armas de manera ilegal” por parte de Juan Carlos I o el uso de tarjetas de crédito opacas por parte del rey emérito fueron los temas más significativos a investigar en el Congreso.
- Creación de una comisión de investigación relativa a la trama vinculada a las presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real, las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí y la implicación de algunos estamentos del Estado para el control de la información de los escándalos relacionados con el rey emérito (Congreso de los Diputados)
- Comisiones, subcomisiones y ponencias – Solicitud de creación de comisión de investigación (Congreso de los Diputados)
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